Manuel García-Castellón: «Si se quiebra la ley o se dificulta su aplicación, surge la desigualdad y la tiranía»

«Si se quiebra la ley o se dificulta su aplicación por parte de los jueces y tribunales, surge la desigualdad y la tiranía». Así lo ha subrayado Manuel García-Castellón, magistrado emérito de la Audiencia Nacional, en una magistral ponencia celebrada en las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO, en Marbella, que ha llevado por título La Audiencia Nacional y la defensa de la Democracia.

García-Castellón ha recordado que la labor de los jueces ha sido objeto de todo tipo de ataques, incluidos atentados mortales a manos de la banda asesina ETA, y ha destacado que «los ataques a la independencia del Poder Judicial han pasado de ser externos a internos, de dentro del propio Estado. Han dejado de provenir desde el entorno de los delincuentes a desde dentro del Estado cuando es un obstáculo a determinados intereses políticos», algo que «comenzó con los GAL y el desacato, dejando desprotegido al juez y con su apartamiento de la causa».

En su ponencia, este magistrado emérito que instruyó importantes causas, ha destacado que hay «falta de entusiasmo por la Fiscalía para defender la independencia judicial». «El panorama no es muy alentador», ha sentenciado García-Castellón, quien en los últimos tiempos ha sido objeto de ataques por parte de miembros del Gobierno, incluidos ministros, como ha recordado.

También ha explicado que él ha sido «partidario de que la instrucción de las causas penales recayera en la Fiscalía, pero la situación actual, cuando la sombra de la sospecha se cierne sobre la actuación de los fiscales, pese a que la inmensa mayoría están a intereses jurídicos y no políticos, aunque la frase está revoloteando siempre», le ha hecho replantearse su postura.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la decisión de reformar el delito de sedición ha dejado más desarmado al Estado, y que la aprobación de amnistía es un hecho sin antecedentes en el Derecho comparado. 

Campaña de «desprestigio personal y profesional e intimidación»

Los ataques que sufrió en el ejercicio de su profesión ocurrieron a raíz de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina. Fue en octubre de 2020, siendo él titular del Juzgado Central de Instrucción 6, como instructor del caso Tándem. Aquellos ataques eran «inquietantes» para él, consciente de que «se dirigían a miles de compañeros para que percibieran el peligro al que se enfrentarían».

Lo tildaron de «facha», «prevaricador», «corrupto» y «mafioso» a raíz de lo de elevar la exposición razonada sobre Iglesias de esa pieza separada de la macrocausa Tándem, y se sugería que estaba sobornado por el entonces líder del PP.

García-Castellón denunció ante el órgano de gobierno de los jueces aquella campaña de «desprestigio personal y profesional e intimidación» que estaba sufriendo en redes sociales y en algunos medios a raíz de elevarla, que le situaban en una situación de «indefensión y de descrédito profesional». También presentó una denuncia ante la Policía.

Una «premeditada campaña, materializada en amenazas directas contra mi integridad física e intromisiones ilegítimas contra el honor y la dignidad personal vertidas en redes sociales y dirigidas a constreñir de una forma grave e intolerable en un Estado de Derecho el ejercicio de la actividad profesional, y como ejemplo vivo de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas en un determinado sentido», informó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y destacó que esa campaña pretendía restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del Poder Judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica, sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».

De nuevo en la diana por el caso Tsunami Democratic

En noviembre de 2023 los ataques volvieron a repetirse cuando acordó la continuación de la tramitación de las diligencias previas 85/2019, en las que investigaba las actividades de Tsunami Democràtic. Volvió a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que de nuevo acordó tramitar su solicitud.

En su escrito al Consejo señaló, en concreto, unas declaraciones del entonces secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en Radio Popular, y otras de la portavoz del gobierno autonómico catalán, Patricia Plaja, en una rueda de prensa.

