Los Principios de Ética Judicial fortalecen la confianza de la ciudadanía en la justicia
Los Principios de Ética Judicial fortalecen la confianza de la ciudadanía en la justicia
Así lo defendieron Los vocales Grande-Marlaska y Roser Bach durante su participación en el primer curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que analiza los retos de la justicia en un mundo globalizado.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial Fernando Grande-Marlaska afirmó en la Escuela de Verano del Poder Judicial que “la pretensión de los Principios de Ética Judicial no es otra que la de recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la justicia”.
Grande-Marlaska, miembro del grupo de Ética Judicial del CGPJ, destacó que nada tiene que ver la ética judicial con el régimen disciplinario. “La ética judicial es concebible en términos de estricta voluntariedad y ausencia de responsabilidad legal. Como se dice en el preámbulo de los Principios de Ética Judicial que el pleno del Consejo asumió en diciembre de 2016, la ética judicial opera como estímulo positivo en cuanto está dirigida a la excelencia, mientras que la disciplina funciona con base en el estímulo negativo, cual es la sanción. Por ello, la efectividad de los principios de ética judicial provendrá del grado en que cada juez y jueza los asuma como propios y los traduzca en modelos de conducta”.
Para la vocal Roser Bach, que también participó en la mesa redonda sobre La ética judicial en un mundo global, “la fundamentación de los códigos éticos profesionales es clara, pretenden la promoción de un modelo de excelencia profesional, con pautas o garantías para sus miembros, al tiempo que ofrecen un estándar de calidad que da confianza a la sociedad”.
Bach, también miembro del grupo de Ética Judicial del CGPJ, reflexionó sobre cómo esta finalidad de ofrecer confianza a los ciudadanos adquiere en el ámbito judicial una dimensión especial y significativa: “la actividad jurisdiccional, la labor de jueces y magistrados, es la última garantía para el reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos”.