Más de 134.000 euros al día por el ‘no’ al decreto de la estiba’

La sanción, que según el Ministerio de Fomento está a punto de fallarse, se extendería desde el momento en que se produjera el pronunciamiento hasta que España aprobara una nueva normativa de la estiba que no sea contraria al derecho comunitario

Además, esta multa se sumaría a una primera que este mismo tribunal falló en diciembre de 2014, y que ya acumula un importe de 21,5 millones de euros. No obstante, el cómputo de esta primera sanción está paralizado desde que el Gobierno inició el proceso de reforma del sector, un proceso anulado este jueves por el Congreso, al rechazarse el Decreto Ley del Gobierno que lo articula.

El contencioso tiene su origen en noviembre de 2011, cuando la Comisión Europea alertó por vez primera a España de que su régimen legal del servicio de manipulación de mercancías en los puertos contraviene el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el de libertad de establecimiento, al impedir que las empresas contraten libremente a los estibadores de puertos.

Las negociaciones con los agentes del sector y el periodo de casi un año de interinidad del anterior Gobierno impidieron legislar para cambiar el modelo de la estiba y la Comisión Europea demandó a España por incumplir la sentencia del Tribunal Europeo de diciembre de 2014, iniciativa que es la que ahora puede dar lugar a la segunda sanción.

Ante esta exigencia de la UE y toda vez que el Congreso ha invalidado este jueves el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero con el que Gobierno intentaba reformar el sector, el Ejecutivo debe ahora abrir un nuevo proceso para reforma legal de la actividad de estiba portuaria.

El Decreto Ley rechazado este jueves ha quedado invalidado, con lo que el Gobierno debe volver a presentar otro Decreto Ley, o bien un proyecto de ley de urgencia, según indicaron en fuentes parlamentarias.

Continúa la negociación colectiva sin huelgas

El nuevo proceso legislativo se abordará mientras en paralelo continúa la negociación que empresas y sindicatos tienen abierta para dirimir los aspectos laborales sobre la reforma, dado que Fomento asegura que no se pueden fijar en la reforma legal.

El principal objetivo en este ámbito, y principal reivindicación de los sindicatos del gremio, es garantizar que tras la reforma se mantendrá el empleo para los 6.150 trabajadores que actualmente conforman el colectivo de estibadores.

El Gobierno confía en que un pacto entre patronal y trabajadores permita facilitar la tramitación del texto legal, dado que la mayoría de los grupos parlamentarios han vinculado su apoyo a la reforma a que se realice con el respaldo y el consenso del sector.

Con este fin, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó por sorpresa a la mesa de negociación de este miércoles, la víspera de que el Decreto Ley afrontara su examen en el Congreso, una propuesta de acuerdo con cuatro puntos.

El documento garantiza los empleos del sector a través de subrogaciones en las empresas estibadoras y plantea un plan de prejubilaciones voluntarias para trabajadores con al menos 50 años de edad, que podrían retirarse con el 70% de su salario.

Además, recoge el compromiso del Gobierno a velar por el cumplimiento del eventual acuerdo y pide el compromiso de las partes a aumentar la productividad de los puertos.

A pesar de que el trámite legal se tumbó este jueves en el Congreso, la negociación colectiva tiene previsto seguir su curso en torno a estas propuestas.

Además, lo hará sin un horizonte de huelgas en los puertos, dado que los sindicatos (Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO, UGT, CIG y USO) han desconvocado los cuatro días aún vigentes tras tumbar el Congreso la reforma.

Monopolio en una actividad estratégica

La estiba constituye una actividad estratégica para la economía, dado que los puertos canalizan un volumen de mercancías por valor de 200.000 millones de euros al año, el 86% de las exportaciones del país y el 60% de las importaciones.

Con la reforma, el Gobierno, además de cumplir con Europa, pretende liberalizar el sector para que mejore su competitividad. Para ello, planteaba un periodo transitorio de tres años para la desaparición de las sociedades de gestión de trabajadores portuarios (sagep), firmas de las que actualmente dependen los estibadores y controlan su contratación y que, por ello, mantienen un monopolio de facto en el sector.