Miquel Roca, premio Pelayo XXX, apela al Derecho al servicio de la convivencia para superar las dificultades del presente

Este jueves, mismo día que se aprobaron dos leyes que pueden ser claves en nuestro país como la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa (ya en el BOE) y la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, Miquel Roca recibió de manos de Francine Armengol, presidenta del Senado, el XXX Premio Pelayo a los juristas de reconocido prestigio.

Un año más el Casino de Madrid volvió a acoger este galardón, el más importante del panorama jurídico. Fue el propio Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y del Constitucional, así como ganador del galardón el pasado año y miembro del jurado, quien planteó al resto de este de miembros la candidatura de Roca.

Curiosamente, fue Miquel Roca quien hace años fichó a Pascual Sala para el despacho que este político catalán tiene abierto en Madrid.

Entre los miembros que han formado parte de ese jurado estaban Tomás de la Cuadra, como presidente; y también juristas como María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; José Boada, presidente de honor de la Fundación Pelayo; María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional; Rafael Catalá, presidente del Centro Español de Mediación; Juan Luis Cebrián, académico de número de la Real Academia de la Lengua Española; Juan Carlos Dominguez rector honorario del CEU San Pablo; y Ana María Ferrer, magistrada de la Sala Penal del Supremo.

Junto a ellos también lo han conformado, Joaquín de Fuentes, socio de Alemany, Escalona & de Fuentes Abogados y abogado del Estado en Excedencia; Consuelo Madrigal, fiscal de la Sala Segunda del Supremo; Victoria Ortega, secretaria general de la Mutualidad; Antonio Pau, secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Encarnación Roca, vicepresidenta emérita del Constitucional; y María José Esteban, en calidad de secretaria del jurado.

Pascual Sala recoge el sentir de los magistrados y juristas consultados por Economist & Jurist en este Premio Pelayo sobra el nuevo modelo de Justicia al que se tiende con los tribunales de instancia. Desde su punto de vista puede ser la solución al problema del colapso de los tribunales, pero será necesario una inversión en medios y personal para ponerlo en marcha.

El gran problema en nuestro país, es que hasta el momento las inversiones en Justicia han sido escasas, lo que ha ido generando problemas serios en los órganos judiciales y la demora de muchos asuntos, con juicios por despidos fijados para 2026 y 2027.

En esta ocasión Miquel Roca acudió a Madrid acompañado de Joan Roca, hijo y presidente ejecutivo del despacho; Santi Pagés, socio responsable del área internacional; así como de otros miembros de la firma entre los que se encontraba el citado Pascual Sala.

Miquel Roca, un jurista que apuesta por el diálogo en estos momentos tan difíciles. (Imagen: Pelayo)

El diálogo para superar la crisis

Entre los asistentes a este evento se encontraba otro padre de la Constitución vivo, el abogado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, acompañado por Pedro Pérez-Llorca, hijo del político Jose Pedro Pérez-Llorca, otro de los firmantes de esta Carta Magna.

Miquel Roca en su intervención se mostró exultante de haber podido ser abogado: “Reconozco sentirme privilegiado de haber podido dedicarme a nivel profesional al servicio del Derecho. Una vocación construida desde el compromiso con la democracia, la libertad y la justicia”. Desde su punto de vista, “el Derecho ordena y transforma. Ordena y normativiza la convivencia en libertad, con voluntad de progreso, desde el pluralismo de la sociedad. Pero también el Derecho es el motor del cambio social, ser la vía expansiva de derechos y libertades”.

En su opinión “la tradición constitucional hay que mantenerla y lo deberá seguir siendo en el futuro si queremos abrir nuevas vías de bienestar y compromiso social de nuestro futuro ahí estará el Derecho y su función transformadora. Y ahí estarán los abogados para arropar y ayudar en esa tarea”.

Miquel Roca reconoció que se viven momentos difíciles en nuestro país y “tenemos que volver a superar las diferencias como lo hicimos en la Transición, desde el diálogo y el pacto, desde el respeto que ennoblece la discrepancia, desde un legislador inmerso en la realidad social a la que corresponde servir y, desde una justicia independiente. Esto debe ayudar a superar los retos del presente».

En el auditórium hubo una mesa presidencial formada por la presidente del Congreso, Francine Armengol; Cándido Gómez-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional; Isabel Perelló, presidente del Supremo y del CGPJ; Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado; Ángel Gabilondo, defensor del pueblo y Tomás de la Cuadra, presidente del jurado; y Francisco Lara, presidente de Pelayo.

En esta ocasión el jurado premió el talante dialogador de Roca, como hombre de la Transición y también uno de los redactores del Estatuto de Cataluña. Roca es uno de los principales autores de nuestro texto constitucional, los conocidos como siete padres de la Constitución, y el último testigo y parte de las discusiones y el ingente trabajo que precedió el alumbramiento de la Carta Magna de 1978.

