Red Abafi denuncia que el consumidor solo tiene la vía de la judicialización para defender sus derechos

Red Abafi celebró hace unos días su Asamblea General en Madrid en un formato hibrido presencial y online que permitió que los 22 despachos asociados en toda España estuvieran presentes para abordar la nueva estrategia para los próximos años. Creada en 2016, se ha focalizado en la defensa de particulares y empresas dentro del ámbito del derecho bancario, civil y mercantil a nivel nacional.

Esta entidad eligió a los abogados Rafael López, con despacho en Córdoba, y Almudena Velázquez, con despacho en Madrid, como nuevos presidente y CEO de esta agrupación. La red denuncia la judicialización que sufre el consumidor y la falta de medios de la Justicia. Sólo en el 2023 entraron 7 millones de asuntos, según datos del Consejo General del Poder Judicial: “Faltan medios, juzgados y profesionales”, aclaran estos profesionales.

Al mismo tiempo, el Comité Ejecutivo queda formado, además de por Rafael López, como presidente, y Almudena Velázquez, como CEO; por Azahara Pozo, como vicepresidenta; Javier Gómez, secretario; Cristina Muntañola, como tesorera; y por Cristina Borrallo y Fernando Zorita, los vocales de contenido.

Sobre el valor añadido que puede aportar Red Abafi, el nuevo presidente de esta agrupación explica que entienden “el Derecho como una labor colectiva en la que diversos actores contribuyen al desarrollo y evolución del sistema legal. Red Abafi de Abogados y Economistas ofrece una diferenciación propia en un escenario legal que, efectivamente se encuentra saturado, sobre todo en los últimos años a raíz del incremento de la litigación frente a entidades financieras y aseguradoras”.

“Y es que nuestra Red se destaca, precisamente, por reunir a los profesionales pioneros en derecho bancario, financiero, de seguros y consumo, responsables de algunos de los hitos más destacados en estas materias”, indica.

Este jurista subraya que “el año pasado se celebró el décimo aniversario de la que seguramente sea la sentencia referente en materia de cláusulas abusivas, la  dictada por el Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013 y que dio respuesta a una acción colectiva frente a tres entidades crediticias por la inclusión por éstas de la cláusula suelo, y cuyo responsable es miembro fundador de la Red junto con otros profesionales de la Abogacía cuyas resoluciones, en no pocas ocasiones, han abierto caminos a otros despachos más grandes, pero de carácter más impersonal”.

A su juicio “ese alto nivel de especialización, compartido entre sus miembros, y esa larga trayectoria en la defensa de particulares y empresas en estos ámbitos específicos, conjuntamente con el marcado carácter individual de cada uno de los despachos integrantes, nos permiten brindar una atención más eficaz y personalizada, así como dedicar más tiempo y recursos a cada caso, filosofía que supone la verdadera naturaleza de la Red Abafi”.

Desde su punto de vista “el número de sus miembros, abogados y economistas, es lo suficientemente grande como para asegurar un intercambio eficaz de conocimientos, buenas prácticas, recursos y experiencias entre ellos, lo que enriquece el trabajo de los despachos y fomenta la mejora continua. Pero al mismo tiempo es lo suficientemente pequeño como para que dicho intercambio no repercuta en la calidad de trato profesional al cliente”.

También subraya “el carácter personal de la Red. Además de compañeros y profesionales, a los miembros les une una vieja y sincera amistad, por lo que la colaboración se nutre además de esa lealtad, que fortalece, aún más si cabe, la calidad y la eficacia de los servicios legales que ofrecemos, brindando a nuestros clientes la confianza de contar con un equipo sólido y especializado en un campo legal tan crucial como el bancario”.

Rafael López y Almudena Velázquez, presidente y CEO de Red Abafi, elegidos en la última Asamblea General. (Imagen: Red Abafi)

La protección de los consumidores es mejorable

Para Almudena Velázquez la protección de los consumidores es mejorable en estos momentos “en la actualidad parece que al consumidor no le queda otra alternativa que acudir a los tribunales para conseguir que se respeten sus derechos y se indemnicen las malas prácticas”.

