Manifiesto de la patronal de pymes, CONPYMES, contra la reducción de jornada: “Atenta a la libertad de empresa y a la negociación colectiva”

“Los empresarios no nos oponemos a medidas que puedan mejorar nuestro mercado de trabajo y la calidad de vida de las personas trabajadoras si además ayudan al impulso de la competitividad de nuestras empresas. Pero cuando se toman decisiones de tanto calado sin consenso, sin medir las consecuencias, sin procesos adaptativos y abocando a muchas pymes al cierre, no podemos mantenernos de brazos cruzados”. Así dice el Manifiesto que ha aprobado la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) en una cumbre empresarial celebrada en la capital de España sobre el impacto de la reducción de jornada.

José María Torres, presidente de CONPYMES, organización empresarial de la que dependen dos millones de pymes y autónomos, ha sido uno de los protagonistas de este evento con un duro discurso sobre la reducción de la jornada laboral. Torres ha señalado que “lograr un frente común ahora con CEOE Y CEPYME, no es fácil. Ellos han querido sacarnos del mercado. El informe del CES es claro y habla de retomar la negociación colectiva. Tampoco tengo pensado ir a Waterloo a hablar con Carles Puigdemont, pero buscaremos apoyo político para frenar la ley en el Parlamento”. 

En el citado Manifiesto se indica que “este cambio normativo no es solamente una reducción de la jornada hasta las 37,5 horas, sino que lo que pretende es reducir la jornada; crear un nuevo registro de jornada, que supone una vulneración del derecho a la libertad de empresa, a la privacidad y, al mismo tiempo, conlleva una presunción implícita de incumplimiento empresarial en materia de jornada que es inadmisible; reforzar el derecho a la desconexión digital, con el derecho del trabajador a no estar localizable fuera de su horario de trabajo; y cambiar el régimen sancionador, multiplicando la cuantía de las sanciones”.

En su discurso de cierre de esta cumbre, José María Torres ha señalado “que cuando se cambia la cultura del esfuerzo por la de las ayudas públicas, cuando alentamos más el subsidio que el emprendimiento, y se nos dice que trabajando menos seremos más felices, entramos en una dinámica que tendrá un horizonte muy poco prometedor para el futuro de nuestro país”. Por eso, a su juicio, “ha llegado el momento de decir basta. Ha llegado el momento de que todas las organizaciones estemos más unidas que nunca y defendamos nuestros derechos, por el futuro de nuestras empresas, por el futuro de nuestros hijos, y por el futuro de nuestro país”.

También ha comentado que no se ha hecho una memoria de impacto normativo de dicha legislación de tanto caldo, sin contar con los empresarios y fuera del diálogo social. “Hay muchos costes añadidos que no se han tenido en cuenta. La implementación del registro digital es un coste elevado. Habrá problemas con la ciberseguridad y protección de datos. Habrá que ver como las pymes agrarias o pesqueras lo implementan. Es un ataque directo a la libertad de empresa y a la negociación colectiva”.

Por otro lado, en el documento, los firmantes lamentan que la normativa no haya tenido en cuenta ni el tipo de actividad, ni el diferente impacto en relación a la dimensión de las empresas o en los distintos sectores económicos, ni las nuevas formas de trabajo, como el empleo por objetivos, el teletrabajo o la distribución irregular del horario para favorecer la conciliación.

Tampoco han tenido en cuenta la flexibilidad con la que trabajan las empresas más pequeñas y los autónomos, en muchos casos negocios familiares, lo que dificultará la implantación del sistema de seguimiento de la jornada de 37,5 horas. No hacerlo llevará aparejadas multas muy elevadas de hasta 10.000 euros por trabajador, una decisión que cambia radicalmente las sanciones que se aplican ahora, que son por empresa y no llegan a 7.500 euros.

José María Torres, presidente de la entidad, cree que en la reducción de la jornada laboral no se ha tenido en cuenta el tamaño de nuestras pymes y micropymes. (Imagen: CONPYMES)

Una reforma que no se adapta a las pymes

José María Torres también recordó que las pymes representan más del 62% del Valor Añadido Bruto generado por las empresas no financieras: “Suponemos el 99,8% de las empresas y casi el 70% del empleo empresarial total y, a pesar de eso, no se nos tiene en cuenta en la toma de decisiones”. Además, el 86% de las empresas en España, tienen menos de 10 trabajadores a su servicio. Somos país de pymes, además, con una dimensión media por debajo de la mayoría de los países con los que competimos.

No se ha tenido en cuenta ni el tipo de actividad, ni el diferente impacto en relación a la dimensión de las empresas o en los distintos sectores económicos, ni las nuevas formas de trabajo, como el empleo por objetivos, el teletrabajo o la distribución irregular del horario para favorecer la conciliación. Tampoco tiene en cuenta la flexibilidad con la que trabajan las empresas más pequeñas y los autónomos, en muchos casos negocios familiares, lo que dificultará la implantación del sistema de seguimiento de la jornada de 37,5 horas.

