Los presidentes del CGAE y del Consejo de los Procuradores unen fuerzas para participar en la nueva reforma de la Justicia

Este viernes, 3 de enero, el mismo día que aparecía en el BOE publicada la Ley de Eficiencia Organizativa —una norma que a lo largo de sus 270 páginas supone un cambio radical en la Administración de la Justicia con la aparición de los tribunales de instancia en lugar de los juzgados unipersonales, con cambios de calado importante—, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y Consejo General de Procuradores han mantenido una reunión al más alto nivel para ver la forma de colaborar en este nuevo contexto normativo.

En principio, la trasposición de la norma será en tres meses, cuestión que han criticado distintos operadores jurídicos por pensar que es un plazo escaso para tantos cambios organizativos y de gestión. Así lo comentaban los operadores jurídicos a Economist & Jurist en los Premios Pelayo, que también ven necesario que se haga una inversión económica para poner en marcha la norma, así como reforzar el numero de jueces, fiscales y funcionarios.

La nueva Ley introduce dos líneas fundamentales de actuación: una reforma organizativa, y otra procesal, ambas basadas en el desarrollo tecnológico que está implementando el Ministerio, como el expediente judicial electrónico.

Respecto a la reforma organizativa de la Administración de Justicia, la norma crea los tribunales de instancia, un órgano colegiado que integra todos los juzgados unipersonales y los jueces de Primera Instancia en una única organización en cada partido judicial, unificando la respuesta en Primera Instancia.

Cada tribunal estará integrado por una Sección Civil y otra de Instrucción. Además, se podrán integrar otras secciones especializadas que, hasta ahora, constituían juzgados individuales.

De esta forma, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 tribunales, lo que según el Ejecutivo favorecerá la especialización, la unificación de criterios y permitirá “distribuir adecuadamente” las cargas de trabajo y compartir recursos.

Según ha podido saber Economist & Jurist, los presidentes de los dos Consejos Generales —el de la abogacía y el de la procura— coinciden en la importancia de este 2025, año en que se implantará la Ley de Eficiencia, publicada hoy en el BOE.

Junto con el cambio de modelo en la Justicia se habla de reformas procesales que vienen de incorporar la mediación y los MASC —métodos alternativos de resolución de conflicto— como paso previo a la interposición de la demanda Civil y Mercantil. Una iniciativa que ha generado sus partidarios y detractores.

En este tema en concreto de la mediación hay que recordar el esfuerzo que ambos colectivos profesionales han hecho por desarrollar la mediación en los últimos 20 años. A este respecto, los principales colegios de abogados como de procuradores del país cuentan con su centro de mediación y profesionales preparados para que cuando la norma entre en vigor puedan hacer su trabajo.

Un experto como Agustín Azparren, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exmagistrado, que durante muchos años ha llevado el área de mediación de un despacho como Ontier, señalaba en una entrevista realizada en Economist & Jurist que el uso de la mediación podría sacar del entorno judicial más de 500.000 asuntos.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, cree que esta reforma será clave para la modernización de la Justicia. (Imagen: Congreso de los diputados)

Una alianza importante

Los máximos responsables colegiales renuevan la alianza estratégica de ambas profesiones para mejorar el funcionamiento de los tribunales. Hay que recordar que abogados y procuradores pisan los tribunales a diario, su relación es directa con los clientes cuando hay un pleito de por medio, y va a ser importante conocer cuál es su punto de vista para implementar estos tribunales de instancia.

De hecho, recientemente, Joan Martínez, decano del Colegio de Abogados de Granollers y actual presidente del CICAC —órgano que gestiona la actividad de los 14 colegios de abogados catalanes—, comentaba que hasta ahora no se había oído la voz de la abogacía y que era necesario contar con este colectivo profesional por su relación directa con la Administración de Justicia.

En esta reunión en la que han estado presentes el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, y el presidente de la Procura, Ricardo Garrido, en un encuentro celebrado en el Colegio de la Abogacía de Lugo, también han estado el vicepresidente del Consejo de Procuradores, Fernando González-Concheiro; el decano adjunto a la Presidencia del propio Consejo, José A. Fandiño; y el decano de la Abogacía de Lugo, Félix Mondelo.

