¿Por qué se quejan los Jueces?

 Durante la segunda mitad del siglo XX, al recuperarse el país de la guerra civil y con ello crecer en población, industria, comercio y servicios, el volumen de litigiosidad ante la Administración de Justicia empezó a aumentar de manera notable y constante, sin que el Estado aumentara paralelamente el número de jueces, magistrados ni los medios materiales y personales para el ejercicio de la función jurisdiccional.
La situación se agravó como consecuencia del gran acierto de nuestra constitución al, por un lado, reconocer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, por otro, remover el obstáculo que la pobreza de algunos ciudadanos podía constituir para hacer efectivo el ejercicio de ese derecho.
Es decir, que a partir de 1978, la población española toma mayor consciencia de su derecho a acudir a los tribunales y de su posibilidad de acceso a la misma a pesar de la insuficiencia de medios económicos para costear los servicios de los profesionales cuya intervención exige la ley, además de suprimirse entonces las antiguas «tasas judiciales».
Ello disparó el aumento del volumen de trabajo en los juzgados y tribunales, sin que el Estado tampoco entonces dotara los presupuestos generales con las partidas correspondientes para aumentar la plantilla judicial y todo lo que ello comporta.
Desde los años 80 los jueces y magistrados han estado denunciando ante su órgano de gobierno, el CGPJ, la lamentable situación en que se ven obligados a desempeñar su trabajo, que consiste en ejercer la responsabilidad de un poder del estado y de la función jurisdiccional, determinando, nada menos que el derecho aplicable al patrimonio y a la libertad de las personas.
Lo que ahora reivindican los Jueces, lo han reivindicado durante los últimos casi 30 años de una manera formal, escrita, pacífica, intentando que el ciudadano y el justiciable no tuvieran consciencia del caos del poder judicial, para salvar la imagen del estado ante ellos.
Cuando el Juez Rafael Tirado ha sido víctima, ya no de una sanción por parte del CGPJ, que de esas hay muchas cada año y nadie se alarma, sino de un vergonzoso linchamiento político y mediático responsabilizándolo demagógicamente casi del asesinato de «Mariluz», el colectivo judicial no ha podido aguantar más y ha decidido «salir del armario», sacar a la luz pública aquello que hasta ahora ha venido reclamando silenciosa y pacientemente.
Ojala a los jueces se les hubiera acabado la paciencia hace 20 años y hubieran dejado de comportarse como súbditos del poder ejecutivo entonces, hoy la justicia estaría mejor.
Pero, a mi juicio, más vale tarde que nunca, así que bienvenida la rebelión judicial y esperemos, que con ella, la mejora de la justicia.
No podemos seguir con 9 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea, también deficiente, está en 16 y la alemana en 24. Ni podemos seguir con jueces mal pagados por la importante función que tienen en el Estado, por su gran responsabilidad personal en su actuación y por el tiempo que dedican a la función pública que ejercen.
Por Alexandre Girbau. Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho procesal de la U.B.