Otros expertos como Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cree que no hay una relación directa entre la reducción de jornada y la mejora de la productividad. En su intervención comentó que ha sido “una mala idea” reducir la jornada laboral como ha propuesto la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Debe abordarse en la negociación de los convenios porque imponerlo por decreto supondría un aumento de los costes laborales y se notaría en la creación de empleo y en la competitividad” ha afirmado.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, no cree que con la reducción de la jornada laboral se incremente de forma directa la productividad. (Imagen: CONPYMES)

La Fundación se muestra totalmente contraria a que el Gobierno intente imponer por ley a las empresas la reducción de la jornada laboral, desde las 40 a las 37,5 horas semanales, sin reducción del salario, y que pretenda hacerlo “sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales”. También rechazan que se imponga sin un aumento significativo de la productividad que permita mantener y aumentar la actividad rebajando la jornada laboral por trabajador. Y que, además, sirva para crear empleo con el resto de la jornada, con el reparto del tiempo de trabajo.

En esta circunstancias, el centro de investigación económica estima que la medida «restaría en torno a 6 décimas de crecimiento medio anual del Producto Interior Bruto (PIB) durante dos años, y de 8 décimas de crecimiento al empleo». Es decir, que la evolución de la economía perdería 9.000 millones de euros al año, lo que suma 18.000 millones en los dos años previstos por el informe. Por lo que las empresas dejarían de producir y por el empleo que no se podría crear. Siempre que el Gobierno no tomase medidas alternativas para compensar al sector privado por el esfuerzo.

No es una medida realista

Otra ponente fue Estela Martín, abogada y Dircom de Sincro, quien adviertió que “hay que darse cuenta de que el tejido empresarial español son micropymes, con sectores de actividad distintas. Imponer a las bravas esta jornada de 37,5 horas saltándote la negociación colectiva es un problema porque se dinamita el diálogo social. La reducción debe estudiarse porque llevamos muchos años con la misma jornada y es hora de un cambio, pero debería hacerse en la negociación colectiva”. “CONPYMES es consciente de que han crecido las obligaciones laborales de las pymes, lo que ha hecho disparar el compliance laboral. Todos estos costes ahogan a micropymes y autónomos”.

Para esta experta en relaciones laborales “habrá que ver si Junts da el sí o no a la reducción de jornada, por el momento, están fuera del acuerdo. Está bien que los trabajadores cobren lo mismo con la reducción de jornada, pero no es una medida realista en nuestro escenario de pymes y micropymes. Al mismo tiempo faltan medidas de apoyo para ese tránsito laboral hacia las 37,5 horas semanales. El registro digital es costoso porque tendrá la tecnología última y está en remoto, pero no se ha previsto de que manera se va a financiar ese coste en la empresa. Habría que buscar algo parecido al ‘Kit Digital’ para ayudar a esa digitalización financiada. Ha faltado tranquilidad a la reforma para que se lograse el consenso en el diálogo social”.

Estela Martín opina igual que otros expertos: “La productividad no sube porque se produzca la reducción de jornada. Según un último informe del Ministerio de Industria, más del 90% de las pymes facturan menos de dos millones de euros. El tejido empresarial es pequeño, con uno o dos trabajadores. Se quiere trabajar menos horas, pero no sé hasta que punto estos criterios que han consensuado el Gobierno con los sindicatos son realistas. Trabajar menos con el mismo sueldo implica más costes, el autónomo seguirá trabajando muchas horas para llegar a fin de mes”.

En esa línea, la abogada ha señalado que “a las grandes empresas las jornadas de 37,5 horas no les afecta en nada porque tienen convenio colectivos propios. Sus convenios colectivos ya están cerca de esa jornada. Lo que más les preocupa es el nuevo registro de jornada horario”.

Estela Martín cree que el planteamiento del Gobierno de la reducción de la jornada laboral no es muy realista. (Imagen: CONPYMES)

Multas elevadas

En el citado manifiesto se insiste en las sanciones: “Llevará aparejadas multas muy elevadas de hasta 10.000 euros por trabajador, una decisión que cambia radicalmente las sanciones que se aplican ahora, que son por empresa y no llegan a 7.500 euros. Estas medidas, junto a otras que está impulsando el Ministerio, consideramos además que menoscaban la negociación colectiva y, en cierto modo, la libertad de empresa; estigmatizan además a los empresarios y empresarias de nuestro país a partir de establecer una fiscalización de su actividad hasta límites poco razonables, partiéndose de la presunción de que éstos incumplen sistemáticamente la normativa laboral en vigor”.

Tampoco se ha considerado el impacto en las empresas sujetas a instrumentos de colaboración pública y privada, sea contratación pública u otros instrumentos de provisión de bienes y servicios, en los que el incremento de costes asociado a la medida va a acarrear el desequilibrio económico del contrato. Y ello sin que haya sido resuelta la problemática de la necesaria desindexación de dichos contratos para poder aplicar a su equilibrio los constantes incrementos de costes laborales que las regulaciones legales vienen imponiendo.

En el manifiesto se indica que “debemos insistir además que problemas estructurales de nuestro trabajo, del mercado de empleo, siguen sin resolverse. La sobrerregulación normativa, la baja productividad, un alto absentismo, un alto desempleo, en un país con la tasa de paro más alta de la Unión Europea y con falta de mano de obra en muchos sectores, y grandes dificultades para cubrir las vacantes, evidencian un conjunto de problemas que deberían añadirse al análisis del mejor escenario para abordar cuestiones como las que plantea la reforma propuesta en el marco de un diálogo social con participación de las pymes y con una mirada integral de los déficits, retos y oportunidades de nuestra economía y nuestro empleo”.

“¡Así no!”, concluye el manifiesto, haciendo un llamamiento al conjunto de la sociedad para que todas aquellas personas y organizaciones que compartan su inquietud y aspiraciones se unan a esta iniciativa.