Pilar Llop comparece en el Congreso con la huelga de los LAJs como telón de fondo

Esta octava semana de huelga general de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) sigue sin que haya negociación entre el Ministerio de Justicia y el Comité de Huelga de este colectivo, pese a que todos los operadores jurídicos lo reclaman y siguen creciendo los asuntos suspendidos.

En este contexto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, va a comparecer a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, después de que participara ayer en la cumbre hispano-portuguesa, en la que ha cerrado un acuerdo importante con su homóloga lusa. Se da por descontado que uno de los temas que abordará en su intervención tendrá que ver con la huelga de los LAJS, un paro que hace unos días ante los periodistas calificaba de grave e importante.

En este contexto, los diputados que la interpelarán durante su exposición como muchos de los juristas que sigan su intervención querrán conocer qué plan tiene para resolver este conflicto que está poniendo en peligro la viabilidad de la justicia como servicio público.

La resolución es reclamada con urgencia por todos los agentes implicados en la Administración de Justicia. Tanto el Congreso de los Diputados, en una moción apoyada por la mayoría, como las propias Comunidades Autónomas en la Sectorial de Justicia de Baleares, le pidieron a la ministra que negociara con los LAJs. Pese al compromiso contraído, la negociación no se ha producido por el momento, lo que hace que el conflicto esté enquistado.

Sin embargo, Justicia y LAJs han mantenido un contacto telefónico sobre el decreto de servicios mínimos que es posible que se vuelva a ampliar en su contenido ante las quejas de los ciudadanos que ven como muchos de sus asuntos están paralizados en los juzgados.

Registros civiles casi paralizados

Hace unos días, el Ministerio de Justicia acordó, oído el Comité de Huelga y sin su oposición, aumentar los servicios mínimos en lo relativo al pago de pensiones de manutención de menores y celebración de bodas civiles en el Registro Civil, como señala en su página web. Por otro lado, y hasta que finalice la huelga, en el Registro Civil no se pueden retomar todos los trámites necesarios para casarse.

Es decir, no se pueden iniciar expedientes matrimoniales ni realizar muchos otros trámites relacionados con la boda, como pedir certificados del libro de familia, realizar las capitulaciones matrimoniales (acuerdos sobre el régimen económico del matrimonio) o pedir el certificado de nacimiento.

Solo hay dos vías para sortear esta situación: los matrimonios por la Iglesia católica o ante notario, que es la opción más común entre las personas que acuden a los registros civiles para casarse.

Los registros civiles no están gestionando los trámites necesarios para casarse. (Foto: RTVE)

Existe la opción de uniones ante fedatarios públicos que, aunque pueden costar hasta 600 euros, hasta ahora han sido una alternativa ante las esperas de más de seis meses en muchos juzgados y de más de un año en un templo. Con la huelga, son la única solución para las parejas que quieran casarse, tenerlo registrado y poder disfrutar de los permisos laborales que derivan de los matrimonios. Sin el justificante, no hay empresa que pueda dar vacaciones de luna de miel.

Aunque hay huelga indefinida, en los registros civiles el personal no está de brazos cruzados. Realizan todos los trámites que tienen que ver con los derechos fundamentales, así como los registros de nacimientos y fallecimientos.

Por contra, no expiden nacionalidades, lo que impide que muchos inmigrantes puedan trabajar, ni hacen cambios de sexo mediante una simple declaración administrativa a partir de los 16 años, tal y como marca la recientemente aprobada Ley Trans.

Expectación ante la comparecencia de Llop

La comparecencia de la ministra ha generado bastante expectación entre todos los operadores jurídicos. Se espera que Llop avance algo sobre cómo tiene pensado resolver el parón que está generando la huelga de los LAJs.

Las propias Autonomías, que esperan se cree el grupo de trabajo que el Ministerio prometió para la gestión de la reactivación de la justicia, no tenían noticias de esa intervención porque reconocen que por el momento no hay diálogo con el Ministerio.

Este miércoles se mantuvo la participación de la huelga en el 74%, según datos de los convocantes, -21,07%, según el Ministerio- que ya preparan una concentración este sábado en la sede madrileña del PSOE en Ferraz aprovechando que habrá Comité Federa de este partido.

Mientras, ya son 392.000 las demandas pendientes de reparto; 38.400 en Madrid. Por su parte, los juicios y las vistas suspendidos alcanzan ya los 329.300. Otro dato importante es que son 1.184 millones de euros los paralizados como consecuencia de la huelga. El saldo medio de la cuenta de consignaciones sobrepasa los 6.000 millones de euros.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo de la Abogacía Catalana y decano del Colegio de Manresa, David Casellas, explica a este medio el impacto de la huelga de los LAJs en la comunidad catalana.