Los miembros de la mesa presidencial, que representan a los poderes del Estado, posan con Roca. (Imagen: Pelayo)

Escepticismo ante las reformas

Roca ha señalado que la «grandeza» de la abogacía está en que los que a este oficio se dedican comparten «una visión particular un servicio público».

Entre los asistentes se encontraban los principales operadores jurídicos del país, que asistieron como testigos a la entrega de este premio que muchos lo consideran como el ‘Óscar jurídico’ a la profesión jurídica, por la categoría de los premiados en estos XXX años.

En los corrillos antes y después de la entrega de este galardón no se hablaba de otra cosa que no fuera de las nuevas leyes aprobadas en este jueves. Una ya en el BOE, la Ley del Derecho de Defensa,  y la otra, la Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Los abogados presentes en este evento como Salvador González, presidente del CGAE, o Jesús Sánchez, se mostraban satisfechos por la norma que va a mejorar el derecho a la defensa y los intereses del justiciable, sobre el cambio organizativo en la justicia las impresiones eran bastante menos optimistas.

Según hemos podido saber en E&J, este cambio hacia los tribunales de instancia ya fue una iniciativa que Jose María Michavila y su equipo arrancó a principios del año 2000, una iniciativa bastante compleja que luego recogería entre otros ministros, Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional.

Por lo que contaron ayer a este medio muchos de los juristas que acudieron a la celebración del XXX Premio Pelayo, la sensación es de escepticismo: “La situación de la justicia es crítica. No se han implementado los planes de refuerzos tras las huelgas de los LAJs y funcionarios”, comentaba un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Otra magistrada recordaba que es el momento de inversiones a nivel económico y de medios: “Faltan jueces, fiscales y funcionarios, necesarios para implementar ese cambio. No será fácil poner en marcha porque asistimos a un cambio radical del modelo de justicia”.

Para otra jueza “algo hay que hacer, porque nuestros juzgados están colapsados y no podemos hacer más. El Real Decreto-ley 6/2023 que incluía los pleitos testigos, la prioridad de las vistas telemáticas respecto a otras no se ha puesto en marcha. La tecnología en los Registros Civiles no funciona. Hasta ahora ningún Gobierno ha invertido seriamente en justicia”.

No se ha invertido en Justicia nunca

Los juristas que se dieron cita en este premio creen que hasta ahora la gestión del ministro Félix Bolaños es bastante mejorable: “Ya en el Senado los distintos grupos políticos le leyeron la cartilla porque realmente pocas reformas se han implementado. Ahora debe aprovechar la nueva norma de eficiencia organizativa para cambiar el panorama”.

En cuanto a la implementación de la norma, todos coinciden en que será muy complicado pasar de un modelo a otro. “Por lo menos necesitaos una vacatio legis de seis meses para lograrlo”, apuntó un procurador. Por su parte otro magistrado mencionaba el periodo de “dos o tres años para pasar de un estado a otro porque el cambio en la justicia va a ser radical”.

Desde Benidorm, donde cerca de 250 jueces reunidos para la XXXVIII Asamblea General de la AJFV, reclaman revisar “la actuación concreta en el caso de Valencia y el motivo por el que no se constituyó la Comisión Judicial de Crisis” desde el primer momento, también se han pronunciado sobre el cambio de modelo en la justicia que plantea Bolaños hacia los tribunales de instancia.

Sergio Oliva, portavoz nacional de esta asociación judicial, explica a Economist & Jurist que “los tribunales de instancia suponen un nuevo modelo organizativo que redunda en una mayor flexibilidad y optimización de los recursos existentes, siempre que se respete la independencia del jue y la función jurisdiccional”. Desde su punto de vista, “siempre que se respete lo anterior, los tribunales de instancia tienen las siguientes ventajas directas: lograr un mejor aprovechamiento de recursos por la flexibilidad que caracteriza el sistema, posibilitando la ampliación del exiguo número de jueces hasta equipararlo a ratios europeas. Al mismo tiempo se supera el decimonónico modelo de partidos judiciales excesivamente fragmentaos”.

Esta asociación judicial hace una valoración “como herramienta positiva de las medidas de resolución alternativas de conflicto que ahora se introducen los MASC en el orden Civil como elemento previo a la vía judicial, si bien hasta ahora han sido varias las leyes que han tratado de implementar de ese modelo con resultados más bien infructuosos”, comenta Oliva.

En este sentido, el portavoz recuerda que “estas medidas requieren de la voluntad de los implicados, lo que choca con la cultura de la sociedad española con clara preferencia por los tribunales. En todo caso, la elevadísima tasa de litigiosidad de los jueces, que pone en riesgo su salud laboral, exige avanzar en las medidas de resolución alternativa de conflicto”.