Tontxu Rodríguez acusó al instructor del caso Tsunami Democratic de querer influir en las negociaciones de la amnistía por dirigir la investigación contra el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont. Señaló, de forma irónica, que era una «casualidad» que García-Castellón dirigiera la investigación sobre ‘Tsunami’ contra Puigdemont y contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, unos días antes de que se llegara «a un acuerdo con Junts y unos días después de que se hubiera llegado a un acuerdo con ERC».

También apuntó que el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) «podría hablar un poquito de García-Castellón». «¡Qué casualidad que ahora, que se podía llegar a un acuerdo para formar Gobierno, imputen a los líderes catalanes! Yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser este día. Podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no, justo en medio de las negociaciones, si eso no es influir…», manifestó.

La que fuera portavoz de la Generalitat había declarado: «Aquellos a quienes les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no sólo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas». Para García-Castellón, de las declaraciones de ambos cabía inferir la intención de influir en el procedimiento judicial, así como la de inquietarle o perturbarle en el ejercicio de sus jurisdicciones.

Como ha recordado en su ponencia, también han sufrido ataques compañeros del Tribunal Supremo y de altas instancias en Madrid. En el Supremo, fueron puestos en la diana de los independentistas el tribunal del ‘caso procés’ y su instructor, Pablo Llarena, quien sufrió pintadas en el portal de su domicilio y a las puertas de otro inmueble, así como un escrache en Gerona al final de una cena con amigos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, también ha padecido ataques de políticos y de ciertos medios de comunicación tras la condena a Isabel Serra (Podemos) y ha alzado la voz reivindicando una Justicia “sin injerencias ni presiones” para no poner en cuestión el Estado de Derecho. «Justicia en tiempos complejos», es el título de una reciente Tribuna escrita por Celso Padrón en Economist & Jurist.

García-Castellón ha recordado que «la defensa del Estado de Derecho se ha encontrado con múltiples problemas de distinta naturaleza y gravedad» y que «en el 78 el legislador era consciente de los ataques que el Estado estaba sufriendo desde diferentes frentes».

«El preámbulo de la Constitución, redactado por el que más tarde sería el primer alcalde socialista de la ciudad de Madrid, Enrique Tierno Galván, proclamaba que la nación española, deseando establecer la Justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular».

«Desde el principio quedaba claro algo que por obvio no debe dejar de repetirse: no hay contraposición posible entre reconocimiento de la voluntad popular y el respeto al imperio de la Ley», ha señalado este magistrado emérito, jubilado en septiembre de 2024, con casi 72 años, el máximo permitido. Pidió adelantarla a semanas de cumplirlos.

«Con el caso Tsunami Democratic pregunté a dos compañeros si lo hubieran hecho y me dijeron que no, ni hablar, que si estaba loco. Dijeron que no les compensaban las consecuencias«, ha comentado García-Castellón.

«Atravesamos tiempos especialmente difíciles», ha concluido este ilustre magistrado, señalando el desasosiego que percibe de la sociedad.

«García-Castellón es a la Justicia lo que Messi al fútbol», ha destacado Inda

En la presentación del ponente, Eduardo Inda, director de OKDIARIO, destacó que García-Castellón «es a la Justicia lo que Messi al fútbol». Y ha indicado que, sin embargo, en Wikipedia es presentado como un prevaricador y le acusan de lawfare en Cataluña y con ETA.

Inda a recordado que este magistrado «resolvió en tiempo récord» el caso de Olga Sangrador, es «uno de los magistrado que más duramente ha luchado contra ETA, Eloy Velasco tres cuartos de lo mismo, y «se atrevió a proceder contra Pablo Iglesias». «Gracias, Manolo, por haber hecho el bien durante tantos años», le transmitió.

