Por qué la APM se queda al margen del acuerdo entre Gobierno y jueces y fiscales

El acuerdo al que llegaron el pasado jueves los Ministerios de Justicia y Hacienda con asociaciones de jueces y fiscales ha sufrido un duro revés. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que fue la única que no se sumó al acuerdo, ha anunciado que no va a firmar el próximo martes el documento planteado por el Gobierno.

Desde la propia ejecutiva de esta asociación conservadora se justifica este planteamiento en un documento de 11 páginas donde se detalla cómo en estos dos últimos años se ha roto la unidad de acción entre las cuatro asociaciones judiciales.

En dicho documento, la APM muestra su malestar por el cambio de postura del resto de asociaciones judiciales, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente, que se han echado atrás, según la APM, de los planteamientos fijados en febrero de 2022 en una reunión de tres días en Albacete donde las cuatro asociaciones hicieron frente común y advirtieron que la pérdida de poder adquisitivo era del 22%.

La ausencia de la APM de la firma de este acuerdo con la carrera judicial y fiscal es algo con lo que no contaban desde el Ministerio de Justicia, que ahora tendrá que mover ficha, con lo cual no se puede descartar que el mencionado acuerdo se retrase en unos días.

Hay que recordar que esta asociación judicial, presidida por María Jesús del Barco, juez decana de Madrid, representa en estos momentos al 45% de los jueces y magistrados asociados y al 25% del total de la carrera.

Fuentes de la APM explican a Economist & Jurist que la decisión adoptada no ha sido fácil. “Sabemos que es una decisión comprometida y, seguramente, difícil de comprender para algunos, pero lo hemos hecho desde el convencimiento de que es un acuerdo nefasto para todos nosotros, del que nos arrepentiremos pronto y que hiere profundamente y durante mucho tiempo nuestro régimen retributivo”.

Desde esta asociación se insiste en que han mantenido desde el principio de la negociación la misma postura porque sus planteamientos siempre son los de “luchar por la dignidad de la carrera judicial como razón de ser”.

Se rompió la unidad de acción

Desde la propia asociación se insiste en que este es “un acuerdo insuficiente, indigno e inaceptable, que va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces y magistrados de este país y que cuenta para su aprobación con la complicidad y el beneplácito de otras asociaciones judiciales”.

Al mismo tiempo, en el documento elaborado por la APM aducen un agravio comparativo de Justicia y Hacienda, porque tras la huelga de los LAJs, que concluyó el pasado 28 de marzo, los antiguos secretarios judiciales habían logrado una subida del salario que oscila entre un 10% y un 15% y, además, se había hecho fuera de la subida general pactada con los sindicatos para toda la función pública.

Según la APM, su postura en la Mesa de Retribuciones fue “mantener nuestra petición para conseguir al menos un 13% o 14% de subida lineal. Sabíamos, lógicamente, que el Ministerio no iba a aceptar una subida del 18%. No somos ingenuos. Pero estábamos al inicio del proceso de negociación, y después de 20 años esperando la convocatoria de la Mesa de Retribuciones, no parecía razonable asumir la cantidad ofrecida inicial de 44 millones de euros”.

Sin embargo, reconocen que se rompió la unidad de acción en la reunión de la Mesa de Retribuciones del 8 de mayo. “El Ministerio de Justicia elevó la oferta a 46,7 millones de euros, lo que suponía sólo recuperar el 6,5% del poder adquisitivo perdido. Jueces y Juezas para la Democracia la aceptó, pero desde la Asociación Profesional de la Magistratura entendimos que el Ministerio de Justicia no podía ofrecer una cantidad inferior a 74 millones de euros para poder alcanzar al menos una subida lineal del 10%; Francisco de Vitoria hizo una propuesta de 67 millones y la asociación Unión Progresista de Fiscales de algo más de 62 millones”.

Según los cálculos de la asociación, los 46,7 millones de euros que contempla el acuerdo con Justicia no se traducirían en 450 euros al mes. En este sentido, ha explicado que al prorratear los pagos la subida se quedaría entre unos 377 euros y unos 385 euros al mes que se van a satisfacer en tres plazos. «Si a estas cantidades les aplicamos una retención», ha apuntado la APM, las cuentas serían otras: unos 210 euros que ha calificado como «las 30 monedas de plata».

Junto con este acuerdo económico subyace cierta desconfianza de la APM en que el Ministerio de Justicia vaya a cumplir este acuerdo en el que se compromete a convocar a Mesa de Retribuciones, ya no de carácter quinquenal y sí anual.

Una oferta insuficiente

De hecho, recuerdan que “la convocatoria de la Mesa de Retribuciones sólo se ha producido después de interponerse una demanda y, no nos engañemos, cuando el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han tenido sobre la mesa el anuncio de una huelga indefinida de jueces y magistrados. Poco ha importado que la Ley 15/2003 obligue a hacer esta convocatoria cada cinco años.

Así, subrayan que “nos cuesta creer que quien ha incumplido el mandato legal de forma reiterada vaya a asumir ahora el compromiso de reunirnos en el mes de septiembre; no sabemos hasta qué punto puede comprometer este equipo ministerial las actuaciones de mayo de 2024, porque no hay mayor compromiso que el que se establece en la ley, que lo convierte en obligación y que hasta ahora se ha incumplido”.

Aunque seis de las siete asociaciones han aceptado la propuesta 46,7 millones de euros realizada por Justicia y Función Pública, sólo dos de ellas, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ambas de corte progresista, se habían mostrado satisfechas con la oferta desde un principio.

Las otras cuatro -Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— habían manifestado a lo largo de la negociación que «la propuesta no es en absoluto satisfactoria«, que no colma sus «legítimas reivindicaciones económicas y que no atiende las «necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan».

De aquí al martes 23, día en el que previsiblemente está fijada la firma del acuerdo por las seis asociaciones judiciales y fiscales, es evidente que aún pueden cambiar muchas cosas.

Al Ministerio de Justicia le toca valorar si le compensa firmar un acuerdo dejando al margen a la asociación mayoritaria. Y también habrá que estar pendiente de los nuevos movimientos de la APM, donde algunos asociados son partidarios de convocar la huelga general.

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