Parte de la Abogacía pide una reforma legislativa para agilizar los procedimientos de desahucio

“La situación es muy grave y no es equiparable a la de los países de nuestro entorno de la Unión Europea”. Así de contundente se ha mostrado Salvador González, decano del Colegio de Abogados de Málaga (ICAMALAGA), refiriéndose a la ocupación de viviendas en España.

El decano ha hecho esta afirmación en la presentación del I Congreso de Ocupación Ilegal de Bienes Inmuebles, que se va a celebrar en la institución malagueña. Salvador González ha estado acompañado por Diego Peláez, presidente de la Comisión Normativa del ICAMALAGA y, vía telemática, por el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez, y por la decana del Colegio de la Abogacía de Mataró (ICAMAT), María Pastor.

De sus respectivas exposiciones ha salido una idea común: la necesidad de un cambio en la normativa que permita dar mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas ocupadas. María Pastor ha resumido las modificaciones en las leyes que deberían ser llevadas a cabo. En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) “para favorecer la desocupación como en el resto de Europa y que en 24 o 48 horas las autoridades puedan desocupar una vivienda”.

En segundo lugar, considera que hay que hacer cambios en el ámbito local para que los Ayuntamientos y las policías municipales tengan mayor protección en lo que se refiere a las desocupaciones. En última instancia, la decana del ICAMAT ha apuntado a cambios en la Ley de Propiedad Horizontal que den a las comunidades de propietarios herramientas para luchar contra la ocupación de viviendas.

Jesús Sánchez, decano del ICAB. (Foto: ICAB)

A juicio de Jesús Sánchez, otra de las normas que tiene que ser objeto de adecuación para combatir este problema es el Código Penal. A este respecto, recuerda que “la ocupación es un delito leve en el Código Penal”. Esto lleva a que “muchos jueces entiendan que para este delito leve no procede dictar medidas cautelares”, por lo que la vivienda permanece ocupada hasta que se celebre el juicio.

Los cambios normativos propuestos tienen entre sus principales objetivos evitar que las mafias hagan negocio y, sobre todo, se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de muchas familias y de la falta de concreción de la Ley. María Pastor ha destacado a este respecto que “los abogados estamos al lado de la ciudadanía vulnerable y ahora también los propietarios son personas vulnerables”. “Queremos vivienda para quien la tiene y para quien no la tiene”, ha rematado la decana.

Al hilo de esta afirmación, Jesús Sánchez ha recordado que la mayoría de las ocupaciones se producen en segundas residencias y que “este es un país en el que la mayor parte de los titulares de vivienda son pequeños propietarios que completan sus ingresos con el alquiler de esas viviendas”, de manera que, cuando éstas son ocupadas, los propietarios sufren un gran perjuicio.

Jesús Sánchez ha defendido que se dote a las familias que lo necesitan de vivienda social, “pero no a cargo de los propietarios”. A este respecto, los abogados apuestan por que la modificación de las leyes se vea acompañada de medidas que ayuden a proporcionar viviendas sociales a las personas que lo necesitan. Unas medidas que, como ha subrayado Jesús Sánchez, “deben tener la correspondiente dotación presupuestaria”, porque si no se quedan en papel mojado.

María Pastor, decana del ICAMAT. (Foto: ICAMAT)

El problema en Cataluña

Sobre la mesa ha sido puesto el problema de ocupación de viviendas que se vive en Cataluña, donde se producen la mitad de las ocupaciones de toda España. Solo en Mataró se llevan a cabo 2,6 ocupaciones al día. Este nivel de ocupaciones está provocando conflictos y la intervención de los tribunales, que están echando para atrás decisiones controvertidas.

Un ejemplo es el caso sobre el que se ha manifestado este mes un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, el cual dio la razón a un promotor inmobiliario que demandó al Ayuntamiento de Barcelona después de que el consistorio le multara por expulsar a unos ocupas de unos pisos de su propiedad.

Los pisos fueron ocupados en el transcurso de la reforma de los mismos, por lo que el promotor encargó gestionar los desahucios del inmueble puesto que, tratándose de ocupaciones ilegales, la normativa le ampara para efectuar los debidos lanzamientos. Los desahucios transcurrieron con éxito y los tribunales de la jurisdicción civil dictaron orden de lanzamiento para los pisos ocupados ilegalmente, procediéndose al lanzamiento judicial de los ocupantes de los inmuebles. Sin embargo, el promotor recibió una sanción del Ayuntamiento de Barcelona por desatender un requerimiento del Consistorio para que éste ofreciera un alquiler social a los ocupantes ilegales.

A pesar de que casos como este muestran el problema que se vive en Cataluña, las ocupaciones de viviendas se están extendiendo por toda España, y según se ha manifestado en esta presentación, empiezan a tener una incidencia preocupante en autonomías como Andalucía, que ya ocupa el segundo lugar en España, o Castilla-La Mancha.

Salvador González, decano del ICAMALAGA. (Foto: ICAMALAGA)

Congreso de ocupación ilegal

Estas y otras cuestiones relacionadas con la ocupación de viviendas van a ser tratadas por el I Congreso de Ocupación Ilegal de Bienes Inmuebles que va a acoger el ICAMALAGA y para el que se han unido los colegios de abogados de Barcelona, Mataró y Málaga. Salvador González ha destacado que durante los días 19 y 20 de mayo se va a poner sobre la mesa el grave problema que supone la ocupación ilegal en España desde todas las perspectivas y se va a abordar “con todo el conocimiento que solo desde la abogacía se puede hacer”.

Con el objetivo de lograr un cambio normativo frente a la ocupación ilegal o delincuencial de inmuebles, se llevarán a cabo ocho mesas redondas conformadas por profesionales y expertos de distintas áreas, entre los que se encontrarán magistrados, abogados, fiscales, alcaldes, representantes de las fuerzas de seguridad, representantes de colegios profesionales, así como la Confederación de Constructores, la Confederación de Empresarios de Andalucía o la Asociación de Promotores de Cataluña, entre otros.