“Los servicios de atención al cliente niegan sistemáticamente las reclamaciones en la certidumbre de que un porcentaje muy pequeño seguirá adelante, por lo que lejos de ser una solución, se han convertido en parte del engranaje para perpetuar el abuso, ya que una respuesta negativa disuade al perjudicado para continuar reclamando”.

A su juicio “el afectado piensa, en primer lugar, que si la entidad le ha dicho que no es porque efectivamente no tiene razón; y en segundo lugar, si no se conforma con esa respuesta, porque se plantea que se va a embarcar en un procedimiento judicial largo, incierto, y costoso”.

En este contexto, para esta jurista “la aprobación, esperemos que cercana, de la ley de Autoridad Independiente del Cliente Financiero viene a resolver en parte esta situación, pero es insuficiente. En primer lugar, porque limita la vinculación de sus resoluciones a las entidades cuando conoce y las declara responsables en reclamaciones por importe inferior a 20.000 € cuando productos como los unit link, valores y obligaciones pueden superar con mucho dicha cantidad”.

Otro elemento que señala es que, “en segundo lugar, porque el peculiar sistema de financiación de dicho organismo, mediante tasas que abonarán los bancos, seguros y entidades inversoras y en proporción al número de quejas recibidas, nos tememos que repercutirá en un encarecimiento de los servicios a todos los clientes, por lo que el supuesto carácter punitivo que pudiera tener ese sistema, con ser bienintencionado, no tendrá ninguna eficacia”.

“Por último, no hay que dejarse engañar con la proclama de la gratuidad o sencillez del procedimiento previsto. Cualquier reclamación a estas entidades entraña una complejidad que excede los conocimientos de la mayor parte de los consumidores, y no han sido pocos los que han visto y siguen viendo rechazadas sus pretensiones en el Banco de España, la CNMV o la DGS por un mal planteamiento aunque tuvieran razón. Es necesario acudir bien asesorado y defendido”, comenta la experta.

Para esta abogada “de nada sirve la creación de organismos que busquen proteger a los más desfavorecidos si en su ejecución no se les dota de los medios necesarios para que realmente sean efectivos”.

De izda. a derecha: Almudena Velázquez; Mayka Sánchez Marín, abogada de Sevilla; Octavio Suárez Silva, antiguo secretario y abogado de Las Palmas de Gran Canaria; Rafael López Montes, presidente y abogado de Córdoba; Antonio Acosta García, abogado de Salamanca; y Eduardo Zamora Angulo, abogado de Huelva. (Imagen: Red Abafi)

Referente a nivel bancario

Sobre el papel que quiere jugar esta agrupación de despachos en este escenario judicial, la abogada Cristina Borrallo, miembro del Comité Red Abafi y vocal de contenido, señala que quieren ser parte “del corazón del dinamismo jurídico. Red Abafi Abogados y Economistas emerge como un faro de excelencia, con una visión futurista y humana del Derecho. Nuestra visión trasciende fronteras, por lo que nuestro deseo sería ser un referente tanto a nivel nacional como internacional”.

Cristina Borrallo revela el carácter innovador de esta red de despachos y como se anticipan a las necesidades de sus clientes. (Imagen: Cristina Borrallo)

“En el crisol de experticia que caracteriza a nuestros despachos, contamos con especialistas altamente formados y cualificados, cuya pasión por la Justicia se refleja en cada caso que abordamos. Con optimismo, anticipamos un futuro cercano donde la calidad y dedicación de Red Abafi sigan brillando, marcando pauta en el panorama legal con un compromiso inquebrantable con nuestros clientes y la comunidad empresarial”, destaca.

Esta jurista recuerda que “en el tejido de nuestra historia, Red Abafi ha sido pionero en diversas áreas del derecho, y mantenemos la ambición de continuar liderando el camino en el futuro. Con pasión por la innovación y un enfoque resiliente, anticipamos ser pioneros en nuevas fronteras legales, desafiando constantemente los límites y elevando el estándar de la práctica jurídica. Nuestra promesa es seguir siendo ese faro, marcando la pauta con dedicación, ética y resultados excepcionales para nuestros clientes y la comunidad empresarial.”

