Por 3.140 votos a favor y 939 en contra, la Junta del ICAM ratifica la compra de su sede a la Mutualidad

Después de más de cuatro horas de intensos debates, la Junta Extraordinaria del ICAM, “la más importante en los 427 años de historia de nuestro Colegio”, según su decano, Eugenio Ribón, aprobaba la compra del edifico de Serrano, 9, en Madrid, a la Mutualidad de la Abogacía.

Alrededor de 500 personas llenaban el salón principal del hotel madrileño en el que se celebró el encuentro. Junto a ellos, cientos de abogados y abogadas siguieron el desenlace de esta reunión por streaming.

La operación aprobada, que fue presentada a los colegiados y colegiadas el pasado 7 de junio, responde a un Plan global de innovación, desarrollo y ampliación de espacios del ICAM, que permitirá, entre otras reformas, impulsar la oferta formativa del colegio.

El resultado final de la votación fue 3.140 votos a favor de la propuesta, 939 en contra y cinco abstenciones. De este modo, el acuerdo fue ratificado por el 76,8% de los votantes. En cualquier caso, el número de participantes queda lejos de los 74.000 colegiados que componen la entidad. En el escrutinio se ha incluido el voto delegado, que tal como se preveía fue el que decantó el resultado final.

El ICAM va a pagar 19,1 millones de euros en nueve años, sin endeudamiento y sin subida de cuota para los colegiados, para contar con la propiedad total del edificio (5.630 metros cuadrados), ya que ahora el ICAM ya es propietario del resto.

Eugenio Ribon e Isabel Winkels explicando a los colegiados la importancia de esta operacion. (Foto: ICAM)

El proyecto fue presentado ante esta Junta Extraordinaria por el decano, Eugenio Ribón y la vicedecana, Isabel Winkels que lo enmarcaron como una de sus bazas del programa electoral apoyado en la proyección de un video que explicó el futuro de los dos edificios que ocupa el colegio, el que se compra de Serrano 9 y el vecino de Serrano 11 destinado a un gran centro de formación.

En su intervención, Ribón recordó que el objetivo final era poder tener un colegio útil, al servicio de los colegiados. “Un colegio cercano, abierto a todos los colegiados y colegiadas. Un colegio influyente, con capacidad de hacer oír la voz de la abogacía de Madrid. Un colegio innovador, que no se quede atrás”.

Al mismo tiempo subrayó que “la decisión que os pedimos tomar es imprescindible para avanzar en esa dirección y tener un ICAM más útil, más cercano, más influyente y más innovador”, destacó el decano dirigiéndose a los colegiados.

“Con los nuevos espacios, además, el colegio pondrá a disposición de los colegiados nuevas actividades y servicios, zonas de trabajo y reuniones, además de consagrar los fondos documentales del ICAM, dotándolos de un mayor y mejor espacio”, subrayó Isabel Winkels.

Ambiente tenso

La Junta Extraordinaria, que fue conducida por el secretario general del ICAM, José Ignacio Monedero, fue elevando su tono a medida que intervinieron los abogados y abogadas colegiadas allí asistentes.

En este debate se mezclaron las exposiciones de colegiados que estaban a favor de la operación como elemento para colocar al ICAM como uno de los colegios de abogados de referencia, junto a los detractores que criticaron la forma de convocar dicha Junta y la falta de transparencia en algunos aspectos de la misma. A todas ellas contestó el decano, aunque no pudo evitar que la tensión fuera creciendo hasta el momento final de la votación.

Una votación a mano alzada y que podría abrir la vía en el futuro a la impugnación de dicho resultado, tras oír las intervenciones de es María Andrés Rodríguez y Pedro Feced de ALA y de Miguel Durán, en su momento candidato a las elecciones del ICAM.

Panorámica de la Junta Extraordinaria donde se sucedieron las intervenciones (Foto: ICAM)

Las intervenciones de los miembros de ALA cuestionaron la transparencia de la operación. Feced denunció públicamente la falta de un acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de mayo del 2003 para trasladar a la Junta Extraordinaria la propuesta vinculada de adquirir el resto de Serrano 9 ante la salida de la Mutualidad a otro edificio de la capital de España.

Por su parte, María Andrés Rodríguez, presidenta de ALA, se mostró contrariada ante la forma de gestionarse los tiempos de turno de palabra en esta Junta “no nos han dejado hablar. Se ha coartado la libertad de expresión. Al final, el decano no ha respondido a ninguna de las preguntas que le hemos hecho”.

