Teresa Freixes: «Es necesario que la Constitución recoja el concepto de lealtad constitucional»

«La Constitución española debe ponerse al día, que no es lo mismo que ser liquidada o sustituida por otra». Así lo señala a Economist & Jurist Teresa Freixes Sanjuán, jurista española especialista en Derecho Constitucional español y europeo, quien analiza en Economist & Jurist la reforma constitucional que, a su juicio, precisa la Carta Magna, que el pasado viernes cumplió 46 años.

Según esta jurista, es necesario «estructurar un concepto de lealtad constitucional vinculado a lo que Habermas denominó como ‘patriotismo constitucional’, es decir, argumentando que el sistema político tenía que formarse alrededor de una identidad colectiva que se inspirase en la democracia y el respeto a los derechos humanos».

Freixes destaca que «contrariamente a todo tipo de nacionalismo, los integrantes de esa identidad colectiva no se podrían basar en un sentimiento identitario, etnicista o nativista, sino en un concepto racional que les reconocía el poder elegir ser ciudadanos, no de cualquier país, sino de uno fundamentado en los principios del constitucionalismo democrático y del cual se podía, por ello, estar orgulloso».

«El Estado democrático constitucional ha sido, desde tal perspectiva, un paradigma con vocación universal, frente a todo nacionalismo y frente a todo populismo», apunta Freixes.

De hecho, indica que «la reforma más dificultosa es la referente a la organización territorial del Estado». «Por una parte, porque en la Constitución no se cerró el modelo, originando una configuración del Estado de las Autonomías con excesivas licencias jurídicas, incluso avaladas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el consabido bloque de la constitucionalidad, que ha sido utilizado en formas diversas y, a veces, contradictorias», precisa.

Por otra parte, «porque siendo la estructura de este estado autonómico, una de las variantes de las denominadas federaciones, el obsoleto pánico a lo federal ha imposibilitado una reflexión seria y transversal sobre cómo organizar un Estado complejo entroncado en otra estructura compleja que es la Unión Europea, la cual, por cierto, se ha fraguado sobre estructuras federales aunque no se las haya llamado por tal nombre», detalla.

¿Quiere decir esto que la estructura autonómica es irreformable? «Todo lo contrario. Precisa ser reformada, federalizándola todavía más», afirma Teresa Freixes.

Para esta experta, «lejos de la centrifugación competencial que ha jalonado el desarrollo del estado de las autonomías y que ahora adopta rasgos de una confederación —la categorización de la pretendida financiación singular es un claro ejemplo de ello— un federalismo similar al de Alemania podría dar respuestas adecuadas a los problemas detectados, cerrando un modelo autonómico que cuando se prefiguró, necesariamente, tuvo que ser abierto».

Teresa Freixes (Lérida, 1950) es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores y presidenta de Citizens pro Europe. (Imagen: Cesión propia)

Además, indica que ni tan siquiera sería necesario cambiar su denominación, puesto que «no es el nombre lo que hace al sujeto, sino su contenido». «En Alemania y en Austria, el ente federado es el land, por lo que, una vez consolidado el concepto nominal de comunidad autónoma, nada se opone a su mantenimiento. Tampoco a cambiarlo si se considera pertinente», agrega.

Eso sí, Freixes afirma que para ello, «se tendría que fijar claramente en la Constitución cuáles son los entes federados. Es decir, enumerarlos, cada uno con su denominación, como se realiza habitualmente en las constituciones de los Estados federales».

Añade que también sería necesario «clarificar la distribución de competencias, cerrando con claridad las que sean competencias del Estado y quedando en manos de las comunidades autónomas el resto, simplificando el modelo de listas y evitando así los múltiples conflictos de competencias que hemos venido teniendo.

Asimismo, señala que sería «imprescindible» constitucionalizar, «regulando su composición y funciones», los instrumentos de cooperación entre Estado y autonomías, «para evitar acuerdos extraconstitucionales en mesas, grupos o cónclaves que nadie sabe por quién están formados, ni qué competencias tienen, ni qué tipo de procedimientos utilizan para decidir o qué efectos pueden tener sus acuerdos».

«Ni tan siquiera haría falta cambiarles los nombres que ya tienen, sino garantizar que sean efectivas sus funciones. Me refiero a la Conferencia de presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las conferencias sectoriales o las conferencias bilaterales», aclara.

Para esta jurista, «una buena regulación constitucional, más precisa», sobre los grandes principios en los que se basara la organización autonómica del Estado «ayudaría a comprender mejor este sistema, que une en vez de separar y que facilita la toma de decisiones en vez de complicarla innecesariamente».

Además, plantea que la lealtad constitucional «podría acompañarse de la lealtad federal, la garantía de la igualdad de derechos y obligaciones podría impregnar mejor la distribución de competencias, los métodos de control, incluido el conflicto de competencias y la coerción federal, tendrían que estar mejor definidos». «Todos ellos son instrumentos democráticos, insertos en los Estados federales y con un desarrollo práctico acreditado», añade.

