Tercer varapalo judicial en menos de un año para Sonia Gumpert, exdecana del ICAM

En la jornada de ayer, el Tribunal Supremo confirmaba la multa de casi medio millón de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), por aprobar, bajo el mandato de Sonia Gumpert Melgosa, unos polémicos criterios de recomendación colectiva de honorarios profesionales.

La anunciada sentencia de la Sala Tercera, unida a otras dos resoluciones dictadas hace menos de un año, ponen en duda la labor y la gestión desarrollada por la actual socia de Monereo Meyer Abogados durante su mandato al frente de la mayor institución colegial de abogados de Europa.

Varapalo más reciente: el Supremo multa al ICAM por recomendar honorarios a sus colegiados

Como anunciábamos en la jornada de ayer, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la multa de 459.024 euros impuesta por la CNMC al ICAM, por la comisión de una infracción consistente en una recomendación colectiva de honorarios.

La sentencia, de 23 de diciembre de 2022, asegura que los dictámenes sobre honorarios profesionales aprobados por la Junta de Gobierno liderada por la exdecana Sonia Gumpert en 2013 son “verdaderos baremos” o “listados de precios” para cada una de las actuaciones de los abogados.

Tras hacerse pública la sentencia, la corporación colegial ha emitió un comunicado en el que evidenciaba “su profunda preocupación”, entre otras razones, por el grado de “inseguridad jurídica” que introduce esta sentencia de la Sala Tercera en nuestro ordenamiento y “que afecta tanto a la dirección letrada de la parte impugnante, la impugnada y los propios justiciables -que están en su derecho a conocer los riesgos económicos que un pleito conlleva-, además de la propia Abogacía del Estado”.

Fachada del Tribunal Supremo. (Foto: Chema Moya/EFE)

“Esta inseguridad afecta también a los letrados de la Administración de Justicia, resolviendo sobre la impugnación de costas, extensible al juez llamado a resolver el recurso pertinente contra la resolución de aquel”, añade la nota.

De hecho, aunque el ICAM anunció en el día de ayer que estudiaría junto con el Consejo General de la Abogacía Española “la mejor manera de minimizar los indudables riesgos jurídicos que introduce esta nueva doctrina legal”, tal es el desconcierto generado que, el decano Eugenio Ribón ha convocado a los medios para un encuentro informativo en el que se aborde las implicaciones de la sentencia de nuestro Alto Tribunal.

«No tiene consecuencias económicas actuales para el Colegio toda vez que se trataba de una multa ya abonada por el ICAM»

Eso sí, desde el Colegio apuntan que esta sentencia, que en todo caso es sin condena en costas a esta corporación de Derecho público, “no tiene consecuencias económicas actuales para el Colegio toda vez que se trataba de una multa ya abonada por el ICAM”.

En concreto, como se desprende del Informe de auditoría independiente de cuentas anuales del ICAM elaborado por EY Abogados (página 141 de la Memoria Económica del ICAM de 2016) que comprende el balance de la situación económica del Colegio a 31 de diciembre de 2016, ya se recogía, como gasto extraordinario, “la provisión de fondos correspondientes a la sanción impuesta por la CNMC por criterios de honorarios que ha sido recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y que asciende a 459.024 euros”.

En cualquier caso, es algo que ha agitado los cimientos de la abogacía madrileña, cuyos letrados han evidenciado su preocupación antes los desmanes producidos por la gestión de la Junta de Gobierno encabezada por Gumpert, amén de la desazón producida por la mala administración de unos fondos que no dejan de provenir del bolsillo del colegiado.

Primer varapalo: el Juzgado demuestra la absoluta inocencia de los acusados

El 23 de marzo de 2022, el Juzgado de lo Penal n.º 29 de Madrid, absolvió a todos los acusados por Sonia Gumpert, miembros de la misma institución docente que le había patrocinado para obtener la victoria en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en 2012, así como a Jesús Gallardo, director de campaña de José María Alonso en 2017, de los delitos de atentado contra la autoridad y de lesiones, tras unos hechos acaecidos durante los comicios del ICAM en diciembre de 2017.

Juzgados de lo Penal de Madrid. (Foto: Legal Sport)

Según se desprende de los hechos probados de la sentencia, no resultó acreditado que ninguno de los acusados propinara un puñetazo a la, en ese momento, decana en funciones del mencionado colegio, ni tampoco que los mismos acometieran a la denunciante.

“La supuesta agresión a la Sra. Gumpert, negada rotundamente por los acusados, sólo ha sido ratificada por los denunciantes, no sin ciertas contradicciones”, alertaba la Magistrada-Juez.

