Nace una asociación para defender los intereses de funcionarios y opositores

Tras sacrificar años de su vida entre cuatro paredes, aislamiento social y estrés constante por las arduas rutinas de estudio, así como vaivenes emocionales, en los últimos tiempos se viene produciendo una constante agravación de la situación de desamparo e injusticia de los opositores, funcionarios de carrera, funcionarios interinos opositores y personal laboral opositor, ciudadanos en general, que luchan por un acceso justo a la función pública, donde se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad, donde se respete la Constitución Española, norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico español.

Con motivo de la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, más de 4.000 opositores, personal laboral opositor, funcionarios interinos opositores y funcionarios de carrera aúnan fuerzas y se constituyen en la Asociación  Defensa Turno Libre, asociación pionera, con la intención de movilizarse y judicializar los actos administrativos que se produzcan en aplicación de esta ley y vulneren sus derechos fundamentales de igualdad en el acceso a la función pública y para ello contratan a Administrativando Abogados, despacho especializado en derecho administrativo y contencioso – administrativo. Al frente de los procedimientos judiciales que defiende la Asociación, se encuentra Antonio Benítez Ostos, Socio Director y Alonso Ramón Díaz, funcionario en excedencia y Of Counsel de la firma.

Antonio Benítez Ostos es director de la sección de Derecho Público de Economist & Jurist

La posible inconstitucionalidad de los actos administrativos que se produzcan en aplicación de la mencionada ley, podría vulnerar, a juicio de la Asociación, los artículos 9.2, 23.2, 86,1 y 103 de la Constitución, así como el artículo 21.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  donde se recogen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. “A nuestro juicio un concurso de méritos a todo aquel que ocupe un puesto temporal desde hace más de 5 años no cuenta con el requisito de excepcionalidad que rige el uso de este sistema de acceso, debiendo ser el sistema ordinario la oposición o el concurso- oposición, así mismo el acuerdo del Gobierno establece para quien no cumpla los requisitos un concurso-oposición con fase de oposición no eliminatoria lo que permitiría que personas suspensas, y que por ende no han demostrado capacidad, traspasarán con la acumulación de méritos por años trabajados a personas con amplios conocimientos y formación en la materia, convirtiendo de esta manera este sistema en otro concurso de méritos en la práctica y vetando de facto el acceso al empleo público a todo aquel que no hubiera trabajado antes en la administración”, reconocen desde la recién constituida organización.

De izquierda a derecha: Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, y Alonso Ramón Díaz, nuevo ‘of counsel’ de la firma. (Foto: E&J)

Además, “esto supondría un agravio comparativo y perjudicaría a los actuales funcionarios de carrera quienes una vez conseguida la plaza se ven obligados a trasladarse miles de kilómetros para ocupar su puesto de trabajo y esperar al oportuno concurso de traslados y a la obtención en el mismo de la puntuación necesaria para conseguir un puesto que facilite la conciliación, mientras que quienes accedan mediante esta funcionarización generalizada contarían con ventajas para obtener puestos de estas características sin haber aprobado (recordemos que en términos de oposición aprobar no implica necesariamente obtener un 5 sino pasar una nota de corte que marca el nivel de los mismos aspirantes),así como dificultaría para estos mismos funcionarios su derecho a la promoción interna la cual han tenido que labrarse en las mismas condiciones, creando un sistema de castas para acceder al derecho a la carrera profesional”, agregan desde la Asociación  Defensa Turno Libre.

Por ello, desde esta asociación, “abogamos por soluciones que aúnen las pretensiones de ambos colectivos, mediante unos procesos justos y equilibrados que garanticen que quien acceda al empleo público lo haga en los términos anteriormente descritos, mediante la figura de oposición o el  concurso-oposición en el cuál la fase de oposición tenga carácter eliminatorio y cuya nota de corte sea marcada por el nivel de los aspirantes, además de una fase de concurso en la que se reconozca el esfuerzo del funcionario interino y su experiencia pero que la falta de ella no sea determinante en aras de la incorporación del talento  a la función pública”.

En la misma línea, reconocen que la temporalidad en el sector público es un problema que “debe ser solucionado” y exigen “que esta solución no merme los derechos de todos los ciudadanos a acceder de manera justa a un empleo público, y que garantice la calidad y profesionalidad de los servicios públicos”.

Por último, no desaprovechan la oportunidad y solicitan que se escuche a la otra cara del problema, “la cara no visibilizada, la cara del opositor que estudia después de una jornada eterna en la empresa privada, con condiciones precarias para conseguir estabilidad, y la cara del funcionario que lleva años a miles de kilómetros de su familia y que ve cómo sus posibilidades de volver se esfuman por esta medida”, concluyen.