Rendición de cuentas parlamentaria del Defensor del Pueblo por su gestión en 2018 y 2019

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta de su gestión en 2018 y 2019, tras no haber tenido la oportunidad de hacerlo antes por las distintas citas electorales de los últimos meses y la posterior crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ha desarrollado ante los diputados y senadores que conforman la Comisión, los principales datos estadísticos y actuaciones de la Institución a lo largo de estos dos últimos años.

Según ha desgranado, en 2018 se realizaron un total de 17.697 actuaciones, entre las que se incluyen las quejas recibidas, las investigaciones de oficio iniciadas y las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. En 2019, esta cifra se incrementó un 16,5%, alcanzándose la suma de 20.616 expedientes. Por otro lado, en relación a las resoluciones dictadas por la Institución (recomendaciones, sugerencias y advertencias de deberes legales), se elevaron a 1.152 en 2018 y a 1.551 en 2019, lo que supone un incremento del 34,63%.

Durante su intervención, y en relación a la violencia de género, Fernández Marugán ha reiterado su apoyo incondicional a las víctimas y a sus hijos, condenado el reciente asesinato de una mujer y sus dos hijos en Úbeda (Jaén). Asimismo, ha asegurado que “las quejas recibidas siguen poniendo de manifiesto la escasez de recursos, la poca formación especializada y la falta de instrumentos de coordinación entre los distintos niveles territoriales de intervención integral”. Por ello, ha pedido que se mejoren las herramientas de detención del riesgo, la coordinación con los servicios sociales y con las asociaciones de mujeres que realizan el trabajo de campo, para mejorar el acceso a los recursos y garantizar así, un tratamiento integral.

Respecto a la sanidad, el Defensor del Pueblo ha subrayado las consecuencias de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, a causa de la crisis económica. En opinión del mismo, la reducción de tal inversión ha provocado carencias que tienen su reflejo en “listas de espera demasiado largas y urgencias frecuentemente saturadas”. Fernández Marugán ha pedido “un gran acuerdo político y social para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud”

En relación a los colectivos más vulnerables, el Defensor ha insistido en la necesidad de introducir un supuesto de exención del copago de medicamentos para aquellas personas con ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo de renta. En la misma línea, ha valorado como positiva la reforma de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que amplió la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas extranjeras en situación irregular.

Por otra parte, respecto a vivienda, mostraba su preocupación sobre la dificultad reiterada que padecen los jóvenes para acceder y disfrutar de una vivienda digna. Nuevamente y en defensa de los colectivos más débiles, a juicio del Defensor, es imprescindible “aumentar el parque de vivienda social en alquiler y priorizar en el acceso a la vivienda a colectivos en riesgo, como son familias con rentas bajas y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes”.

También ha abordado la situación de la educación, abogando, como hacía en sanidad, por la apuesta de alcanzar un Pacto por la Educación para disponer de un sistema educativo de calidad y estable. Fernández  Marugán, consciente de que esto no se consigue “de un día para otro”, entre otra conclusiones, también ha recordado que es necesario contar con una financiación adecuada y suficiente; disponer de un buen sistema de selección y formación del profesorado; promover la inclusión social para evitar un elevado índice de fracaso escolar y abandono escolar; facilitar la igualdad en las condiciones de partida según la situación económica de los alumnos; permitir una mayor implicación de las familias y establecer un buen sistema de becas.

En la misma línea, y preocupado por la caída de ingresos por la crisis del coronavirus, el socialista considera que “se ayudará en el ascensor social al mayor número de alumnos, contrarrestando las desigualdades de partida y propiciando un reparto más acorde con las necesidades sociales”.

Durante su intervención, y quizás es el asunto con mayor trascendencia pública actual, el Defensor de Pueblo trataba la situación de las personas mayores. Analizando la atención residencial en España, ha subrayado la necesidad de reformas normativas de calado del modelo residencial, las cuales garanticen a los mayores el completo ejercicio de sus derechos. Apuntaba que “tenemos que prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales para poder hacer frente a los retos actuales y futuros”.

Respecto a las “reiteradas quejas recibidas” en relación a la carencia de medios y personal en muchos de los centros residenciales de mayores, el Defensor del Pueblo acentúa, entre las reformas más urgentes a tratar, la de revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial. En concreto, advertía que los “usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente respetuosa con sus derechos”.

También, durante su intervención, el nacido en Cáceres se ha referido a la situación delicada de las migraciones, apuntando que en el pasado año se alcanzó una cifra histórica en el número de personas que han solicitado protección internacional. El Defensor del Pueblo en funciones ha recordado que “no podemos olvidar que somos Europa” y por ello, “tenemos que ser capaces de poner en marcha con urgencia medidas efectivas y flexibles que den respuesta a las llegadas de estas personas que nos piden a gritos acogida”. Así, ha advertido que “no podemos ir por libre, hemos de actuar de manera coordinada con los otros países europeos”.

En su comparecencia, el socialista se centraba en describir las principales quejas, mejoras acometidas, medidas de choque y datos estadísticos en relación a los cuatro grupos de personas migrantes: los que residen legalmente en España; los que acceden de forma irregular; los solicitantes de asilo y los menores extranjeros no acompañados.

Aunque también trataba otros temas importantes como las rentas mínimas o la situación que sufren muchos de nuestros mayores como es la soledad no deseada, el Defensor del Pueblo cerraba su intervención exponiendo las conclusiones de los dos estudios monográficos que acompañaban a los informes anuales de 2018 y 2019: Respectivamente, “La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias” y “La contribución de la inmigración a la economía española”. La finalidad de ambos informes, los cuales considera el mismo “están estrechamente vinculados”, es hacer una reflexión sobre temas que considera de gran trascendencia, por afectar al conjunto de la ciudadanía.