La jurista Teresa Freixes, en una concentración ante el Parlamento Europeo en octubre de 2023, convocada por Cs, en la que denunció que la ley de amnistía «rompe la igualdad entre los españoles, pretende convertir a los sediciosos en los patriotas de 2017 y es una burla a las sentencias judiciales y el imperio de la ley». (Imagen: Cs)

Teresa Freixes considera que también tendríamos que acomodar en la Constitución la interrelación multinivel entre los órganos internos, nacionales y autonómicos, y los de la Unión Europea, «facilitando la elaboración de las normas europeas en colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión; reforzando, en tal sentido, el instrumento de la alerta temprana en el marco de la colaboración legislativa; regulando la participación regional en el marco de la representación nacional en las reuniones del Consejo»

En este sentido, recuerda que el desarrollo de las normas y/o las políticas europeas compete tanto a los órganos centrales como a los autonómicos, según cuáles sean sus competencias, y afirma que «no cabe duda de que la participación en su definición, como cooperación vertical, redundaría en una mejor transposición o implementación interna».

«Incluso podríamos plantear de qué manera se tendría que vehicular la responsabilidad interna por incumplimiento de normas o políticas europeas, atribuyendo al Estado y/o a las regiones las consecuencias de las infracciones o incumplimientos según quienes fueran los responsables de los mismos», señala.

Asimismo, para esta jurista sería adecuado regular constitucionalmente las relaciones entre tribunales, «para clarificar la primacía del Derecho de la Unión y dar mejor efecto a las sentencias que se dicten, tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

También considera necesario reformarla respecto al «manido» tema de la sucesión a la Corona». Lo tilda de manido porque llevamos décadas con ello. Un asunto que, como indica esta experta, nos convierte en «excepción ridícula» en el mundo de las actuales monarquías parlamentarias.

Recuerda que también es recurrente la reforma del Senado, «que se tiene que plantear en el marco de la federalización. O una configuración actualizada de los derechos constitucionalmente reconocidos, teniendo en cuenta que llevamos más de 40 años de desarrollo constitucional».

«Y más cosas que podríamos plantear, como el uso de lenguas, banderas y símbolos, el mandato y funciones de la Fiscalía General del Estado, el refuerzo de las instituciones, etc. si tuviéramos los interlocutores adecuados», añade.

Freixes destaca que «muchas veces ni sería necesario reformar la Constitución, pues bastaría con reformar la legislación de desarrollo y, sobre todo, cambiar la nefasta práctica política de la confrontación y la imposición antidemocrática que representa el precio exigido por los socios absolutamente minoritarios y contrarios al sistema constitucional para mantener en la Moncloa a los actuales gobernantes».

Fachada del Congreso de los Diputados. (Imagen: RTVE)

Debate serio y consensuado, y no propuestas populistas

Eso sí, hace hincapié en que un debate «serio y un acuerdo consensuado es lo que necesitamos. No los globos sonda distractivos, destinados a hacer bullir a los fieles radicalizados de cualquier extremo, lejanos a la centralidad que necesitamos».

«Las constituciones son normas con voluntad de permanencia, que no deben, al mismo tiempo, petrificar lo que convendría ser cambiado. Ella misma prevé que pueda ser reformada, con distintos procedimientos según la parte que se desee reformar. Pero siempre mediante amplias mayorías, buscando, con ello, la centralidad que presidió su adopción», manifiesta esta jurista especialista en Derecho Constitucional español y europeo.

Declara que «esa centralidad que le permitió también incorporarse a las organizaciones internacionales y europeas». Centralidad que, como recuerda, «es negada por la deslealtad constitucional de quienes quieren imponer, sin tener de su lado ni la legalidad ni la legitimidad, la ruptura del sistema democrático del que nos dotamos y al que la gran mayoría no quiere renunciar».

A este respecto, comenta que esos partidos «no se dan cuenta del gran valor que la Constitución supuso para poner en marcha la democracia a partir del consenso, ni tampoco se dan cuenta de que la miopía política y el cortoplacismo, dividen a la sociedad y permiten que la igualdad de derechos, el respeto a la libertad, la eficacia de los servicios».

«Y, en suma, la garantía de la dignidad de todas las personas, quede puesta en entredicho desde opciones políticas que, sin tener mayoría social, como sucede en Cataluña, configuran una mayoría política gracias a un modelo electoral periclitado, que prima desproporcionadamente unos territorios sobre otros».

«No se niega que se pueda otorgar una cierta ventaja a las zonas menos pobladas que evite discriminaciones, pero sí que tal ventaja pueda llegar a originarlas precisamente por no respetar la proporcionalidad, rebajando la calidad del voto, tal como sentenció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en casos semejantes», razona.

Esta jurista subraya que «abordar una hipotética reforma constitucional en España plantea no sólo cuestiones formales, sino importantes análisis de fondo».

A su juicio, «no es de recibo» la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «absolutamente populista, de introducir en la Constitución temas divisorios, de escasa relevancia constitucional porque ya tienen un desarrollo legislativo estabilizado, como es el aborto, el matrimonio homosexual o el blindaje de las pensiones».

«Hay que ir al meollo. Es decir, al núcleo duro de lo que realmente importa en el contexto de la estabilidad constitucional, la concordia y los avances reales, sin ingeniería social y buscando un futuro compartido en el marco de la Unión Europea», sentencia.