Nueva Ley de Víctimas del Terrorismo.

La proposición de ley iba a ser presentada el jueves 24 de junio pero finalmente se retrasó para poder sumar a los once partidos con representación en la Cámara Baja. Esta proposición incluye los siguientes topes máximos para las indemnizaciones (son los que se compromete a asumir el Estado en el caso de que el terrorista se declare insolvente): En el caso de fallecimiento: 500.000 euros; en el caso de gran invalidez: 750.000 euros; en el caso de incapacidad permanente absoluta: 300.000 euros; en el caso de incapacidad permanente total: 200.000 euros, en el caso de incapacidad permanente parcial: 125.000 euros y en el caso de lesiones no invalidantes: 100.000 euros.

En el caso de que la sentencia reconociese una cantidad superior la víctima tendrá derecho a interponer una acción civil contra el terrorista y podrá compensarse la diferencia mediante embargos. La diferencia con respecto a la actual ley es que la Administración Central ya no asumirá toda la indemnización.

Las cantidades mínimas de indemnización establecidas son las siguientes: En el caso de fallecimiento: 250.000 euros; en el caso de gran invalidez: 500.000 euros; en el caso de incapacidad permanente absoluta: 180.000 euros; en el caso de incapacidad permanente total: 100.000 euros y en el caso de incapacidad permanente parcial: 75.000 euros.

Otra de las novedades que plantea la proposición es que reconoce el derecho a reclamar las diferencias a las víctimas que recibieron ayudas o indemnizaciones menores de las que ahora se van a aprobar. Para reclamar dicha diferencia contarán con un año de plazo a partir de de la entrada en vigor de la ley.

La nueva ley de víctimas del terrorismo reconocerá el derecho a todos los herederos de los asesinados a cobrar una indemnización mínima de 250.000 euros en caso de fallecimiento y de 500.000 euros en caso de lesiones que hayan causado gran invalidez, según la tabla de subvenciones incluida en la nueva ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas que se registrará en el Congreso con la firma de todos los grupos parlamentarios. Dichas indemnizaciones podrán ser reclamadas por todos los afectados por atentados desde 1960 aunque no se haya dictado sentencia sobre su caso.