Pilar Llop señala que se reactiva el diálogo con los LAJs y pide a estos un planteamiento más flexible de sus retribuciones

“Nunca hemos roto el diálogo. Queremos llegar a un acuerdo, pero lo que nos plantean los LAJs a nivel retributivo que supondría un incremento de 1.100 euros mensuales en su nómina, no lo podemos asumir”. Así se explicaba esta mañana Pilar Llop, ministra de Justicia, en un receso de las jornadas de Igualdad y Mujer que organiza este Ministerio con motivo del 8M.

En un tono más conciliador que en otras ocasiones, Llop explicó la génesis de este problema “que viene de hace muchos años, nosotros hemos intentado actualizar sus retribuciones, pero ahora con sus nuevos planteamientos se nos dispara a nivel presupuestario. Los cálculos hablan de unos 1.100 euros al mes que es inasumible. Esperamos otra propuesta suya para alcanzar un acuerdo.

El Ministerio, ha explicado, ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha sido rechazada por el Comité de Huelga para unificar determinadas categorías de partidos judiciales para que los letrados que cobran menos, unos 1.900, puedan incrementar sus retribuciones unos 5.000 euros al año.

Ministerio de Justicia (Foto: CNLAJ)

La cláusula de enganche que propone el Comité de Huelga y que supondría que los LAJs cobrasen el 85% de lo que gana un juez “no es viable«, ha dejado claro la ministra, porque supondría un compromiso presupuestario para el ministerio de 61 millones de euros, que «es mucho más» que el dinero que destina el Ministerio a la asistencia jurídica gratuita.

La ministra recordó que cuando ella asumió el cargo se subieron las retribuciones una media de 200 euros más al mes y, además, los presupuestos del Estado de 2023 recogen un incremento del 9,5% en los salarios de los funcionarios públicos para los tres próximos años.

La titular de Justicia ha manifestado que si los letrados argumentan que tienen mucha carga de trabajo, el Ministerio está dispuesto a estudiar este problema para reducirla, pero «ahora mismo la propuesta económica que hacen es inviable para el Ministerio», insistió.

Respecto a la iniciativa del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, de pedir por carta a Angel Gabilondo, Defensor del Pueblo, que medie en el conflicto, que ya dura siete semanas, la ministra prefirió no comentar nada “primero tengo que hablar con los presidentes del CGAE y CGPE, porque abogados y procuradores están siendo muy afectados por el conflicto.

Para la titular de Justicia “esta es una huelga de carácter nacional con repercusiones notables tanto a nivel de operadores jurídicos como de los propios ciudadanos y ciudadanas, de ahí que sea necesario buscar una solución. Los LAJs ocupan un papel clave en la oficina judicial y en el desarrollo del Expediente Electrónico Judicial, pero no podemos asumir las pretensiones que nos plantean”.

Reunión con abogados y procuradores

En cuantos a las reuniones  con Victoria Ortega, presidente del CGAE y Juan Carlos Estévez, del CGPE, entidades que representan a la abogacía y a los procuradores a nivel institucional, Economist & Jurist ha podido saber que las mismas se han celebrado por separado en la tarde de este lunes. La idea de la ministra es la de abordar el conflicto y su impacto con estas entidades y al mismo tiempo buscar vías para reactivar la justicia.

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía. (Foto: CGAE)

A este respecto no se descarta que en la reunión que mantenga con estos dirigentes, pueda sondear la posibilidad de que agosto sea hábil este año de forma excepcional, como ya lo fuera en el verano del 2020 tras el impacto de la Covid en la sociedad española. Como ha adelantado Economist & Jurist, la oposición de abogados y procuradores a esa medida es notable.

Desde el Comité de Huelga se ha seguido con interés esta comparecencia de la ministra de Justicia ante los medios de comunicación, la primera que hace tras siete semanas de huelga si no contamos la que hizo este viernes en la Conferencia Sectorial de Justicia de Baleares. Ahora habrá que ver cuándo se activan las negociaciones y si se llega a un acuerdo lo antes posible ante el deterioro existente de nuestros juzgados, casi paralizados

Un portavoz del mencionado Comité de Huelga ha valorado de forma prudente las declaraciones de Pilar Llop, manifestando que “nosotros queremos un acuerdo y esperamos que el Ministerio nos llame para seguir negociando. La posible presencia de Ángel Gabilondo en una futura negociación no les parece mal porque son conscientes que las posturas son muy diferentes”.

Por el momento, los LAJs mantienen el paro general y convocan una manifestación el próximo 9 de marzo en Madrid con el mismo trayecto de aquella que inició esta huelga general el pasado 24 de marzo, hace algo más de cuarenta días y que partió de la Plaza del Callao para acabar en los aledaños.

El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio«.

Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021″.

En estas siete semanas, las asociaciones convocantes –la Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio de LAJ– han registrado una participación de entre el 85% y el 73%, mientras que el Ministerio ha observado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.