Trabajo plantea a CEOE y CEPYME un nuevo margen más flexible para implantar la reducción de la jornada laboral a lo largo del 2025

Avanzan las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima y lo hacen con un cambio significativo en la postura del Ministerio de Trabajo, ya que se ha abierto este miércoles a flexibilizar los plazos para poner en marcha la medida que el Gobierno se comprometió a materializar con una primera bajada a 38,5 horas semanales en 2024 antes de proceder al recorte definitivo a las 37,5 horas en 2025.

La «mediación» del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ante la dificultad de poner en marcha esta reducción sin el acuerdo empresarial ha dado sus frutos y las patronales CEOE y Cepyme abordarán junto a CCOO y UGT la última propuesta presentada por Trabajo para tratar, in extremis, de desbloquear la situación.

El Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT se han reunido de nuevo este miércoles para continuar con la negociación de la reducción de jornada y discutir la última propuesta remitida la semana pasada a los agentes sociales para buscar un acuerdo tripartito.

A la posibilidad de flexibilizar los mecanismos para implantar el recorte en las horas de trabajo mediante una distribución irregular de la jornada en cómputo anual, el Gobierno añade ahora otra pata sobre la que negociar: los plazos para materializar la medida, una manera de atraer a la patronal, que desde el principio se ha mostrado muy reacia a acordar una reducción de jornada.

En la reunión de este miércoles, el Ejecutivo ha planteado a los agentes sociales la posibilidad de que las 37,5 horas se incorporen «sin prisa» con «unos plazos flexibles». Así lo ha transmitido a la salida del encuentro el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha afirmado que este ha sido un extremo demandado tanto por las organizaciones empresariales como por los sindicatos, y que el Ministerio está dispuesto a estudiarlo.

El número dos de Trabajo ha evitado concretar qué formulas se valoran para flexibilizar los plazos, aunque ha ejemplificado que no es lo mismo exigir la aplicación de las 37,5 horas máximas el 1 de enero de 2025 que el 31 de diciembre de ese año, lo que en la práctica daría un margen adicional de un año.

Según ha indicado Pérez Rey a la salida del encuentro, en esta reunión se han abordado tres elementos: “la posibilidad de adaptar la incorporación de las empresas a las 37,5 horas semanales”; “mecanismos que permitan cierta flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo” en algunos sectores; e “incorporar el derecho a la desconexión digital».

«Es un debate que se ha abierto en la Mesa de hoy, que han propiciado las organizaciones patronales y sindicales, y lo sensato es esperar a la próxima reunión para ver cuáles son los márgenes», se ha limitado a decir, evitando dar más detalles sobre la flexibilización de los plazos e insistiendo en que el Ejecutivo mantiene el compromiso de no ir más allá de 2025.

Antonio Garamendi desde CEOE prefiere diferir la reducción en un tiempo más largo tal y como dijo en la Asamblea General de CEOE. (Imagen: CEOE)

Distribución irregular y desconexión

Esta posible relajación de los tiempos se suma a la flexibilización que el departamento de Yolanda Díaz planteó la semana pasada al proponer que el 10% de la jornada anual que actualmente las empresas pueden distribuir irregularmente siga calculándose sobre 40 horas en 2025, en lugar de sobre las 37,5 horas a las que se aspira a reducir la jornada máxima legal.

Con esta iniciativa, que ha sido acogida de forma favorable desde sindicatos y patronal según Pérez Rey, se busca facilitar que las empresas de sectores como la hostelería o la agricultura —donde la actividad se concentra en momentos puntuales del año— puedan concentrar más horas de trabajo en estos picos de actividad.

Además, el secretario de Estado ha mencionado este miércoles otras fórmulas para dar margen a las empresas a la hora de incorporar las 37,5 horas, como la posibilidad de ajustar las horas mediante días de vacaciones o permisos adicionales. No obstante, el número dos de Trabajo ha evitado concretar ninguna propuesta al respecto y ha emplazado a discutirlo en la próxima reunión de la Mesa de Diálogo Social convocada para el 29 de julio.

El tercer punto que ha destacado Pérez Rey es el del derecho a la desconexión digital, que el Ministerio ha vuelto a poner sobre la mesa pese a que las empresas ya deberían estar cumpliéndolo. De hecho, desde 2019 las compañías están obligadas a contar con una política interna en la que desarrollen cómo garantizan este derecho para sus plantillas.

“Ya está en el ordenamiento, pero hay que profundizar”, ha admitido el secretario de Estado, que ha señalado que “de nada serviría reducir la jornada si (las personas trabajadoras) pueden recibir un mensaje de su jefe a las doce de la noche; un correo electrónico a las cinco de la madrugada; o un whatsapp un domingo a las cinco de la tarde paseando por el parque”. “Son elementos que generan una enorme disrupción en la vida de las personas”, ha señalado el secretario de Estado de Trabajo.

«La reducción de jornada de 2024 coincide con la de 1983 en que reduce el tiempo de trabajo, pero tienen que tener en cuenta que estamos en plena transición digital», ha explicado, recalcando la necesidad de garantizar que los trabajadores no reciban mensajes ni llamadas laborales fuera de su jornada.

Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo, es quien esta llevando negociaciones entre patronal y sindicatos. (Imagen Ministerio de Trabajo)

Amenaza de movilizaciones

Desde el Ejecutivo insisten en que el acuerdo se cerrará «cuanto antes», aunque aclaran que prefieren tardar unas semanas más de lo previsto inicialmente con tal de que el pacto sea tripartido, una postura que dista del intercambio de reproches vivido entre patronal y Trabajo hasta la semana pasada. «No vamos a dejar caer un acuerdo en un contexto de confianza y de construcción recíproca por tratar de acelerar unas semanas el cierre del texto», ha señalado el secretario de Estado, que ha calificado la reunión de este miércoles como «muy constructiva».

Los sindicatos están dispuestos a seguir negociando, pero advierten de una situación de «cierto atascamiento» y avisan de que, si no se producen avances sustanciales, convocarán movilizaciones. «La Mesa sigue funcionando, pero estamos en un cierto bucle», ha apuntado la responsable de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, tras el encuentro.

«De no buscar de inmediato un acuerdo y de no avanzar de una manera sustancial y concreta en la reunión del próximo día 29, para primeros de septiembre CCOO y UGT convocaremos una batería de movilizaciones para conseguir que esta medida sea real y efectiva», ha añadido. «Vamos a trabajar hasta la extenuación, pero el objetivo es irrenunciable», ha subrayado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.

Los representantes de los trabajadores echan en falta concreción en los puntos planteados este miércoles por el Ministerio. «No tenemos nada por escrito», ha lamentado Vicente, que también ha pedido colaboración a la patronal. En particular, respecto a la posibilidad de ampliar los plazos para poner en marcha la reducción de jornada, los sindicatos se muestran dispuestos a aceptar medidas transitorias para casos concretos, pero no un aplazamiento generalizado.

«Podemos ser más elásticos, pero no se trata de llevar al año 2027 o 2026 lo que tiene que empezar a andar ya», ha recalcado Luján. «Transitoriedad sí, aplazamiento no», ha incidido.

Fernando Luján de Frías, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, interviene como representante sindical en esta negociación. (Imagen: Isabel Permuy/ UGT)

Coste laboral para la distribución

A nivel sectorial, por poner un ejemplo, una reducción lineal de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que no tenga en cuenta la vigencia del convenio pactado creará un coste económico de 461 millones de euros para las empresas de ANGED. Es decir, deberán asumir un incremento de los costes laborales del 5,8% por la pérdida de 24,2 millones de horas de trabajo anuales.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) es una organización profesional integrada por 21 de las más importantes firmas de retail en España. Con más de 7.200 tiendas, una facturación superior a 40.000 millones de euros y 230.000 empleados, ofrecen la más amplia oferta de productos, marcas, canales y formatos comerciales, desde alimentación, textil, muebles, bricolaje, electrónica y electrodomésticos a deportes, juguetes, productos culturales y reparación de vehículos.

Las empresas asociadas a ANGED son: El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Alcampo, IKEA, Tendam, Obramat, MediaMarkt, Conforama, EROSKI, C&A, Costco, Apple Retail, FeuVert, Fnac, Sarton Canarias, ToysRUs, Aurgi, Norauto, Dufry y Action.

Para el conjunto del comercio minorista, el impacto de la reducción de la jornada laboral será de 2.888 millones euros. Yolanda Fernández, economista jefe de ANGED, explica que “nuestras empresas asociadas, que representan el 12,3% del empleo total del comercio, van a asumir el 16% del coste total de la reducción de la jornada, debido a que prácticamente toda su plantilla la conforman asalariados frente al conjunto del comercio, donde un 25% son autónomos y no se ven afectados por la medida”.

No obstante, en términos de productividad, son las pequeñas y medianas empresas las más perjudicadas. “La productividad en las grandes empresas del sector es un 21% superior a la media del comercio minorista y esta brecha puede ampliarse con la reducción de jornada ya que las Pymes tienen menor capacidad para anticipar y flexibilizar los turnos de personal. En nuestro sector, un 97% de las empresas tiene menos de 10 empleados y solo el 0,25% tiene más de 50 empleados”, puntualiza Yolanda Fernández.

La imposición de una reducción de la jornada laboral fuera del ámbito del diálogo social cambia las reglas de juego para todos los sectores. En especial, para aquellos como el nuestro, que a través de la negociación colectiva han buscado fórmulas que permitan la conciliación profesional y familiar sin pérdida de capacidad productiva para las empresas.

Yolanda Fernández, economista jefe de ANGED, advierte que el coste económico para las empresas del sector de la distribución podría estar en los 461 millones de euros anuales. (Imagen: ANGED)

En el caso del convenio colectivo de grandes almacenes, se acordó en 2023 con el apoyo del 98% de las organizaciones sindicales (Fetico, Valorian, CCOO y UGT) mantiene la jornada en 1.770 horas/año a cambio de unos incrementos salariales muy importantes (17% en el periodo de vigencia) y medidas de conciliación como planificación trimestral, limitación de trabajos en domingos y festivos, descansos de calidad por encima del sector y otras medidas de conciliación e igualdad.

Estas fórmulas acordadas en el convenio permiten anualizar la jornada y ofrecen a las empresas mecanismos de flexibilidad, para que las reducciones efectivas de la jornada de sus trabajadores se realicen en los momentos de menor actividad, sin perder por tanto productividad. Hay que tener en cuenta que, en sectores como el comercio, la presencialidad en las tiendas es necesaria. Por tanto, se necesitan fórmulas flexibles para adecuar la organización del trabajo a los ciclos de mayor afluencia de clientes.