¿Qué opina la abogacía del creciente acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas?

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, de los 184 presos de ETA que aun cumplen condena en nuestro país, 145 se encuentran en centros penitenciarios del País Vasco o de provincias cercanas. En particular, desde que en septiembre de 2018 se comenzase a informar oficialmente de los traslados, el actual Gobierno ha aprobado 277 traslados de etarras, de los cuales 207 se consideran acercamientos.

Como es sabido, cumplidos los diez años desde que ETA anunciase en el diaria Gara el “cese definitivo de la actividad armada”, desde el pasado 1 de octubre, el Gobierno Vasco ya asume funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de las Instituciones Penitenciarias que se ubican en su territorio -los centros penitenciarios de Bilbao, San Sebastián, Nanclares de la Oca y Álava-.

Tres miembros de ETA encapuchados durante la lectura de una declaración. (Foto: EFE)

Este traspaso de competencias, no exento de tensiones y disputas, viene a formalizar uno de los puntos del pacto entre el PSOE y el PNV para que el segundo aceptase la investidura del actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, ese apartado establecía el compromiso de completar los traspasos de las competencias del Estatuto de Gernika de 1979. De hecho, el literal del apartado 14 del art. 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en la “Organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”.

Bajo tal argumento, tanto el Gobierno de la nación como el autonómico han tratado de desligar este traslado de Prisiones con la situación de los presos de ETA. En este sentido, han subrayado, de forma reiterada, en que la legislación penitenciaria seguirá correspondiente al Gobierno español y en que las decisiones que se puedan adoptar tendrán que ser sometidas previamente a la supervisión y aprobación de los jueces de vigilancia penitenciaria.

La abogacía opina

¿Es usted partidario de que el diálogo político entre el Gobierno y la izquierda abertzale conduzca a beneficios penitenciarios para los presos de ETA? En un escenario de superación del terrorismo de ETA, ¿es partidario de mantener la integridad de las condenas, tal y como exigen los colectivos de víctimas del terrorismo? ¿Considera lícita la excarcelación de etarras como medio para obtener réditos políticos? ¿Es partidario de que el Estado central transfiera determinadas competencias en materia penitenciaria a las Comunidades Autónomas?

Bajo el anterior guion, E&J te invita a participar en una nueva encuesta compuesta por diez preguntas, nueve de carácter cerrado y una última de carácter abierto en la que ofrecemos al participante a evaluar del 1 al 10 la actual política penitenciaria del Gobierno.

Por último, anticipándote de que su respuesta anónima únicamente te supondrá un par de minutos, E&J estima de gran valor conocer de primera mano cuál es la postura de la abogacía frente al progresivo acercamiento de presos de ETA a cáceles vascas o a territorios cercanos.

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