David Casellas. (Foto: CICAC)

“Tenemos un contacto continuo con la Sala del Gobierno del TSJ de Cataluña, a través de una comisión mixta que se reúne dos veces al año, aunque las comunicaciones son fluidas. Aquí el Secretario de Gobierno del TSJ es el máximo responsable de los LAJs en Cataluña. La huelga está siendo importante, aunque de impacto desigual. Las quejas que nos llegan son por los asuntos que se suspenden sin avisar previamente al abogado implicado”.

De esta forma, constata que “la huelga ha tenido repercusión escasa en localidades como Manresa o Vic. Sin embargo, se puede decir que en otros partidos judiciales sí que hay un seguimiento importante pese a que no hay datos oficiales. La situación de los LAJS en Cataluña cambia en función de que sean fijos o eventuales. Sin embargo, la situación se alarga y eso genera nerviosismo en nuestros colegiados”, explica Casellas.

Ángel Méndez, decano del Colegio de Abogados de Cartagena se quejaba amargamente en Twitter de la situación desoladora de las salas de vistas del Palacio de Justicia de Cartagena, totalmente vacías a primera hora de la mañana.

Méndez, en declaraciones a Economist & Jurist, mostraba su preocupación por la situación que viven los abogados de esta localidad murciana. “Esto es lamentable, y lo peor es que no hay visos de solución para este problema. Sabemos que hay compañeros que están teniendo problemas económicos porque muchas actuaciones se han detenido. Al mismo tiempo, los clientes ven cómo sus asuntos se paralizan”.

Con los datos que maneja, este decano apunta que la huelga puede estar provocando entre el 87% y el 90% de suspensiones. “Es necesario que ambas partes se sienten y cierren un acuerdo, que ya llega tarde. Así lo hemos pedido desde el Pleno del CGAE”, aclara. También confirma que este viernes habrá otro pleno en Madrid, este presencial, donde entre otros asuntos se volverá a abordar este tema de la huelga de los LAJs.

Por su parte, José Soriano, decano del Colegio de Abogados de Valencia, comparte el malestar que ya han manifestado públicamente tanto Gabriela Bravo, consejera de Justicia, Función Pública e Interior del Gobierno valenciano, como Angels Bisquert, directora general de Modernización de Justicia de la Generalitat valenciana. “Nuestros colegiados nos piden como abogacía institucional que hagamos algo porque la huelga les genera un roto económico importante”, explica Soriano.

José Soriano, decano del Colegio Abogados de Valencia. (Foto: ICAV)

Situación «inaguantable»

Desde su punto de vista, esta situación empieza a ser inaguantable para el colectivo de la abogacía. “Estamos sufriendo los embates de la huelga y pagando desplazamientos inútiles a otras jurisdicciones en vistas que no llegan a celebrarse. Ahora la situación ha cambiado algo, porque en algunos partidos judiciales los LAJs nos señalan a las nueve de la mañana si nuestra vista se va a celebrar o no. El problema es que este tipo de asuntos no se resuelven de forma homogénea, lo que en algunos casos nos ocasiona gastos económicos innecesarios pero que tenemos que asumir”.

Para Soriano, el impacto de la huelga en la Comunidad Valenciana “es evidente que es importante”, pese a que los datos del Ministerio de Justicia muestran un escaso seguimiento. “Sabiendo que el Ministerio apuesta ahora por la mediación y quiere incorporarla a la futura Ley de Eficiencia Procesal, no estaría de más que aceptara que un mediador con experiencia pudiera reconducir este conflicto laboral”:

Para estos decanos, el otro gran problema será el de retomar la actividad cuando se resuelva esta problemática. “Habrá que ver cómo se organiza toda la tramitación de los asuntos que están paralizados, que son miles. Lo peor es que se podría generar un tapón importante, difícil de resolver. Ya se demostró en el verano del 2020 que convertir agosto en mes hábil, por el Covid 19, no ayudaría mucho a reactivar la justicia”.

Los LAJs mantuvieron este miércoles una reunión con Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, a fin de explicarle la situación actual y la postura de este colectivo ante esta negociación frustrada. Estévez, al igual que Victoria Ortega, presidenta del CGAE mantuvieron reuniones presenciales con la ministra Llop hace diez días.