Desde su punto de vista “creemos que se ha formalizado un contrato sin causa, después de haber escuchado al decano Ribón”. Ahora ALA estudiará en los próximos días las posibles acciones legales que se pudieran derivar de dicha operación donde creen que han quedado algunas cuestiones sin aclarar.

Por su parte, Miguel Durán, que se marchó antes de que concluyera esta Junta Extraordinaria, señalaba a Economist & Jurist que “la operación ofrece muchas dudas. Venía dispuesto a abstenerme, ahora tras lo que hemos oído tengo que pensar cuáles serán estos próximos pasos. Creo además que la oportunidad de celebrarla ahora con el conflicto de los mutualistas abierto no ha sido la idea más acertada”.

También explicó que en su etapa en la ONCE “al final lo que hicimos es integrar nuestra Mutualidad en la Seguridad Social, lo que hace que estos mutualistas estén cobrando una pensión de 2.400 euros. En la abogacía es el momento de plantearse en serio qué se hace con la Mutualidad de la Abogacía”.

Los mutualistas J2 quieren soluciones

Junto a estas exposiciones, tomaron la palaba muchos mutualistas del movimiento J2, creado en redes sociales y que ha unido a mutualistas de toda España ante la situación que viven. Algunos de ellos recriminaron al decano la oportunidad de esta operación en un momento como el actual.

Este colectivo lleva meses demandando que los mutualistas que así lo quieran puedan pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) manteniendo las aportaciones que hayan hecho a la Mutualidad Abogacía durante años en vista de que las pensiones que les ofrece esta entidad apena llegan a los 500 euros tras años cotizando.

Respecto a las quejas de los mutualistas presentes, el decano recordó que ya el 13 de junio, adelantándose a otros colegios, la Junta de Gobierno del ICAM “manifestó su compromiso claro con la defensa de los derechos e intereses de todos sus colegiados/as en este asunto y su preocupación por la inquietud generada y que todos los esfuerzos del ICAM se orientarán a promover una solución satisfactoria”.

Y añadió que “todas las actuaciones del ICAM tendrán en cuenta la diversa casuística de sus colegiados, donde se dan situaciones muy variadas buscando amparar a quienes se sienten perjudicados, pero evitando al mismo tiempo cualquier acción que pueda suponer un perjuicio para otros tantos mutualistas”.

En este extremo tomó la palabra José María Alonso, exdecano del ICAM y consejero de la Mutualidad para explicar que esta operación no se había gestado bajo su mandato y lanzar un mensaje de tranquilidad al auditorio sobre la solvencia de la propia Mutualidad General de la Abogacía.

Debate muy intenso que fue conducido por Jose Ignacio Monedero, secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, en el turno de palabra (Foto: ICAM)

Alonso, micrófono en mano, subrayo su pertenencia a la Mutualidad desde hace 45 años y aclaró que esta entidad gestiona 10.000 millones en activos y dispone de 500 millones de euros en liquidez. “No necesita liquidez y afirmar lo contrario es mentir”, señaló.

Otras de las cuestiones que plantearon los asistentes a esta Junta Extraordinaria fue la oportunidad de la operación en este momento, julio y a las cuatro de la tarde señalando que quizás había cuestiones más importantes que afrontar que dicha compra en estos momentos.

Según se ha sabido, la operación fue tasada dos veces, una por 22 millones y la definitiva por 19,1 millones de euros. En la sala profesionales de Tinsa, la tasadora del inmueble y de Uría Menéndez, que realizó la due dilligence previa a la compra, también fueron preguntados por los asistentes en relación a dicha operación.

Algunos letrados cuando tomaron la palabra recordaron que el vendedor es su propia mutualidad, y mostraron su preocupación porque creen que esta entidad no debería «malvender» su propiedad.

También se preguntó en varias ocasiones si la compra de este edificio de Serrano 9, con su posterior reforma, no iba a suponer algún pago adicional por parte de los colegiados, a lo que el decano volvió a destacar que no supondría coste alguno.

Al término de la reunión, el sentir de la Junta de Gobierno del ICAM formada el Decano Eugenio Ribón, la Vicedecana Isabel Winkels, el secretario José Ignacio Monedero, la tesorera, Lola Fernández Campillo; el bibliotecario, Emilio Ramírez; y los diputados José Ramón Couso, Ana Buitrago, Javier Mata, Mabel Klimt, Teresa Mínguez, Ester Mocholí, Roberta Poza, Juan Manuel Mayllo y Gabriel Rodríguez Leva era de satisfacción por el resultado y por las oportunidades de progreso que abre al ICAM esta adquisición de Serrano 9 en su totalidad.