Universidades y estudiantes se pronuncian sobre el RD-ley 28/2018 en relación a las prácticas académicas

Tras la reciente aprobación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre donde se establece la obligación de cotizar prácticas académicas, desde CRUE se han mostrado en desacuerdo a la falta de diálogo previo a la normativa por parte del Gobierno

La CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ha emitido un comunicado esta semana lamentando la nueva medida establecida por el Gobierno: la obligación de cotizar las prácticas externas en para el Régimen General de la Seguridad Social.

A través del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo se estableció dicha obligación dentro de la ‘Disposición adicional quinta’. Hasta ahora, la cotización sólo era obligatoria cuando el estudiante cobraba mientras que si eran prácticas curriculares considerándose una asignatura estaban bonificadas al 100%.

Aun así, ya habían mostrado su desacuerdo a través de la red social Twitter el pasado 4 de enero. Publicaron un tuit donde expresaban la falta de diálogo previo para abordar esta cuestión, solicitando una de forma urgente. Entienden que aunque es bueno que la se reconozca “el valor de las prácticas académicas y que estas computen a los estudiantes como periodo de cotización a la Seguridad Social”, la forma de llevarlo a cabo ha sido inadecuada.

Desde la Comisión, solicitan una mesa de diálogo entre las universidades y el Gobierno para desarrollar la nueva normativa y buscar soluciones a los problemas que puedan darse. Advierten que uno de los peligros que pueden darse es que también tengan que cotizar los estudiantes en prácticas que no obtengan alguna remuneración por ellas.

En dicho diálogo también solicita unirse la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Asimismo, ha emitido un comunicado donde ha valorado positivamente el Real Decreto pero advierte la necesidad de cuantificar la inversión que se va a necesitar para poder implementar la normativa para evitar un impacto negativo, en especial en las carreras donde las prácticas no son obligatorias.