Sólo una de las 14 enmiendas a la Ley de Derecho de Defensa presentadas por el CGAE se refiere a la Justicia Gratuita

En el XIII Congreso de la Abogacía Española, celebrado entre el 3 y el 5 de mayo en Tarragona, se aprobaron 14 enmiendas para mejorar el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que está en plena tramitación parlamentaria. Sin embargo, sólo dos de esas propuestas se refieren directamente a la mejora del Turno de Oficio. El Consejo General de la Abogacía (CGAE) ya ha remitido a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados estas enmiendas.

Al final, lo que se ha introducido y presentado por el CGAE es una propuesta de enmienda, la 12, que aborda las Conclusiones Cuadragésimo Segunda y Cuadragésimo Cuarta del Congreso, donde solicita la modificación del punto 2.c) apartado 3, artículo 30 y artículo 40 de la Ley 1/1996, de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita por medio de una nueva Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

En el pleno del congreso en el que se han aprobado estas enmiendas participó un nutrido número de abogados y abogadas, como Alicia Vega, presidenta de CEAT y de ASATO, o Virginia de la Cruz, África Vázquez, Eva Papadopoulos y Raquel Segovia, de ALTODO, que fueron claves para que se incorporasen algunas propuestas.

De esta manera, se aprobó en dicho Congreso de la Abogacía que se introdujera en una disposición final como enmiendas del Proyecto de Ley de Derecho de Defensa dos relacionadas con la cobertura en asistencia jurídica gratuita en los supuestos de designación judicial para asistencia a personas jurídicas en el orden jurisdiccional personal, así como en la cobertura de todas las actuaciones llevadas a cabo por designación en el turno de oficio.

El CGAE ha entregado en el Congreso de los Diputados sus propuestas de enmienda a la Ley de Derecho de Defensa. (Foto: Congreso de los Diputados)

Las 14 enmiendas reclaman, entre otros puntos, un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido y una regulación pormenorizada del secreto profesional, con la inclusión expresa de la abogacía de empresa.

Según explican desde el CGAE, la gran mayoría de las 44 conclusiones aprobadas por el Congreso tienen por objeto realizar propuestas de mejora de este importante proyecto de Ley de Derecho a la Defensa que, tras 45 años de Constitución Española, cerrará el círculo de garantías constitucionales del derecho de defensa por medio de un desarrollo orgánico del derecho de defensa de la ciudadanía.

Alicia Vega, presidenta de CEAT y de AJATO, reconoce que la gran cantidad de comunicaciones que llegaron a este evento hizo que los organizadores tuvieran que programar una sesión que colocaron el último día del evento, viernes por la tarde, a partir de las cuatro de la tarde

Para esta abogada, “salvo algunas cuestiones, este Congreso era poco atractivo, los contenidos muy abstractos poco cercanos para el abogado”.

Alicia Vega en su intervención en el Congreso de la Abogacía. (Foto: CEAT)

Señala que “en las cuatro líneas de ponencia no había nada de justicia gratuita y turno, pero al presentar comunicaciones al Turno de Oficio no les quedó más remedio que rendirse a la evidencia y convocar esas sesiones” que tuvieron una gran afluencia de público interesado en dichas mejoras.

En su caso, explica que defendió “la modificación del artículo 30 de la Ley de Justicia Gratuita, una de nuestras reivindicaciones históricas para que a los profesionales se nos pague todas las actuaciones que realizarnos, con independiente de que el expediente apruebe o no la concesión de dicha justicia gratuita”.

En cuanto a la segunda parte de su comunicación “se centró en la exención de la actividad jurídica del IVA. En el artículo 8 de la Ley del IVA hay algunas materias exentas, pero no figura el Turno de Oficio. En nuestro caso, a raíz de una consulta que hicieron a la Dirección General de Tributos en 2017, se modificó el concepto de retribución por el de indemnización, pero con la comunicación pretendía que se zanjara mejor el asunto”.

Desde su punto de vista, el nivel de las ponencias fue elevado. “Al final se incluyó entre las conclusiones, donde se habla de revalorización de los baremos, la reforma del artículo 30 para que nos paguen todas las actuaciones y la consideración de la persona jurídica en la jurisdicción personal como beneficiaria de la justicia gratuita, ésta defendida por Eva Papadopoulos”.

Varias propuestas importantes quedaron fuera

Sin embargo, se quedaron fuera de esas enmiendas la creación de un Estatuto del Abogado del Turno de Oficio. Esta fue una propuesta de la abogada de ALTODO Raquel Segovia, retomando una iniciativa de Ángel Llamas, decano del Colegio de Alcalá de Henares, que hizo esta propuesta en 2017 cuando fue presidente de la CEAT.

Con dicho estatuto, lo que planteó esta letrada es que quedara claro cuáles son los derechos y deberes de los profesionales que realizan este trabajo las 24 horas de los 365 días del año, “porque por el momento los abogados que dan este servicio reconocen tener más obligaciones que derechos propios”.

Otro tema en el que hubo debate, pero sobre el que no se generó acuerdo por la discrepancia entre los abogados asistentes a esta sesión fue qué indicador económico se tiene que tener en cuenta para que los ciudadanos accedan al Turno de Oficio. África Calleja, vicepresidenta de ALTODO, defendió que se cambiara el IPREM, indicador actual, por el salario mínimo. Al final, por el momento se mantiene dicho indicador pese a que genera que muchas familias queden fuera de lograr la justicia gratuita.

