¿Qué opinan jueces y fiscales sobre atribuir a la Fiscalía la investigación de las causas penales?

La mayoría de las asociaciones de jueces como de fiscales afirman que «no es el momento adecuado para atribuir a la Fiscalía la investigación de las causas penales». 

Esto sostienen la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Sin embargo, no opinan lo mismo la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Responsables y portavoces de estas cinco asociaciones explican en Economist & Jurist las razones de su posicionamiento. 

Para Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, «antes de plantearse la reforma del proceso penal en España es imprescindible regular un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), en el que de manera inequívoca se abogue por la independencia del Ministerio Público respecto del Poder ejecutivo».

Independencia «no solo en lo referente al mandato del fiscal general del Estado y su desvinculación con el cese del Gobierno que lo nombra, también a nivel económico y reglamentario», precisa Dexeus.

Cristina Dexeus, presidenta de la AF.(Imagen: Rosalina Moreno/E&J)

La AF subraya que «es necesario que haya transparencia en las relaciones del fiscal general con el Ejecutivo», y para ello ve esencial que las comunicaciones entre ambas instituciones «deberán constar por escrito», y que elimine la posibilidad de que el FGE pueda ser llamado al Consejo de ministros».

Además, la Asociación de Fiscales reivindica un Estatuto «que conceda al Consejo Fiscal la relevancia necesaria para ejercer de contrapeso al poder del fiscal general del Estado, y contemple un Estatuto propio del fiscal general».

Asimismo, reclama abordar «un estudio serio sobre los medios personales y materiales precisos para atender las nuevas funciones que la atribución de la investigación penal supondría para los fiscales y en función de ello proceder a la necesaria ampliación de plantilla». 

«Con ello se evitarían las reformas low cost o a coste cero», indica. Y «todo ello con carácter previo a la reforma procesal y con el fin de dotar al Ministerio Fiscal de herramientas estatutarias y medios materiales imprescindibles para asegurar la neutralidad de la institución y recuperar la imagen de imparcialidad actualmente dañada», apunta.

Dexeus sostiene que «es indispensable ofrecer garantías suficientes para que la ciudadanía confíe en el Ministerio Fiscal y en su capacidad para investigar delitos», y afirma que «para eso es imprescindible que se garantice la independencia de la Fiscalía respecto del Ejecutivo». 

En el mismo sentido se pronuncia Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), quien afirma que para que el Ministerio Fiscal pueda asumir la instrucción de las causas penales, tal y como parece proponer el Gobierno con el anuncio de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), «primero es necesario conseguir la independencia del Ejecutivo, y en segundo lugar, reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal blindando al fiscal del caso de la propia estructura jerárquica de la institución».

Miguel Pallarés, presidente de la APIF. (Imagen: E&J)

Pallarés señala que «la APIF siempre ha defendido que los fiscales en España están sobradamente preparados para llevar la instrucción de los delitos», pues «de esta forma nos acercaremos a los países de nuestro entorno». No obstante, manifiesta que «hoy, tal como estamos en el EOMF, no es posible asumir está función porque no está garantizada la independencia de los fiscales».

Para ello, sostiene que «es necesario desanclar al fiscal general del Gobierno, convirtiéndolo en auténtico fiscal general del Estado, así como blindar al fiscal del caso, haciéndolo independientemente hasta de la propia institución». Asimismo, según APIF, «hay que suprimir las órdenes concretas, revisar la avocación y la sustitución de fiscales».

En cambio, desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la Carrera Judicial, siempre «han defendido y van a seguir defendiendo que la instrucción de las causas penales corresponde al juez de instrucción», según declara su presidenta, la magistrada María Jesús del Barco.

«Y ello porque entendemos que es la única forma de garantizar la independencia e imparcialidad y neutralidad en la investigación de las causas penales, que se investiguen aquellos hechos que revisten caracteres o apariencias de ser constitutivos de delito y ello con independencia de quien sea la persona investigada y que aparezca como presunto autor del delito», argumenta. Y así lo consideran «por diversos motivos».

La magistrada María Jesús del Barco, presidenta de APM y decana de los jueces de Madrid. (Imagen: María Jesús del Barco)

En este sentido, indica que «nuestra Constitución habla de la independencia de los jueces, no habla, sin embargo, de una independencia del Ministerio Fiscal. La Fiscalía actúa en un régimen de jerarquía y en la cabeza de esa cúspide está el fiscal general del Estado, que de acuerdo con la Constitución, es nombrado por el Rey, pero a propuesta del Gobierno». 

