Se aprueba el Programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el ejercicio de 2019

El Tribunal de Cuentas aprueba el ejercicio 2019 la fiscalización de la propia institución procedente del marco del Plan estratégico del Tribunal de Cuentas 2018-2021

El Pleno del Tribunal ha aprobado el documento de planificación anual de su actividad fiscalizadora. Este Programa es el primero que se elabora en el marco del Plan estratégico del Tribunal de Cuentas 2018-2021 -aprobado por el Pleno, en abril de 2018-, en el que, además de objetivos estratégicos, específicos y medidas, se detallan actuaciones, indicadores o hitos, valores objetivos, plazos y unidades responsables, lo que facilita su ejecución y seguimiento. Los objetivos estratégicos se concretan en la contribución al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector público; el fortalecimiento de la posición institucional y el reconocimiento social del Tribunal; la implantación de un sistema global de garantía de la calidad y el reforzamiento de la gestión de los recursos de la Institución bajo los principios de eficiencia, economía, igualdad y transparencia.

 Los objetivos estratégicos para la función fiscalizadora, que se especifican en el Plan Estratégico, se dirigen a la realización de actuaciones que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas para llevar a cabo medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional y eficiente; al fomento de buenas prácticas de organización, gestión y control por las entidades públicas, promoviendo la rendición de cuentas; a la identificación y fiscalización de las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción. Entre los objetivos específicos, destacan: impulsar fiscalizaciones operativas; agilizar la tramitación de los procedimientos fiscalizadores; potenciar la cooperación y la coordinacióndel sistema de control externo en España y contribuir al fortalecimiento del control interno. Para maximizar la eficiencia de las actuaciones fiscalizadoras se sigue apostando por la intensificación de la utilización de las Tecnologías de la Información en su desarrollo.

Como medidas, destacan, entre otras, las referidas a: la fiscalización de las cuentas públicas en términos de contabilidad nacional; el desarrollo de fiscalizaciones en las que se determinen irregularidades que puedan dar lugar a la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad; que se orienten a las áreas con mayores incumplimientos, a las actuaciones económico-financieras de relevancia y actualidad, a los más significativos volúmenes de ingreso y de gasto públicos y, sistemáticamente, al control de la contratación y a las subvenciones. Se contempla, también, la realización de propuestas de medidas legislativas tendentes a la reducción de plazos de rendición de cuentas en los diferentes subsectores del sector público, con el fin de poder desarrollar controles temporalmente más próximos al momento de la gestión y, por lo tanto, más oportunos y cuyos resultados sirvan a la entidades públicas para planificar con mayor racionalidad y eficiencia la actividad económico-financiera.

 En cuanto a las actuaciones, el presente Programa contempla: el establecimiento de ámbitos subjetivos, objetivos y temporales ajustados para que los informes se elaboren en el plazo previsto; la fiscalización de aspectos específicos de riesgo y áreas de mayor incumplimiento; la inclusión de fiscalizaciones operativas en relación con las grandes políticas públicas, las referidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -en particular buen gobierno, igualdad y medio ambiente-, a la contratación y a las subvenciones, así como al seguimiento de recomendaciones y resoluciones.

MANDATO LEGAL E INICIATIVA PROPIA

 El Programa contiene las fiscalizaciones que han de realizarse por mandato legal, las solicitadas por las Cortes Generales, así como las programadas por el Tribunal de Cuentas. En el mismo, se recogen las fiscalizaciones que se prevé que el Pleno apruebe en el año natural, y las que se encontrarán en curso cuando este finalice y se aprobarán en 2020.

 Entre las nuevas iniciativas fiscalizadoras del Tribunal para 2019, el Programa incluye, en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos, fiscalizaciones sobre: normativa, desarrollo energético y transferencias para compensar los costes del sector eléctrico; contratos patrimoniales celebrados por ministerios; gestión de ayudas y subvenciones, en favor de inmigrantes y refugiados; actuaciones del Ministerio de Transición Ecológica, en relación cambio climático; y actuaciones en defensa de la desertificación.

 Asimismo, también prevé la fiscalización de: la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; los Programas de Fomento de las industrias culturales y Registros vinculados con la fe pública; el impacto normativo en determinados ministerios y organismos autónomos relacionados con infraestructuras y equipamientos de seguridad del Estado y de la defensa; la adecuación a la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución(MUR); de las actuaciones del Consejo de Seguridad Nuclear para la implementación de los ODS relacionados con la energía; de las medidas adoptadas por Agencia Estatal de Administración Tributaria, en materia de comercio electrónico; de la tramitación de quejas, consultas y reclamaciones y la imposición y cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercado; de determinadas inversiones en el exterior y del Museo Nacional del Prado.

 En el ámbito de la Seguridad Social, el Programa contiene, entre otras actuaciones, la fiscalización sobre la gestión y control de pagos al personal de la Mutuas; las inversiones de naturaleza informática de la Gerencia Informática; la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social; y la realización de una moción sobre los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del sistema.

 En el ámbito empresarial, destacan las fiscalizaciones que tendrán por objeto las operaciones financieras de apoyo de SEPI a su grupo; la actividad económico financiera de MERCASA; la adaptación de los medios propios a las exigencias de la nueva normativa de contratos y el sistema retributivo y de designación o contratación de órganos de gobierno y dirección de las entidades del sector no financiero. En lo que respecta a las fundaciones estatales, se fiscalizaran las medidas implantadas para dar cumplimiento a la normativa sobre igualdad.

 Entre las nuevas iniciativas del Tribunal en el sector público autonómico se abordará, además del correspondiente informe global, las fiscalizaciones de seguimiento de recomendaciones del Tribunal en el informe sobre las medidas adoptadas por las comunidades autónomas para la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; de universidades de comunidades autónomas sin órgano de control externo, así como de la contratación de dichas comunidades; y de los procesos de extinción de entidadescomo consecuencia de la reestructuración del sector público autonómico.

 En el ámbito local, se llevarán a cabo, entre otras, las fiscalizaciones -en relación con diversos colectivos de entidades- de las actuaciones realizadas en el respectivo marco del Plan extraordinario y urgente por el empleo; de contratos celebrados por las sociedades mercantiles dependientes; de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas; de la promoción y gestión de la vivienda de protección pública, así como de los gastos de personal e indemnizaciones por razón del servicio. También se fiscalizarán los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales; y las tasas y precios públicosgestionados por los ayuntamientos de municipios de población superior a 500.000 habitantes.

 Por otra parte, además de las fiscalizaciones de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, el Programa aborda la fiscalización de los comicios electorales locales, autonómicos y al Parlamento Europeo que tendrán lugar en el año 2019.

 Además, continuará prestándose especial atención a la supervisión y control del desarrollo de las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres, a partir de la decisión de que entre los objetivos que se establezcan en las directrices técnicas de las fiscalizaciones programadas se incluya el de la verificación de la observancia de la normativa para la igualdad efectiva en todo aquello que, de conformidad con dicha normativa, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. En igual medida y en términos análogos, se incorporará en las directrices como objetivo de las fiscalizaciones, la verificación del cumplimiento de las prescripciones detransparencia establecidas por la normativa y en un considerable porcentaje de fiscalizaciones, la sostenibilidad ambiental.

Independientemente a lo anterior, el Tribunal de Cuentas ha programado nuevas actuaciones fiscalizadoras en el ámbito internacional, entre las que se encuentran: la Auditoría coordinada internacional en Áreas Protegidas; la participación nacional en el Proyecto del Avión de combate Europeo (Eurofigther) y la Auditoría coordinada de la resolución bancaria.

Fuente: Tribunal de Cuentas