Acciones colectivas

En cuanto a la futura trasposición de las acciones colectivas en nuestro país, con un anteproyecto que ya está en el Consejo de Ministros, Fernando Zorita, vocal de contenido del Comité de Red Abafi, afirma que “tenemos que partir del hecho innegable de la poca eficacia que, hasta el momento y a diferencia de otros países, han tenido las acciones colectivas en España. No obstante, ciertamente y a tenor del Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, tenemos una oportunidad para que esta tutela colectiva experimente una mejora”.

A su juicio, “vamos tarde, pues según la Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020, estas normas tendrían que estar aplicándose desde el 25 de junio de 2023”.

Para este experto, “teniendo en cuenta que se contempla la creación de un procedimiento especial que se incorpora en forma de un nuevo Título IV del Libro IV de la Ley Enjuiciamiento Civil (LEC) y que prevé la utilización de herramientas como las plataformas electrónicas, buscando una tramitación que resulte más ágil para los consumidores y usuarios afectados, consideramos de vital importancia que exista una dotación presupuestaria suficiente en este orden, para que estos procesos colectivos sean eficaces y no se eternicen”.

Fernando Zorita cree que el nuevo anteproyecto de acciones colectivas puede ayudar a su implementación. (Imagen: Fernando Zorita)

Este jurista revela que “los miembros de la Red Abafi tenemos por ejemplo mucha experiencia respecto a los juzgados especializados en materia de cláusulas abusivas, donde hemos contrastado que si no hay verdadera dotación de medios, no hay solución eficaz”.

Para Zorita “se trata, en definitiva, de conseguir mecanismos verdaderamente eficaces para que los consumidores puedan poner fin a las prácticas ilícitas y ser resarcidos, en su caso, de los daños sufridos por las mismas”.

“Desde Red Abafi queremos destacar que compartimos lo manifestado recientemente por el CGPJ, en el sentido de entender que la competencia para este tipo de asuntos debería recaer en los juzgados de lo Mercantil y no en los de Primera Instancia, pues sería preferible que los juzgados mercantiles continúen siendo competentes en este tipo de asuntos por el propio beneficio de los interesados, a fin de aprovechar la experiencia acumulada en la materia”, comenta.

El uso del pleito testigo

Respecto a otra medida como el uso del pleito testigo que aparece en el Real Decreto-ley 6/2023, la abogada Cristina Muntañola y miembro del Comité Red Abafi, subraya que “son relación al pleito testigo, se incorpora en la LEC en el art. 438 bis. El modelo no es nuevo, tiene su precedente en la jurisdicción contencioso-administrativa. El ámbito de aplicación está limitado al art. 250.1. 14º LEC. Las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia”.

Cristina Muntañola cree que el pleito testigo puede ayudar en esas demandas que son parecidas de cara a agilizar los juzgados. (Imagen: Cristina Muntañola)

Muntañola continúa: “Y, dentro de este ámbito, sólo podrán ser objeto del procedimiento testigo los procesos que cumplan las siguientes condiciones: i) pretensiones que están siendo objeto de procedimientos anteriores planteados por otros litigantes, ii) cláusulas que no precisen de control de transparencia; iii) no se cuestione la existencia de vicios en el consentimiento del contratante; iv) “identidad sustancial” de las condiciones generales de contratación cuestionadas en los diferentes procesos”, destaca.

A su juicio “lo que pretende el pleito testigo es dar respuesta a infinidad de demandas con identidad de objeto, a través de la tramitación de una de ellas, mientras el resto de procesos quedan en suspenso hasta que se dicte sentencia”.

En su opinión, “en cuanto a la prioridad de los pleitos digitales, pensando en las audiencias previas, permitirá adaptarse a la realidad tecnológica y digital actual. Permitirá tanto ahorro económico como de tiempo de los profesionales, al no tener que desplazarse para la celebración de una audiencia previa que puede durar tan sólo unos minutos. Para la celebración de los juicios, siempre va a ser mejor la presencialidad, para no perder la inmediatez y la frescura que proporciona”.