Rechazo de las asociaciones de jueces y fiscales al fin de la acusación popular: «Viola la Constitución y facilitaría la impunidad»

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales rechazan la proposición de ley orgánica del PSOE denominada «de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas».

Una iniciativa ha sido presentada como proposición de ley, cuya tramitación permite eludir informes de órganos consultivos como son el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.

Los responsables y portavoces de las asociaciones que representan a la Carrera Judicial y Fiscal explican en Economist & Jurist las razones de su posicionamiento, al igual que recientemente también se pronunciaron sobre la atribución a la Fiscalía la investigación de las causas penales.

A la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la Carrera Judicial, le «preocupa» enormemente la iniciativa del PSOE, que considera «un nuevo ataque a nuestro Estado de Derecho», por lo que ha pedido a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que intervengan. 

«Esta proposición, de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción (malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsificación, blanqueo de capitales…), favoreciendo su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinadas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas», declara la presidenta de la APM, la magistrada María Jesús del Barco.

Sostiene que esta reforma «vacía de contenido la acusación popular, regulada en el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas».

La acción popular está prevista en el artículo 125 de la Constitución como derecho de los ciudadanos e implica la posibilidad de formular acusación distinta e independiente de la posible acusación pública del Ministerio Fiscal y la acusación particular de las personas o entidades perjudicadas por la comisión de un ilícito penal.

María Jesús del Barco, presidenta de la APM. (Imagen: APM)

Además, señala que esta proposición de ley «pretende la inclusión de una nueva causa de abstención/recusación de jueces y magistrados», lo que «sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de nuestra independencia e imparcialidad se tratara, básica para la confianza de los ciudadanos en la Justicia». «Sin embargo, parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica«, advierte.

Esta iniciativa «viola el artículo 125 de la Constitución, pues las limitaciones a las que la somete vacían su contenido esencial», declara también Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ). 

«Con ser muchas las indebidas restricciones que introduce, lo más significativo sea que impide a los acusadores particulares proponer actos de investigación y acceder al expediente judicial durante la instrucción, con lo que queda degradada casi al nivel de un elemento decorativo«, critica.

Villegas destaca que «se entiende, entonces, que se pretenda su aplicación a los procesos penales en curso, puesto que facilitaría la impunidad de los delincuentes implicados en casos de corrupción, máxime en unos momentos en los que la cúpula de la Fiscalía está bajo la sospecha de connivencia criminal con  el poder político».

Además, denuncia que la norma «aspira también a coartar la libertad de expresión de los jueces y el valor procesal de las noticias de prensa, lo que asesta un golpe letal al periodismo de investigación». 

«En suma, es una degradación de la calidad democrática que nos desliza por la pendiente del totalitarismo«, declara. 

El magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. (Imagen: PCIJ)

Para Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), es «un acierto» la derogación del delito de ofensa a sentimientos religiosos del artículo 525 del Código Penal que también plantea esta PL, «garantizando así plena libertad de expresión». En cambio, afirma la regulación de la acusación popular afirma que «debería realizarse en el anunciado proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir». 

«Exigir rigor al admitir denuncias o querellas, que no pueden basarse en simples informaciones periodísticas, ya lo exige la jurisprudencia, de modo que se convertiría en ley lo que dice el Tribunal Supremo», indica el portavoz de JJpD. 

Sin embargo, esta asociación considera «desacertado excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta clase de acusación participe en la fase de instrucción, limitándose al juicio oral», y subraya que «debe garantizarse que la acusación popular tenga plenos derechos procesales»

JJpD también está disconforme con «incluir una nueva causa de abstención y recusación de la judicatura por realizar públicamente declaraciones a favor o en contra de partidos, sindicatos o asociaciones». A este respecto, Edmundo Rodríguez destaca que «la judicatura también es ciudadanía y es libre de opinar, aunque debe hacerlo con prudencia, para evitar comprometer la imagen de imparcialidad judicial».

Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia. (Imagen: E&J)

«Lo que se pretende con esta iniciativa es limitar la actuación de la acusación popular en procedimientos penales relativos a corrupción vigentes, que tienen nombre y apellidos. Entre ellos, la causa contra Puigdemont«, asevera también Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal.

Además, pone el foco en que «el momento en que se presenta es particularmente llamativo, precisamente cuando hay investigaciones penales abiertas por la actuación de acusaciones populares», en clara alusión a las investigaciones penales que afectan a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, así como al PSOE y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Dexeus subraya que el nombre de la iniciativa «no responde a la realidad de la justicia española», y critica también para esta propuesta el PSOE «utiliza una técnica legislativa, la de la proposición de ley, para evitar, conscientemente, recabar los informes técnico jurídicos del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial». 

«No se justifica el motivo de la diferencia de trato procesal entre acusación particular y la acusación popular; y la disposición transitoria única refleja claramente la finalidad de la ley al establecer su aplicación retroactiva a los procedimientos en curso», precisa Dexeus, haciendo hincapié en que «la regla en Derecho procesal es la irretroactividad de la norma: las normas procesales se aplican a futuro, a partir de su publicación en el BOE, nunca con carácter retroactivo». 

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. (Imagen: E&J)

«Si bien la acusación popular, prevista en el artículo 125 de la Constitución, es una figura que no existe en otros países, en delitos de corrupción, especialmente política, ha tenido logros importantes, por lo que no se puede denostar a la acusación popular», recalca.

A la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) le afecta de forma directa esta iniciativa el PSOE, ya si entra en vigor tal cual, les expulsa del procedimiento contra el fiscal general. «La regulación debe ser respetuosa con el derecho que regula y que reconoce el artículo 125 de la Constitución«, se limita a decir Miguel Pallarés, presidente de la APIF.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también defiende la institución de la acción popular, «una institución consagrada en la Constitución, cuya finalidad es fomentar la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia y que ello traiga como consecuencia la dinamización de la Justicia». 

Félix Martín, portavoz de UPF, recuerda que ya con ocasión del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2020, «donde se establecían serias limitaciones nominativas, entre otros a partidos políticos, sindicatos, así como a otros entes y organizaciones», la UPF y también el Consejo Fiscal, el órgano democrático representativo de los fiscales, por unanimidad, manifestaron que no estaban de acuerdo con «esas restricciones nominativas». 

Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. (Imagen: E&J)

No obstante, la UPF observa en la actualidad «abuso en muchas ocasiones en determinadas acusaciones populares». Una situación que le «preocupa». 

«Ante esto, los fiscales lo que necesitamos son dos cosas: una, que la ley establezca medios que permitan a las partes y, en especial, por su importancia, al Ministerio Fiscal, denunciar esos abusos para expulsar a las acusaciones populares que utilicen de manera torticera para instrumentalizar el proceso para servir determinados intereses, sean estos los que sean«, precisa Martín.

La otra cuestión es en relación a los partidos políticos. La UPF declara que en algunas ocasiones ha habido partidos políticos o determinados sindicatos ejercitando la acusación de una manera adecuada para tratar de denunciar determinadas conductas delictivas, si bien hace un llamamiento a las formaciones políticas «a la sensatez, la prudencia, el respeto a la profesionalidad de la Justicia y para que no acudan a la institución de la acción popular para torpedear el ejercicio de la Justicia o para instrumentalizar políticamente la Justicia». 

«Son los partidos políticos los que tendrían que ser los primeros responsables en no caer en estos abusos», sentencia. 

Félix Martín, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. (Imagen: UPF)

Para Sergio Oliva Parrilla, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), «el contenido de la proposición de ley, tal y como está redactada, generará determinados espacios de impunidad y vaciará de contenido real la figura de la acción popular», por lo que también declara que «parece ir en contra de la propia Constitución».

Además, critica que «la técnica legislativa elegida parece estar conscientemente diseñada para determinados casos concretos, huyendo de la vocación de generalidad que toda ley debe tener por definición. Los trajes a medida nunca han sido una buena idea, especialmente cuando eso implica limitar derechos de la ciudadanía».