“La nueva regulación del funcionamiento de los tribunales de instancia se desplegará a lo largo del año que acaba de comenzar, requerirá un esfuerzo de las administraciones, jueces y funcionarios; pero también será indispensable la colaboración de los profesionales que cada día desarrollamos nuestro trabajo en las sedes judiciales”, ha manifestado Salvador González.

Junto con la Ley de Eficiencia, el 2025 debe ser también el año en que se tramite la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Los dos máximos responsables de las corporaciones profesionales también han apuntado la importancia de que ésta sea elaborada en constante diálogo con quienes prestan el servicio del turno de oficio, pues son ellos quienes mejor saben cuáles son los problemas actuales de la ley en vigor y cuáles son las necesidades más apremiantes de los beneficiarios de esta ley concebida para garantizar el principio constitucional de la tutela judicial efectiva.

Sobre este extremo hay que indicar que la citada Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es de 1996 y se ha quedado obsoleta. El propio Salvador González es consciente de la necesidad de una reforma integral de la norma. El CGAE creó una comisión específica para ello y en los últimos días González ha empezado a reunirse con asociaciones del turno de oficio, como es el caso de ALTODO, para conocer su visión sobre ese marco normativo.

En el caso de los procuradores, el texto recoge importantes avances para la procura al ampliar sus competencias en la gestión de los procedimientos de ejecución.

En concreto, el apartado 2 del artículo 543 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se modifica con la siguiente redacción: “Dentro de las limitaciones que las leyes dispongan, los procuradores podrán realizar los actos de comunicación a las partes del proceso, así como los actos de cooperación, auxilio y colaboración con la Administración de Justicia. Por delegación del juez, jueza o tribunal, podrán también realizar las actuaciones materiales propias del proceso de ejecución en los términos establecidos legalmente que, en todo caso, excluirán las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, así como las derivadas de procesos en materia de familia, las de desahucio por impago de rentas o cantidades debidas en viviendas habituales y los lanzamientos de ocupantes de finca con posterioridad a la subasta de la misma si esta es vivienda habitual”.

El pleno de diciembre del Congreso aprobó la reforma de la justicia por un exiguo margen. Ahora, en tres meses entrará en vigor. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Un cambio de modelo importante

Es evidente que en un cambio de modelo tan importante, la colaboración de los operadores jurídicos va a ser clave en los próximos meses. Hace unos días el presidente del CGAE, acompañado de algunos de sus colaboradores, mantenía una reunión en el CGPJ con alguno vocales para ver las vías de colaboración entre ambos colectivos profesionales.

En esa reunión de trabajo volvió a hablarse de esta nueva reforma de la Justicia, clave para frenar su litigiosidad. También se habló del amparo colegial, una medida que aparece en la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa y que ayudará a que el abogado esté más protegido en su actividad profesional ante posibles problemas con jueces o clientes.

Los dos presidentes, elegidos en 2024, también han abordado el largo historial de colaboración entre ambas instituciones y renovado la determinación de continuar trabajando juntos en beneficio de ambos colectivos y, muy especialmente, en el servicio que se presta a la ciudadanía.

“La justicia española no se puede entender ni sin la abogacía, ni sin la procura. Somos colaboradores imprescindibles para el sistema y vamos a seguir poniendo todo lo que está en nuestra mano para que el servicio público consiga la transformación que tanto tiempo llevamos reclamando”, ha concluido el presidente de la Abogacía, Salvador González.

Dentro del Proyecto se recoge también la creación de Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, de la que formará parte el Consejo General de Procuradores, junto con el resto de profesiones e instituciones del sector. Se encargará de elaborar con carácter anual un informe sobre la calidad del servicio público, basado en datos, para valorar la eficiencia, accesibilidad universal del sistema de Justicia y la satisfacción de los usuarios, a fin de proponer mejoras normativas o de funcionamiento a las administraciones competentes.