«Por tanto, existe una estrecha vinculación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, que va más allá de una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», señala Del Barco.

Añade que «si esto ha sido patente en otras ocasiones, ahora se pone de manifiesto cada día». «Lo vimos cuando se nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado, que pasó de ser ministra de Justicia a fiscal general, algo que nos ha sido recriminado por la Comisión Europea en su informe sobre Estado de Derecho. Pero, además, en los últimos tiempos estamos viendo cómo el propio presidente del Gobierno habla de su fiscal al referirse al fiscal general del Estado», indica.

María Jesús del Barco destaca que «en los últimos tiempos los ciudadanos pueden sospechar que la Fiscalía quizá no esté actuando con los principios de legalidad o de objetividad». «Hablo de la cúpula de la Fiscalía, no de los fiscales, que cada día desempeñan su labor con absoluta responsabilidad», manifiesta la presidenta de la APM, y hace hincapié en que «cualquier duda sobre la independencia de la labor del Ministerio Fiscal sembrará dudas sobre la instrucción que realice el fiscal». «Por tanto, nuestro rechazo absoluto a ese cambio en la legislación», sentencia. 

Muy al contrario opina Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que considera que «atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal, con algunas medidas complementarias para mejorar su Estatuto, es un avance que modernizará el proceso penal español, superando una concepción inquisitiva poco acorde con las garantías que deben presidirlo», según declara el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del secretariado de esta asociación.

Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. (Imagen: E&J)

Esta asociación afirma que «el cambio de la responsabilidad de investigación del delito permitirá distribuir correctamente los papeles, reservando al poder judicial el control del proceso y las garantías e indemnidad de los derechos de quien sea objeto de la investigación penal». 

«Pasar del juez instructor al juez de garantías, reservando al fiscal y otras acusaciones la labor de poner de manifiesto que hay fundamento suficiente para sostener una pretensión punitiva, refuerza la función judicial, evitando la imposible conciliación entre la voluntad acusadora y la imparcialidad, como viene insistiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», señala el magistrado Edmundo Rodríguez.

Subraya que «al juez no corresponde sostener la acusación, sino constatar la seriedad de los indicios que justifican la apertura del juicio oral y la adopción de medidas cautelares que reclaman las acusaciones, ya sea una intervención telefónica, entrada y registro, secreto de las actuaciones o preconstitución de prueba». 

JJpD destaca que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal «debe desterrar querencias inquisitivas y apostar por un sistema acusatorio en el que el juez decide si es procedente someter a quienes se investiga al proceso penal, pues se le presentan los resultados de una investigación cuya seriedad tiene que ponderar». 

Y «la Fiscalía, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el resto de acusaciones, plantearán la pretensión, y el juez será quien garantice que es procedente la apertura del juicio oral y la adopción de medidas cautelares que suponen restricción de derechos fundamentales, particularmente en el caso de la prisión preventiva, como ya avanzó la Ley del Jurado en 1995». 

Edmundo Rodríguez señala que «desde entonces se han dado pasos para evitar que un mismo juez pueda instruir, juzgar y sentenciar, mediante la separación de la facultad instructora de la enjuiciadora y la imposibilidad de que se acuerden de oficio medidas tan graves como la privación de libertad» y sostiene que «ahora hay que dar el definitivo, propiciando que la dirección de la investigación y ejercicio de la acción penal pública correspondan a la Fiscalía, lo que podría mejorar las tareas de investigación criminal, la calidad del proceso y la garantía de los derechos de quienes son investigados».

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha mantenido siempre «la necesidad de la adopción de modelo de proceso penal puramente acusatorio, con la consiguiente atribución de la investigación penal al fiscal», como recuerda su portavoz Fernando Benítez Pérez-Fajardo. Así lo han reflejado en las conclusiones de sus dos últimos Congresos. 

Fernando Benítez Pérez-Fajardo, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. (Imagen: Cesión propia)

Para ello, la UPF considera que «habría que adoptar las reformas estatutarias y legales imprescindibles que garanticen la imparcialidad del fiscal investigador, principio constitucional al que la Carrera Fiscal está plenamente sometido».

A juicio de esta asociación de fiscales, «no existe circunstancia alguna que impida esa imprescindible transición, al ser el modelo más acorde con la Constitución Española y el reparto de funciones que la misma diseña, además de el adoptado por la mayoría de los países de nuestro entorno democrático, siendo también el más respetuoso con el derecho de defensa».

