Salvador González destaca el papel clave de la abogacía en la sociedad en su toma de posesión como consejero nato del Consejo de Estado

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este jueves a los poderes públicos el mayor consenso legislativo posible para elaborar “normas en beneficio colectivo en las que nos reconozcamos todos”.

Durante su toma de posesión como consejero nato del Consejo de Estado, González ha exhortado a “nuestras instituciones, nuestros ordenamientos y nuestras democracias a traer esperanza, consensos, proximidad y respuestas útiles e inteligentes para un mundo en cambio que no da tregua”.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha presidido la toma de posesión, ante el Pleno del Consejo de Estado, de los dos nuevos consejeros natos: el presidente del CGAE, Salvador González, y el abogado General del Estado, David Vilas.

Los consejeros natos son diez: Santiago Muñoz, director de la Real Academia Española; Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Manuel Pizarro, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social; Álvaro García, fiscal General del Estado; Teodoro  Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa; Antonio Pau, presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación; Rosario García, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; y los recién nombrados Salvador González y David Vilas.

Tras la ceremonia, la presidenta ha dado la bienvenida a los nuevos consejeros y ha destacado que ambos van a aportar al Consejo de Estado, desde su ámbito de trabajo privado y público, la defensa de los derechos conectados con el interés general del sistema constitucional democrático.

Calvo ha recordado que el Consejo, que pronto cumple 500 años de historia, se creó para ayudar a la gobernanza del país. “Somos servidores públicos y aportamos, con una perspectiva externa, un contrapunto desde la reflexión y el raciocinio” que, en su opinión, hace posible “la diana del acierto” en leyes y así contribuir al sostenimiento de la democracia, aportando “mucha tranquilidad para este país, para los compatriotas y para el sistema político-jurídico que denominamos Estado constitucional”.

Finalmente, la presidenta ha instado a concentrar “todos nuestros esfuerzos” en servir a un país extraordinario y ayudar al sostenimiento y estabilidad de nuestra democracia y transmitirlo a las siguientes generaciones de españoles y españolas.

“En un mundo global y de mercados ultra dependientes, resulta incuestionable que un sistema normativo robusto y de calidad, junto a una justicia que funciona, ágil, eficaz y predecible, es un activo cada vez más decisivo para el crecimiento económico, el emprendimiento y el estímulo de la actividad”, ha expuesto el presidente de la abogacía en su discurso tras aludir a la hipertrofia legislativa que vive nuestro país. Sólo en 2023 los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico publicaron más de 1,2 millones de páginas.

Carmen Calvo, presidente del Consejo de Estado, con los nuevos consejeros Salvador González y David Vilas. (Imagen: Consejo de Estado)

Necesitamos seguridad jurídica

El nuevo miembro del Consejo de Estado ha ligado en su intervención la calidad de las normas y sus efectos sobre el funcionamiento de la sociedad. “No se necesitan algoritmos complejos para resolver la ecuación: a mayor seguridad jurídica, más actividad y mayor capacidad competitiva, y con ello, mayor fortaleza y garantías de sostenibilidad del Estado del Bienestar”, ha expuesto Salvador González.

En este sentido, ha afirmado que es tiempo de palabra y de consensos. “No es el momento del tú y del yo, sino del nosotros, de normas en beneficio colectivo y en las que nos reconozcamos todos. Es el momento de fortalecer nuestro ordenamiento jurídico para que traiga lo que, en definitiva, buscamos en él: confianza, credibilidad, estabilidad y certidumbre”.

No han faltado en las palabras del presidente de la Abogacía las inmediatas urgencias de esta profesión para continuar desempeñando el papel esencial que la Constitución le otorga en la sociedad española.

Así, González se ha referido a la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que en estos días arranca su trámite en el Senado; a la importancia de reforzar el secreto profesional y la conciliación de los abogados; a la necesidad de renovar el sistema de asistencia jurídica gratuita y la dotación de los juzgados y tribunales; así como a la importancia de continuar una revolución tecnológica de la Justicia que esté al servicio de la eficacia que se persigue, pero no la condicione. Todas ellas con el objetivo de “reforzar el derecho de defensa, pues amplifican la calidad de nuestra democracia”.

Por su parte, el Abogado General del Estado, David Vilas, ha subrayado la relevancia histórica y actual de la función consultiva que el Consejo de Estado desempeña. Una función, la consultiva, que también ejerce la Abogacía del Estado, pero con diferencias. Mientras que la función consultiva del Consejo está profundamente enraizada en nuestra historia constitucional y encuentra su fundamento actual en el artículo 107 de la Constitución, que lo reconoce como el supremo órgano consultivo del Gobierno, la función consultiva de la Abogacía del Estado tiene una base legal, no constitucional, ejerciéndose como centro superior consultivo bajo dependencia, sin la autonomía orgánica y funcional del Consejo de Estado.

Asimismo, Vilas destacó en su intervención que la función contenciosa de la Abogacía del Estado surge de la configuración de nuestra jurisdicción contenciosa, basada en un orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que sigue un modelo de jurisdicción delegada y no retenida, como aún existe, con sus matices, en Francia o Italia.

Esta función se consolidó históricamente debido a la necesidad de defender la legalidad y los intereses generales de la Administración ante los tribunales, lo que llevó a la creación de la Dirección General de lo Contencioso en 1849 y, posteriormente, a la conformación del cuerpo de Abogados del Estado en 1881. Finalmente destacó que la doble naturaleza consultiva y contenciosa de la labor de la Abogacía del Estado parece justificar el carácter nato de la condición de Consejero que se atribuye al Abogado General.