Según el fiscal del caso «el procés»: «Fue un golpe de estado»

Tras casi cuatro meses, el juicio del «procés» ha entrado en su recta final. Las acusaciones presentan hoy sus informes finales con los que justificarán por qué los acusados deberían ser condenados en opinión de la Abogacía del Estado por sedición y de la Fiscalía por rebelión.

El fiscal, Javier Zaragoza, ha abierto el turno del informe del Ministerio Público en el juicio afirmando que «lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 es lo que en terminología del jurista Hans Kelse se denomina golpe de estado«. Igualmente, ha subrayado la «violencia» a lo largo de ese último mes «insurreccional».

Zaragoza ha defendido la acusación de rebelión para los principales implicados ya que ese tipo penal «no necesita violencia grave ni violencia armada»; el «procés», ha afirmado, fue «un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público», por lo que no puede ser considerado una sedición.

Ha denunciado los intentos de convertir actos de violencia, intimidación y acoso en expresiones del derecho a reunión y manifestación cuando en realidad, según sus conclusiones, ha quedado probado que hubo «violencia física, compulsiva e intimidatoria».

Así, la Fiscalía ha acusado a los doce líderes independentistas de «haber intentado liquidar la Constitución» y de «haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, utilizando la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesario».

Según Zaragoza, «la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que están defendiendo la Constitución«.

«Ningún acusado quiere asumir responsabilidades», denuncia

Otra parte de la intervención de Zaragoza ha ido dirigida a rebatir las declaraciones realizadas por los doce acusados durante sus interrogatorios en el juicio. Tras escucharles, según el fiscal, «uno puede tener la sensación de que este plan ha sido una ficción o un mal sueño porque ninguno de los procesados ha querido asumir responsabilidades».

«Pero la realidad», según ha añadido, «es que no cumplieron ni uno de los 10 autos y sentencias dictados por el Tribunal Constitucional frente a los actos ilegales que iban cometiendo». «No querían derogar la Constitución, pero aprobaron Ley de Transitoriedad política; manifestaban que el referéndum era una consulta que carecía de efectos jurídicos, entonces ¿para qué el artículo 4 de la ley de transitoriedad que le daba dichos efectos?», ha añadido el fiscal.

El fiscal ha cargado contra el «monólogo» que hizo el exvicepresidente Oriol Junqueras en su declaración ante el tribunal que ha calificado de «ejercicio de cinismo sin precedentes».

Según Zaragoza, Junqueras fue, de facto, el «motor principal de la rebelión» dado que es quien ejercía el «liderazgo» del «procés» y «quien ha venido empujando desde hace mucho tiempo para que eso se produjera». Sobre el el exconsejero catalán, Joaquim Forn, Zaragoza ha dicho que «tuvo el control absoluto de los Mossos» para el 1-O.

Zaragoza ha hecho especial hincapié en sus colaboradores más cercanos en la Consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jové y Lluís Salvadó —ambos procesados por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona en el marco de la preparación del 1-O—, quienes, según ha indicado, eran los encargados de «toda la infraestructura del referéndum y de la creación de las estructuras de Estado» de la futura república catalana. En este punto ha hecho referencia a la conocida agenda Moleskine de Jové, donde se tomaron anotaciones de las reuniones.

Por último, el fiscal ha asegurado que los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, «fueran dueños y señores del orden público en Barcelona».

Según Zaragoza, los 12 acusados utilizaron tres pilares: el Parlament (mediante la aprobación de leyes inconstitucionales como la del Referéndum y la de Transitoriedad Política, la actuación del Govern (como «maquinista principal del proceso») y las asociaciones civiles como Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, que utilizaron la movilización popular como un «arma imprescindible» para sus objetivos.

«No están todos los que son, pero sí son todos los que están», ha destacado, por último, Zaragoza.

La Abogacía y Vox

En la sesión de la tarde está previsto que intervenga la Abogacía del Estado, dependiente del Ejecutivo, que acusa por sedición. Cerrará la jornada Vox que ejerce como acusación particular.

Lo harán después de que la semana pasada elevasen a definitivas sus conclusiones sin modificar un ápice las condenas de prisión que solicitan para los doce acusados.

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantuvo su petición inicial de 25 años de cárcel por rebelión y malversación para el exvicepresident de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y mantuvo igualmente su petición inicial de pena para los otros ocho procesados por delito de rebelión.

La Abogacía del Estado también ratificó su postura inicial; en su caso solicitó una condena máxima de 12 años para Junqueras por sedición y malversación.