Esta situación de ataque del poder político al judicial ha sido abordada en las I Jornadas Jurídicas de OKDIARIO, celebradas este jueves y viernes. «El autócrata Sánchez va de golpe en golpe hasta la tiranía final», denunció en la apertura de las jornadas Inda, destacando que «cada semana es un mini golpe de Estado, sin prisa, pero sin pausa para que ocurra lo que ha acontecido en Venezuela, Rusia, Turquía, México y en decenas de naciones que hasta hace no tanto eran democráticas», criticó, mostrando su solidaridad con los 5.500 jueces y 1.200 fiscales que ejercen en nuestro país, a quienes este Gobierno pone en la diana».

«Resistid porque sin separaciones no habrá libertad en mayúsculas y una democracia digna de tal nombre», les ha pedido.

Los ataques a los jueces también han sido abordados este jueves en en el acto de entrega de despachos a los integrantes de la 73 promoción de la Carrera Judicial. “Sólo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son Estados de Derecho”, destacó la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, en el referido acto en Cataluña.

«Lamentablemente, vivimos tiempos en los que, ya sea por desconocimiento o por otras razones, en lo que se refiere al Poder Judicial se vierten críticas totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados”, ha señalado Perelló, y ha pedido respeto «a los tiempos y las razones de los jueces», recordando que sin confianza en las instituciones “no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes”.

Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) «celebran y respaldan las manifestaciones de la presidenta de la CGPJ defendiendo el sistema de acceso a la Carrera Judicial, un sistema democrático y que permite identificar, con objetividad, el mérito y capacidad, incorporándose profesionales diversos de todo extracto social y que demuestran su excelencia a través de los exámenes».

«La separación de poderes y el Estado de Derecho imponen un especial respeto en las relaciones entre los poderes del Estado, sin que pueda admitirse injerencia que ponga en riesgo la garantía de los derechos de los ciudadanos», han subrayado en un comunicado conjunto estas tres asociaciones judiciales.

La PCIJ advierte a la UE de la situación que atraviesa España

Este viernes, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha dado cuenta a la Comisión Europea de los hitos más relevantes producidos en España en 2024 y que constituyen «ataques a la independencia Judicial, a la separación de poderes y al Estado de Derecho, así como el incumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión en anteriores informes».

Así, en sus alegaciones para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2025 ha destacado el mantenimiento del sistema de elección del máximo órgano del poder judicial (CGPJ) por el poder político y bloqueo en los nombramientos de altos cargos judiciales, a pesar de la renovación de los vocales del CGPJ; «control político del Tribunal Constitucional, en cuanto a la designación de sus miembros y su funcionamiento; falta de independencia y autonomía del fiscal general del Estado respecto del Gobierno y arbitrariedad en el nombramiento de altos cargos de la fiscalía, unida a la pretensión del Ejecutivo de que la fiscalía monopolice la acción popular y dirija la investigación criminal».

También, los «graves ataques verbales de determinados políticos y grupos de presión a los jueces por actos  relacionados con el mero ejercicio de su jurisdicción o en contra de la libertad de expresión de los jueces, con pretensión de influir en el acceso a la carrera judicial»; y la «aprobación de la amnistía de diversos delitos, incluso de malversación y terrorismo, relacionados con el proceso independentista catalán, mediante ley aprobada por trámite de urgencia por mayoría de Congreso y con veto del Senado, sin previa reforma constitucional y con informes contrarios del CGPJ, Comisión de Venecia, Letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y Letrados del Senado y con la oposición de diversos colectivos, especialmente del mundo jurídico».

Asimismo, destaca las «graves disfunciones en la actual regulación de los aforamientos y de los indultos», e «ineficiencia de la Administración de Justicia, siendo insuficientes los medios personales, materiales y estructurales que se destinan a dicho servicio público y resultando urgente la implantación de mejoras a distintos niveles (de demarcación y planta judicial, organizativo y de gestión, tecnológico y procedimental) de forma consensuada con todos los agentes intervinientes, en lugar de promover reformas legislativas sin debate técnico adecuado y de implementación inviable».