Según Sergio Oliva, portavoz nacional de AJFV, atribuir a los fiscales la investigación de las causas penales también «se requiere, como paso previo absolutamente indispensable, reforzar las garantías de independencia de la Fiscalía». 

Esto «implica una modificación de su Estatuto Orgánico, que permita una desvinculación absoluta del resto de poderes del Estado y el establecimiento  de mecanismos que aseguren su autonomía e independencia de criterio frente a presiones internas y externas», según explica.

AJFV subraya que «sólo con una estructura fiscal suficientemente robusta, que exige doblar la plantilla actual de fiscales, y con las condiciones adecuadas de independencia y autonomía podrán enfrentar los desafíos de la instrucción sin comprometer la confianza ciudadana en la administración de Justicia».

Sergio Oliva, portavoz nacional de AJFV. (Imagen: Archivo)

Por su parte, el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, emplaza a que nos preguntemos «por qué se han intensificado de un tiempo a esta parte las propuestas para atribuir la investigación criminal a la Fiscalía». 

Señala que «aunque es una aspiración que viene de antiguo –de hecho, era una idea del tardofranquismo– la corrupción que afecta a buena parte del estamento político ha reavivado el debate» y «los políticos corruptos tendrían más oportunidades de salir indemnes si el director de la instrucción, en vez de un órgano ‘independiente’, como son los jueces actuales, fuese ‘autónomo’, como son los fiscales actuales».

«Siempre que haya alguna conexión, directa o indirecta, entre la investigación criminal y la política, por remota o difusa que fuere, los delincuentes que posean contactos con la política gozan de una esperanza de influir en su resultado», advierte este magistrado. 

Y señala que «en realidad, no es tan importante que instruyan jueces o fiscales, sino que, quien lo haga, sea completamente independiente, sin concesión de clase alguna». 

«La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial elaboró una propuesta al respecto, accesible en este enlace«, recuerda Villegas.

Y concluye señalando que «es cierto que en otros países investiga el Ministerio Público, pero con menos garantías e independencia que en España, por lo que no hemos de importar modelos de menor calidad técnico-jurídica que el nuestro». 

Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. (Imagen: Archivo)

Foro Judicial Independiente (FJI) se opone a que se atribuya al Ministerio Fiscal la instrucción de los delitos. Esta es la postura acordada en el XIV Congreso celebrado en Cuenca en 2017. Y muestra su oposición, según explica su presidente, el magistrado Fernando Portillo, «debido al riesgo de injerencias políticas». «Un riesgo que hoy día parece que es mucho más evidente que entonces», apunta.

Portillo manifiesta que «los males de la justicia española son muchos, pero uno de ellos no es una deficiente instrucción de los delitos, entendiendo por ‘deficiente’ ineficaz (en la averiguación del delito y su autor) y/o falta de garantías». 

Además, este magistrado declara que «el Ministerio Fiscal dista mucho de ser el modelo de eficacia que algunos pretenden vender a la opinión pública: la falta de medios personales y materiales de la propia Fiscalía, su opacidad interna, la verbalidad de muchas órdenes que se dan en su seno, la dificultad de oponerse a ellas por los fiscales debido a la dependencia laboral de estos a sus jefes».

No obstante, señala que «con una elevada preparación técnica, los fiscales están igual o incluso mejor preparados que los jueces para llevar a cabo la instrucción de los delitos», y que lo que hace es «una crítica al sistema». 

Portillo considera que «aunque se dan muchas razones para cambiar al juez por el fiscal instructor, realmente lo que se atisba en el interés de muchos por este cambio de modelo es que el poder político pueda dar instrucciones a la cúpula fiscal y que éstas se filtren hasta los fiscales de base». «Con ello se buscaría poner coto a uno de los escenarios que más intranquilidad causa al poder político pero al que actualmente no puede llegar porque le está vedado: la instrucción de los delitos de corrupción por un juez independiente», advierte.

Y añade que «la prueba de ello es que muchos de los que quieren este cambio no suelen acompañar esta pretensión con reformas de su Estatuto Orgánico que doten al fiscal instructor de mayor independencia y autonomía (como pudieran ser la desaparición de las instrucciones particulares, la eliminación de las órdenes verbales, la inamovilidad del fiscal que está investigando un asunto, la abstención/recusación del fiscal, etc.)», sino que «solo piden cambiar a uno por otro, y ya está».

Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente. (Imagen: Archivo)