Asimismo, AJFV advierte que «incitar a la desconfianza generalizada hacia el Poder Judicial por razones políticas o ideológicas no solo debilita su legitimidad, sino que también crea un ambiente de inseguridad social». «La Justicia debe mantenerse independiente de los intereses partidistas y ser vista como una institución seria y confiable», concluye Oliva. 

Para Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), «no se ve qué justificación tiene la reforma que se propone, como no sea, vista esa disposición transitoria que también prevé, afectar a los procesos en curso que inquietan al Partido Socialista». 

Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. (Imagen: Archivo)

«De hecho, dada la redacción de la proposición —que también se inventa una causa de recusación de jueces que lamina nuestra libertad de expresión y que, además, busca prohibir los procesos penales que comienzan con lo que, despectivamente, se conoce como ‘recortes de prensa’—, es evidente que la misma nace pensando en casos que tienen nombres y apellidos, y que lo que subyace es el propósito de que se archiven. Conscientes en este partido de que los jueces nos debemos al imperio de la ley, y sólo a ésta, dado que no les está gustando lo que los jueces están decidiendo, han decidido cambiar la ley y así conseguir lo que pretenden en esos procesos, que se les ponga fin», razona este magistrado.

AJFV y FJI han publicado un comunicado conjunto en el que advierten «de los riesgos de espacios de impunidad: Si una Fiscalía que no es independiente se niega a acusar en procesos de corrupción que afectan al ejecutivo, sin acusación popular no habrá más alternativa que el archivo».

Ambas asociaciones han solicitado reuniones con los portavoces de Justicia de los grupos parlamentarios «para explicar las gravísimas consecuencias que la aprobación de la Ley puede suponer para nuestro Estado de Derecho».

Portillo comparte la opinión de UPF de que «ha habido abusos en el ejercicio de la acción popular», pero remarca que «esos abusos han venido sobre todo de los partidos políticos y su entorno, que han usado la acción popular para hacer daño al rival político, por puro interés partidista». 

Entiende que «prohibirles a éstos, sus instituciones y fundaciones afines el ejercer la acción popular es una buena medida. Y, sobre todo, una medida suficiente», pero, a su juicio, «no es necesario, como hace la proposición del PSOE , estrangular más su ejercicio». «De hecho, los límites que proponen los socialistas a tres bandas —quiénes pueden ejercer la acción popular, respecto de qué delitos y, sobre todo, con un ejercicio muy limitado— convierten a la acción popular en un adorno de nuestro ordenamiento porque, en la práctica, no servirá de nada y supondrá dejar el monopolio de la acción penal en el Ministerio Fiscal», agrega. 

Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) y magistrado decano de los juzgados de Melilla. (Imagen: Fernando Portillo)

El presidente de FJI avisa que «la salud democrática de un país se resiente si, como es el caso, se quiere utilizar el instrumento de la soberanía nacional, la ley, no con fines generales, sino para afectar a procesos concretos de personas concretas, procesos que inquietan a quien, precisamente, propone esa reforma legal». 

«Es usar la ley para tratar de lograr la impunidad, una especie de ley de amnistía 2.0, si se me permite el paralelismo», dictamina Portillo, recordando que el sentido de la existencia de la acusación popular es «que las instituciones y poderes del Estado no tengan el monopolio de la acción de la justicia penal, permitiendo a los ciudadanos intervenir directamente, aunque no tengan interés en el asunto más allá del loable propósito de pedir el cumplimiento de la ley y el castigo al delincuente».

«Se trata, en definitiva, de democratizar el acceso a los tribunales, que la Justicia tenga también en cuenta la voz de la sociedad civil. Y, también, como un modo de dotar de transparencia y controlar la actividad de la acusación pública, de la Fiscalía, en un país como el nuestro en el que, como puede verse últimamente, el poder Ejecutivo la considera un apéndice suyo», zanja.