Mascarillas en sede judicial: el CGPJ apela a la responsabilidad individual

Desde el pasado miércoles, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios interiores ha desparecido, salvo en determinadas excepciones.

Se recomienda a todas las personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por Covid-19 que mantengan el uso de mascarilla en cualquier situación

En el entorno laboral, según se desprende de la exposición de motivos, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de las mascarillas. Eso sí, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo, incluido el posible uso de mascarillas, si así se derivara de la referida evaluación.

¿Y en las sedes judiciales?

Bajo la intención de no dejar a la elección de cada uno de los responsables de nuestras oficinas judiciales tal decisión y provocar una disparidad de criterios, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en la jornada de hoy la actualización de la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios es sedes judiciales”.

Como ha ocurrido en distintas ocasiones desde su puesta en marcha en abril de 2020, el CGPJ ha decidido revisar y actualizar las recomendaciones allí establecidas, en aras de adaptarse a la evolución de la crisis sanitaria causada por el Covid-19 y a los criterios sanitarios vigentes en cada momento.

Cabe recordar que la Guía está dirigida a los miembros de la Carrera Judicial en activo, a los órganos de gobierno del Poder Judicial y, resultará también aplicable en las actividades formativas presenciales, a la Escuela Judicial y al Servicio de Formación Continua del CGPJ.

Los magistrados esperan durante la paralización de una vista por problemas técnicos. (Foto: Ceuta al día)

Pues bien, según valora la Comisión Permanente, cada profesional deberá valorar a nivel individual la conveniencia o no del uso de la mascarilla “de acuerdo con la pertenencia a grupos de mayor vulnerabilidad, la vacunación y la actividad y comportamiento social, circunstancias que pueden incrementar el riesgo de transmisión del virus”.

Eso sí, la actualización de la Guía recomienda el uso responsable y continuado de mascarillas en espacios cerrados, especialmente salas de vistas y salas de declaraciones, juzgados de guardia donde no se pueda guardar la distancia mínima de seguridad y lugares donde se produzcan aglomeraciones. Asimismo, se aconseja su uso en desplazamientos a centros penitenciarios, sanitarios o residencias de ancianos y durante los desplazamientos en vehículos compartidos.

Por último, como venía siendo hasta la fecha, la Guía insiste en la necesidad de mantener la ventilación y temperatura adecuadas en todos los espacios judiciales y en la importancia de desinfectar diariamente los equipos de trabajo de uso compartido, salas de vistas y de deliberación, despachos, salas de espera, aseos, ascensores, áreas de calabozos o zonas de trabajo donde se haya comunicado previamente un positivo en Covid-19.

La mascarilla no es la única barrera

Desde el Colegio de Abogados de Cádiz, además de aplaudir la finalización de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores, reclaman la “desaparición inmediata de todas las barreras que impiden el acceso a los tribunales y oficinas judiciales a los abogados”.

En particular, desde la provincia andaluza exigen que se permita a los profesionales acceder a los expedientes judiciales como ocurría antes de marzo de 2020, que se limite a supuestos excepcionales la declaración por videoconferencia y que se dejen de celebrar los juicios con las puertas completamente abiertas, con ninguna intimidad.

En opinión de la corporación colegial, estas barreras resultan “inaceptables”

“Nos oponemos radicalmente a que, a estas alturas de la pandemia, con la normalización de la actividad en todos los sectores, las Administraciones Públicas y, especialmente, la Administración de Justicia, impidan el libre acceso a los ciudadanos y profesionales, que ven gravemente afectado el ejercicio de sus derechos”, denuncian en sus declaraciones al Diario de Cádiz desde la corporación colegial dirigida por el decano Pascual Valiente Aparicio.