Los procuradores de Madrid y Barcelona proponen un plan para agilizar la justicia

El Colegio de Procuradores de Barcelona y el Colegio de Procuradores de Madrid han presentado este jueves en Barcelona el Plan Estratégico de la Procura. Hoja de Ruta 2022-2025, elaborado conjuntamente entre ambos Colegios. El Plan recoge una serie de medidas que contribuirán a descongestionar la Administración de Justicia y por tanto a mejorar la calidad del servicio al ciudadano y a las empresas.

Según explican desde estos colegios en el plan se ha realizado un completo ejercicio de reflexión donde se ha definido el papel que debería jugar la figura del procurador en el futuro próximo, “entendiendo que, de manera general, el objetivo que se persigue es que el procurador intensifique su rol como colaborador/cooperador activo con los tribunales de manera que la asimilación de nuevas funciones servirá para dinamizar el sector y atraer talento al sector de la procura”.

Según el decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Ángel Quemada Cuatrecasas, “los Colegios de Procuradores de Barcelona y Madrid hemos realizado un profundo análisis de reflexión de la función del procurador en la actualidad y hemos concluido que es fundamental que el procurador intensifique su rol como colaborador activo con los Tribunales para contribuir a la agilización y eficiencia de la Justicia”. Por su parte, el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García Barrenechea ha subrayado que “el contexto actual de novedad legislativa propicia la introducción de nuevas funciones del procurador en la Administración de Justicia; se debe considerar como una oportunidad la opción de ampliar y reorientar el catálogo de servicios y funciones complementarias del procurador que contribuirán a descongestionar la justicia y por tanto a mejorar la calidad del servicio al ciudadano y a las empresas”.

Situación actual de los procesos judiciales en España

Según los datos que ha sido aportado en el encuentro que han mantenido representantes de ambos colegios en Barcelona, en 2021 se produjo un incremento notable en la duración de los procesos judiciales en España, llegando a alcanzar una media de 8,8 meses, probablemente impactado por la pandemia COVID-19. En el año 2021 únicamente se finalizaron un 36% de las ejecuciones, lo que confirma la tendencia que cuanto más incrementa el número de procedimientos pendientes de ejecución, disminuye el porcentaje de procedimientos finalizados.

Uno de los debates celebrados dentro del encuentro que se ha celebrado en Barcelona. (Foto: CPB)

El rol del procurador en el futuro

Entienden desde estos colegios que “el contexto actual de novedad legislativa, especialmente el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, hace posible la introducción de nuevas funciones del procurador en la Administración de Justicia”. A su juicio, “este proceso de transición se debe considerar como una oportunidad la opción de ampliar y reorientar el catálogo de servicios y funciones complementarias del procurador que contribuirán a descongestionar la justicia y por tanto a mejorar la calidad del servicio al ciudadano y a las empresas”.

Tras analizar la situación actual de la procura y sus retos de futuro a través de la consulta de un elevado número de agentes clave y grupos de interés del ámbito de la justicia, el informe aporta una serie de propuestas para que el procurador contribuya en la agilización de la Justicia:

• Incorporar nuevas funciones a las actuales, aprovechando la tendencia hacia la consecución de la eficiencia, por ejemplo, la colaboración con el tribunal en la realización de las actuaciones materiales de ejecución, o mayor intervención en el proceso monitorio.
• Auxiliar en mayor medida al tribunal en el ejercicio de sus funciones, de manera que se consiga una agilización real en el funcionamiento de la administración de justicia; auxilio sin asunción de potestas y bajo su dirección, supervisión y control.
• Fomentar e incrementar la relación recurrente con el cliente final.
• Fomentar una mayor intervención en las universidades para generar una ampliación del conocimiento de la profesión.
• Poder acceder al Punto Neutro Judicial.
• Contribuir a la eficiencia del procedimiento judicial ofreciendo, a través de un análisis constante de los costes de la Justicia, las mejores opciones para que el derecho a la tutela judicial efectiva se materialice en toda su extensión, sin generar desembolsos adicionales a los presupuestos públicos.
• Promover los cambios legislativos necesarios para cumplir los objetivos descritos.
• Impulsar la implantación de los métodos alternativos de resolución de conflictos

En este sentido, entienden que para la consecución de estas mejoras resulta necesario llevar a cabo una serie de cambios que incorporen nuevos servicios a los tradicionalmente ofrecidos por los procuradores, entre ellos estarían actuaciones en las que el procurador actúa como colaborador del tribunal y de impulso del proceso; acceso al Punto Neutro Judicial; auxilio y colaboración del procurador con el tribunal en actuaciones materiales propias del proceso de ejecución; intervención activa en el juicio monitorio; priorizar la formación y seguir mejorando la justicia gratuita.