Más de la mitad de los abogados españoles, garantes de los derechos humanos, reconocen haber sufrido agresiones o amenazas

Los XXVI Premios Derechos Humanos (DDHH) de la Abogacía Española recayeron este año en el abogado del turno de oficio, César Pinto; la Asociación Pro Derechos Humanos de España; y el portal de información Parainmigrantes. Mientras que el Premio ‘Nacho de la Mata’ ha sido para la trabajadora social María Auxiliadora Trujillo.

La abogacía es un elemento clave para la protección de los derechos humanos en un mundo en crisis, golpeado por la invasión de Ucrania por Rusia; el conflicto entre Palestina e Israel; y la vulneración de los derechos humanos en otras dictaduras, según explicaron algunos de los juristas que acudieron a la gala de DDHH.

Según un estudio del Consejo Europeo de la Abogacía Española (CCBE), más de la mitad de los abogados españoles habrían sufrido agresiones o amenazas. Esta situación de amenazas y acoso tiene un impacto generalizado, en diversos grados, en la vida personal y profesional de muchos profesionales de la abogacía, asegura el informe, que revela también que esto ha llevado al 61,86% de los abogados españoles a plantearse en alguna ocasión abandonar la profesión, cifra bastante superior en España a la media europea del 35,36%.

Esta gala de los DDHH fue presentada por los abogados Ana Spínola y Eneko Delgado y contó con la actuación musical de la abogada Clara Torrente, de la Fundación Profesor Uría e hija de la abogada de familia Ana Clara Belio, socia directora de ABA Abogadas. Al final del evento se proyectó un video en solidaridad con los afectados por la DANA en Valencia.

Al acto asistieron autoridades como María Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial; Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social; los vocales del Poder Judicial Ricardo Bodas, Inés María Herreros, María Esther Erice; el magistrado del Tribunal Supremo, Fernando Ledesma; Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo; Carmen Calvo, presidente del Consejo de Estado; David Vilas, abogado general del Estado; Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado; y Manuel Olmedo, secretario de Estado del Ministerio de Justicia.

También estuvieron presentes el centenar de consejeros del CGAE, presididos por su presidente, Salvador González, donde también pudimos saludar a Victoria Ortega expresidente del CGAE; Enrique Sanz, presidente de la Mutualidad de la Abogacía; a Carmen Martín, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid; y Rosalina Diaz, vicepresidenta de la Asociación de Juristas y Profesionales de San Raimundo de Peñafort; entre otros profesionales del mundo jurídico.

César Pinto, abogado volcado al turno de Oficio, dedicó el Premio DDHH a este colectivo que defiende a los más vulnerables. (Imagen: Abogacía Española)

La reforma de la Justicia va adelante

En conversación con Economist & Jurist, el secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo, ensalzó el papel de la abogacía y del CGAE organizado estos eventos anuales de derechos humanos. También confirmó la aprobación la semana que viene de la Ley de eficiencia organizativa del Servicio Público de la Justicia, con una entrada progresiva en tres momentos: 1 de julio del 2025; 1 de octubre y 1 de diciembre.

Olmedo quiso mandar un mensaje de tranquilidad señalando que la norma cuenta con una dotación económica importante, la mayor parte de Fondos Europeos, para su puesta en marcha.

Otra de las asistentes, Erika Torregrosa, presidente de la sección de Derechos Humanos de la Abogacía del Madrid y presidenta del Observatorio de las Personas del Colegio de Barcelona, manifestaba a E&J que “la situación de los DDHH en el mundo siempre es de alerta. Se trata de defender a quienes defienden y, por otra parte, a los activistas, y facilitar la defensa de los que defendemos a estos colectivos. Creo que estamos avanzando gracias a varios marcos regulatorios que están ahí”.

Sobre dicho contexto señala que “hay que citar a la Agenda 2030 de protección de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles en Europa. Las directivas que protegen los DDHH dentro y fuera de todas sus cadenas de valor, y esto es lo que desde mi punto de vista podría haber sido más ambicioso, pero es un primer paso. A nivel jurisprudencial tanto con la Corte Interamericana de DDHH, con el Tribunal Europeo de DDHH y el TJUE, estamos siendo testigos de sentencias relevantes”.

Al mismo tiempo recordó que en la Corte Penal Internacional “el avance que tenemos en protección de los DDHH es que se juzga por primera vez en su historia a los perpetradores de los crímenes contra los DDHH, no a los Estados, sean o no gobernantes. Lo vemos ahora con Siria, con la detención del dictador. La abogacía está alerta en esta defensa de los derechos humanos. Tenemos varios organismos que defienden, como es el Observatorio de Abogados en riesgo; la Fundación de DDHH y las secciones y observatorios de los 83 Colegios de Abogados”.

Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, comentó a este medio que “concebimos los DDHH como derechos universales, interdependientes, inalienables e irrenunciables. No son propiedad de una persona de un grupo o una nación. El reconocimiento de derechos, su titularidad ha suprimido enormes injusticias asumidas y permitidas cotidianamente, a mejorar nuestro ordenamientos jurídicos y sociedades”. Al mismo comentó que, “pero no ha sido suficiente para realizar las transformaciones que el planeta necesita, o que la humanidad precisa para no dejar de serlo. Las nuevas realidades subrayan la necesidad de ampliar y de avanzar en los derechos, también los sociales, culturales, económicos y medioambientales”.

Para Ricardo Bodas, vocal del CGPJ, “el papel de los abogados en la defensa de los DDHH es fundamental en la sociedad democrática que vivimos. Los DDHH son derechos esenciales que están reconocidos como derechos fundamentales en nuestra Constitución y también en todo el ordenamiento internacional que se aplica a nuestro ordenamiento jurídico; y los abogados son los que asumen en primera línea la defensa de estos DDHH”.

Desde su punto de vista “el problema es que muchos de estos asuntos que se judicializan no se resuelven en plazos razonables, salvo la Sala Social de la Audiencia Nacional que presidí centrada en la carga de trabajo. En este contexto, para frenar la litigiosidad, acudir a la mediación y otras formas de resolución extrajudicial puede ser una solución necesaria. La respuesta que se da desde la jurisdicción a resolver los asuntos judiciales no es buena. Encontrar fórmulas en las que intervengan terceros neutrales bien capacitados puede ayudar a resolver muchos conflictos”.

Este jurista también subraya el papel de la judicatura como garante de esos DDHH a través de distintas sentencias y pronunciamientos “en este momento se ha abierto un camino como es la mediación intrajudicial que ya está operativa en determinados órganos judiciales. Ahora el resto es saber si podemos lograr la generalización de la misma con la futura ley de eficiencia organizativa del servicio público de la justicia que la contiene. Los costes tendrán que asumirlo las diferentes administraciones prestacionales, Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas”.

El presidente del CGAE, Salvador González, posando con los cuatro premiados. (Imagen:: Abogacía Española)

Se necesitan mejores leyes

Por su parte, Maite Parejo es la copresidente del Observatorio de DDHH del Colegio de la Abogacia del ICAM y socia del área Penal del despacho Maio Legal. Esta experta señala que “el papel de la abogacía como defensor de los DDHH es esencial. Los abogados somos los que garantizamos los derechos de nuestros clientes, los que denunciamos esas vulneraciones de DDHH y recurrimos y llevamos a distintas instancias esas vulneraciones”.

Desde su punto de vista “este es un momento importante que vive la sociedad a nivel mundial en la defensa de los DDHH. El problema de la inmigración es que los estados democrático no han definido políticas claras para gestionar ese tráfico de personas que vienen de otros países de nuestro entorno. No se puede culpar esos migrantes de que vengan a países como España. Viven situaciones límites y hay que ayudarles en su integración porque en algunos casos sus vidas corren peligro”.

Parejo recuerda que en España hace años hubo mucha migración: “Tenemos la experiencia de otros Estados que acogieron a muchos españoles en México o Francia. Parece que se nos olvida nuestra historia reciente y lo que hemos hecho en estos años. Darle el premio especial de los DDHH a César Pinto supone reconocer el gran papel que los abogados del turno de oficio realizan para las personas más vulnerables, a veces en situaciones críticas”.

Enrique Sanz, presidente de la Mutualidad de la Abogacía, comentó que “la abogacía es la gran defensora de los DDHH. Ya lo decía en su día Carlos Carnicer, muchos años presidente del CGAE, que cada despacho de abogados es una oficina de defensa de los DDHH y en eso estamos como abogados, en la defensa de los ciudadanos y en sus DDHH, no solo fundamentales sino también en términos más universales”.

Desde su punto de vista “tenemos que hacer un esfuerzo especial en España en defensa de lo más vulnerables. Es fundamental evitar las brechas y desigualdades que se están produciendo en nuestra sociedad y que generan una gran separación entre el bienestar y la pobreza. Es importante que el legislador se centre en hacer buenas leyes y que realmente se apliquen. La Ley de Derecho a la Defensa ha sido un hito, debemos agradecer al Gobierno y al Parlamento que hayan accedido a nuestras peticiones. Una norma donde el papel de la presidenta Victoria Ortega fue clave”.