Esta abogada defendió la propuesta, que tampoco se aprobó, de que se metiera como disposición final en la ley que, en el caso de que se condene en costas y que esas costas deban repercutir en el abogado de justicia gratuita que ese mandamiento de pago no vaya a la persona que se defiende, sino que fueran al abogado.

Polémica por revalorización de baremos

Por su parte, Virginia de la Cruz, presidenta de ALTODO, centró su turno de palabra en defender el concepto de retribución digna y suficiente y pedir la revalorarización de los baremos conforme al IPC con carácter anual, cuestión que Elena Saénz de Jubera, abogada de La Rioja también planteó en otra ponencia, de carácter más amplio.

“Es importante lograr un Pacto de Estado por la Justicia donde la abogacía sea más proactiva de lo que es ahora. En mi comunicación también abordé que los abogados y abogadas del Turno fueran considerados autoridad para estar mejor protegidos de cualquier agresión, así como la exención en el tema IVA y cambios en el IRPF”, aclaro esta abogada riojana.

Por su parte, De la Cruz también comento en su exposición que era más partidaria de cambiar unos artículos que de una reforma integral de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita “ya se intentó hace años pero no se logró nada.”

“De hecho, comenté que no podemos esperar a una reforma integral de la ley para que nos paguen a los letrados todas las actuaciones y cambien el artículo 30 y el artículo 2 de la ley. Lo lógico sería, como se ha hecho al final, meter las modificaciones de estos artículos en disposiciones finales del citado proyecto de ley”, aclara esta abogada.

Concentración por el turno de oficio celebrada durante el Congreso de la Abogacía. (Foto: CGAE)

“Este tema de la retribución fue controvertido, porque el presidente de la sesión, Antonio Morán, presidente de la Subcomisión del CGAE y decano del Colegio de Zaragoza, en un principio no lo incluyó en las conclusiones, pese a la petición de varios de los asistentes que allí estábamos”.

Esta abogada recuerda cómo Morán “prefería incluir palabras distintas a actualización o revalorización pese a las observaciones de los asistentes. Al final lo incluyó, pero la referencia a la subida al IPC desapareció, escudándose en que podría ser positivo o negativo. Al final logramos que se incluyera la revaloración anual en las conclusiones del Congreso”, apunta.

En los últimos días, en redes sociales las distintas asociaciones de abogados y abogadas del Turno de Oficio han realizado una campaña para que dichas conclusiones del XIII Congreso de la Abogacía se convirtieran en su totalidad en enmiendas.

La noticia que el CGAE ha dado este pasado jueves viene a corroborar el trabajo realizado entre la abogacía institucional y los abogados y abogadas del Turno de Oficio ya ha cristalizado en estas enmiendas. En la web se pueden ver el índice, que no las enmiendas, de los temas enviados al Congreso.

El ICAM, a la expectativa

Desde el ICAM, Juan Manuel Maillo, diputado responsable del Turno de Oficio, confirma a Economist & Jurist que el ICAM no va a presentar enmiendas a la mejora de la Ley de Justicia Gratuita. “En ese caso nos adherimos a lo que se ha hecho en el Congreso de Tarragona, donde muchos de nuestros abogados colegiados presentaron comunicaciones sobre esta cuestión”.

Desde su punto de vista “estas enmiendas son solo un parche, lo que habría que hacer es modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Eso llevaría mucho tiempo, ahora en medio de las elecciones no lo van a hacer porque requiere tiempo. Ahora lo importante es asegurar el pago de las actuaciones que los abogados y abogadas del turno realizan. Sabemos que en territorio Ministerio no se abonan las actuaciones archivadas y denegadas”.

Reunión e miembros del ICAM con el Defensor de Pueblo. (Foto: ICAM)

Maillo, más de 20 años vinculado al Turno de Oficio, ahora en la Junta de Gobierno de Eugenio Ribón, se muestra partidario, como otros expertos, al cambio radican de la ley “porque la realidad social de nuestro país ha cambiado de forma notable”.

Se ha dejado fuera el cambio del SMI por el IPREM, lo que va a hacer que muchos beneficiarios no puedan tener la justicia gratuita. Podemos tener el caso de que en una provincia se concede la justicia gratuita al ciudadano y en la misma situación en otra provincia no se le concede”.

Como ejemplo, señala que “en el caso de una pareja en la que los dos cónyuges cobrases ese Salario Mínimo Interprofesional quedarían fuera por exceso de ingresos para ser beneficiarios de la justicia gratuita”, puntualiza.

Entre Madrid y Barcelona se focaliza el 70% de los abogados del Turno de Oficio “donde más problemas hay es en territorio Ministerio. Nos afecta en los órganos centrales que dependen de ellos y en el tema de las personas jurídicas, macrojuicios de la Audiencia que te puedes tirar meses con el tema y al final no cobrar”.

Ahí incide el plan integral sobre el Turno de Oficio que se va a poner en marcha el ICAM para los más 5.000 abogados inscritos en este servicio. También comenta que en la última reunión mantenida por la Junta de Gobierno con el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se habló del estado de la justicia y que el ICAM va a interponer una queja por la falta de pago de las actuaciones de las personas jurídicas ante esta institución

Para este abogado, “el cobro de las actuaciones es cuestión de voluntad política de querer hacerlo. En la Comunidad de Madrid los colegios tienen firmado un convenio con la Consejería de Justicia por el que se pagan personas jurídicas y actuaciones archivadas y denegadas de justicia gratuita, pero ese mismo convenio lo hay en otras comunidades autónomas, donde gobierna el PSOE. No olvidemos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se incluyó en 2010 y desde entonces pasaron algunos ministros de Justicia”.