Segundo varapalo: la Audiencia confirma el fallo

No conforme con la resolución dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 29 de Madrid, la representación de la acusación particular interpuso un recurso de apelación.

Sin embargo, por medio de su sentencia de 27 de junio de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación interpuesto por la representación de Gumbert, confirmando la sentencia absolutoria.

En palabras de la Sala, “la Magistrada ha explicado convenientemente la razón por la que llega a esa conclusión y nada cabe objetar a ello”.

De hecho, tan irrebatible fue el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal de Madrid, que dos de las partes de la acusación –Antonio Albanés Paniagua y José Ramón Antón Boix-, ni siquiera se unieron a Gumpert en la apelación a la AP. No suficiente con ello, la Fiscalía tampoco apoyó la tesis acusatoria de la abogada, así como el Consejo General de la Abogacía Española, en un principio acusación popular, que incluso retiró su presencia antes de la celebración del primer juicio, dadas las evidencias de que no existió agresión alguna.

Pactos ilícitos

Según publicó el diario ABC el 10 de mayo de 2013, es decir, tras solo seis meses después de que tomara posesión como decana del ICAM, casi la mitad de su Junta de Gobierno dimitió. Tiene cierta lógica que esto ocurriera, teniendo en cuenta que ya desde los comicios se cernió la duda sobre algunos aspectos inquietantes. El 18 de diciembre de 2012, en la noche electoral que le dio la victoria, dos personas intentaron sustraer un ordenador con datos del proceso electoral, por lo que incluso la policía tuvo que intervenir. Tras esto, se presentó una denuncia por ocho presuntas irregularidades, antes incluso de tomar posesión. Meses más tarde, ya en abril de 2014, la socia de Monereo Meyer Abogados fue imputada por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Extracto de la noticia publicada en ABC el 10 de mayo de 2013, donde vieron la luz las comunicaciones que evidenciaban un conflicto de intereses entre las prácticas de Javier Íscar de Hoyos y el ICAM (Fuente: ABC)

En paralelo, el anterior decano, Antonio Hernández-Gil, presentó un recurso para que se investigaran una serie de pactos ilícitos que incluso podrían haber descabalgado a Gumpert al frente del ICAM desde el principio de su mandato. “Pero lo cierto es que hasta el Consejo de Colegios han llegado varios documentos que demostrarían que la decana firmó más de un acuerdo oculto con el objeto de hacerse con el triunfo en los comicios”, señaló ABC en el citado artículo.

Así, según las informaciones vertidas, el primero de esos acuerdos ilícitos lo suscribió con la Agrupación Pro Abogacía (APRA), quien supuestamente se comprometió a redactar su programa electoral, dirigir su campaña e incluso a sufragarla económicamente. También, según la documentación que recabó el Consejo, Gumpert también habría realizado un pacto con Emilio Ramírez instrumentalizando el seguro médico del Colegio y, por último, habría suscrito otro acuerdo con Ricardo García para, como contraprestación, crear la figura del Defensor del Abogado.

Una dudosa gestión al frente del sistema de arbitrajes

También, uno de los miembros destacados de su extinta Junta de Gobierno, Javier Íscar de Hoyos, que a la postre sería el candidato -perdedor- encargado de continuar la senda de la cuestionable gestión de Gumpert, y apoyado ex profeso por ella en la contienda electoral de 2017, protagonizó un escándalo al frente de la comisión de arbitraje. Y es que el ICAM podría encontrar un claro conflicto de intereses con Íscar al frente de la gestión del arbitraje, ya que él mismo presidía la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE). A mayor abundamiento, según unos correos electrónicos a los que tuvo acceso el diario ABC, el propio Íscar se dirigió, en calidad de diputado del ICAM, a una multinacional privada para “decirle que está pensando incluirle en una Comisión arbitral del ICAM”. En dichas comunicaciones, Íscar le solicitaba al letrado que incluyera en los contratos que redactasen una sumisión expresa a la institución que este presidía, la AEADE. O dicho de otro modo: estaba utilizando sus funciones al frente de la institución colegial para beneficiarse a su institución privada y, de forma indirecta, a él mismo.

La anterior práctica podría haber infringido de lleno el artículo 14 del propio Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a su vez conectado con lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española: “El Abogado a quien afecte alguna causa de incompatibilidad deberá comunicarlo sin demora a la Junta de Gobierno, y cesar de inmediato en la situación de incompatibilidad”.

Extracto de la noticia publicada en ABC el 10 de mayo de 2013, donde incluso se filtraron las comunicaciones que destaparon el escándalo de los pactos ilícitos (Fuente: ABC)