Respecto al tema de las pensiones de los mutualistas, Enrique subraya que “hay que buscar una solución. Nosotros apoyamos la plataforma al RETA que reivindican los abogados mutualistas. Sin embargo, dicho esto, creemos que la alternatividad debe mantenerse en la colaboración público y privada. No queremos tener en la Mutualidad a quien no se sienta cómodo. Es importante que se mantengan los modelos existentes y que el ahorro que tengan los mutualistas cuando pasen a la Seguridad Social salga de una manera ordenada, en función de las etapas de jubilación que se vayan generando”.

Para Alfredo Irujo, vicepresidente de la Fundación de DDHH de la Abogacía Española, “el papel de la abogacía en la defensa de los DDHH es clave y fundamental. Desde el Observatorio Internacional de la abogacía en Riesgo se intenta proteger y atender a los abogados de países en los que están perseguidos, precisamente por el ejercicio de la abogacía y defender los DDHH. Hemos traído abogados de esos países y les protegemos en la medida que podemos”.

También señala que “vamos como observadores a esos países a juicios frente a abogados. Ese es un papel fundamental de la abogacía. En este contexto la aprobación de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa va a ayudar mucho. A nivel internacional es importante el documento que se ha preparado en el Consejo de Europa. Es posible que el año que viene para tener un instrumento internacional para la protección de los abogados. Será clave para muchos otros países”.

Respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), tras la aprobación del Reglamento de IA el pasado mes de agosto, Irujo indica que “la amenaza sobre todo esta en la falsedad. En el uso torticero de la IA. Al final no sabes si aquello que estás viendo responde o no a la realidad o se trata de una burda mentira. Luego es evidente que el sesgo de los algoritmos puede generar discriminaciones y debe tener un control humano para evitar estos excesos”.

En esta gala estuvieron representados los cuatro poderes del Estado, ubicados en las primeras filas. (Imagen: Abogacía Española)

Unos premios de gran nivel

En esta edición los premios han estado dedicados al respeto de los derechos humanos y la sostenibilidad en el ámbito empresarial, en línea con lo que exige la nueva Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD), que obligará a las grandes empresas que operan en la UE a evaluar y abordar los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente asociados a sus operaciones y las de sus filiales y socios comerciales, incluso fuera de Europa.

En la categoría ‘Personas’ el premio fue para el abogado César Pinto, que lleva más de 25 años en el turno de oficio y que ha conseguido importantes sentencias como la que anuló la venta de pisos sociales a un fondo buitre.

“Quiero compartir este premio con todos los abogados del turno de oficio porque lo que intentamos hacer es defender los derechos fundamentales de las personas más vulnerables y a veces lo que percibimos es que en una sociedad de mercado que valora el interés económico, los valores de nuestra Constitución no se defienden con tanto ahínco como se necesita. Me he dedicado casi 30 años al turno de oficio y lo que se ve por desgracia es que en nuestra sociedad hay muchas desigualdades”, dijo Pinto tras recoger su premio de manos de Victoria Ortega, expresidenta de la Abogacía.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) fue galardonada en la categoría ‘Iniciativa Social’ por su defensa de las buenas prácticas empresariales y su denuncia de los abusos. Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, entregó el premio a su presidenta Tania García, que afirmó que los derechos humanos son fundamento del orden político y la paz social, y pidió al Gobierno español “que trasponga la directiva de diligencia debida con generosidad” y “con perspectiva de género porque las mujeres somos la mitad de la población”.

El premio en la categoría de ‘Comunicación’ fue para el portal Parainmigrantes, que ofrece información a todos los recién llegados a nuestro país sobre los trámites que tienen que hacer para obtener los permisos de residencia y trabajo. Recogió el premio su director Vicente Marín Zarza, abogado especializado en inmigración y extranjería, de manos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. “Son millones de personas las que se han informado con nosotros”, contó Marín Zarza.

El Premio ‘Nacho de la Mata’, creado en 2012 para reconocer la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida, ha sido para la trabajadora social María Auxiliadora Trujillo, por su trabajo en defensa de los menores migrantes que denunció la situación de muchos menores que viven en situaciones extremas y necesitan de protección internacional al recoger el premio de manos de Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia.

Aspecto de Casa América y de la gala, que fue conducida por los abogados Ana Spínola y Eneko Delgado, animadores de la misma. (Imagen: Abogacía Española)