Tres funcionarios de baja paralizan parcialmente las tramitaciones en un Juzgado de Familia

A inicios de esta misma semana, el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de A Coruña anunciaba, a través de un provocativo cartel colocado en la puerta de su oficina judicial, que no iba a tramitar los asuntos acabados en 1, 2, 3 y 4, y los procedimientos de ejecución que terminen en 1, 2 y 3 por falta de personal.

El pasado martes, en este mismo foro, Economist & Jurist, junto a la Asociación Española de Abogados de Familia, denunciaba públicamente la situación que padece este Juzgado especializado en el ámbito de Familia y advertía de las graves consecuencias para los derechos fundamentales del ciudadano que un Juzgado decida, a través de un sencillo aviso y sin ningún indicio de hasta cuándo se prolongará tal situación, que determinados procedimientos se dejarán de impulsar y tramitar.

“Desde la AEAFA consideramos que la situación que se produce en A Coruña y en otros juzgados españoles es intolerable. Es una muestra más de la falta de medios personales y materiales que padece la Justicia y que repercute en el ciudadano, además de un menosprecio a las crisis familiares. En España, ¿acaso son menos importantes los hijos, los abuelos, las madres o los padres o las parejas? ¿Acaso merecen menos atención que otros ámbitos como el Mercantil? ¿De verdad que un divorcio, la guarda y custodia de nuestros hijos o la incapacitación de un abuelo con demencia no son determinantes y se merecen una atención digna en nuestros tribunales?”, se preguntaban desde la asociación que agrupa a la gran mayoría de los letrados de Familia de España.

Instalaciones del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña. (Foto: ICACOR)

Consecuencia de la denuncia pública, en la jornada de ayer, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, en aras de proteger los intereses de sus colegiados, emitió una nota informativa evidenciando su preocupación por lo ocurrido y anunciado las medidas adoptadas por la institución para intentar poner solución inmediata a la falta de medios y personal que padece el mencionado Juzgado de A Coruña.

En primer término, desde la Junta de Gobierno del Colegio liderado por su Decano Augusto José Pérez-Cepeda Vila apuntan que el polémico anuncio de suspensión está motivado por la baja de tres funcionarios, cuyas plazas aun no han sido cubiertas.

La próxima semana se espera poder solucionar el problema cubriendo las tres plazas vacantes

En plena Semana Santa y a sabiendas del aumento de los conflictos familiares que se suceden en estas fechas, el Decano se ha puesto en contacto con la Dirección General de Justicia, donde se le informó al detalle de cuál era la situación del Juzgado, así como que la próxima semana se espera poder solucionar el problema cubriendo las tres plazas vacantes.

Por último, el Colegio no deja pasar la oportunidad para mostrar su preocupación por los derechos de los justiciables y manifestar su inquietud en relación a la cada vez más frecuente falta de medios humanos y materiales que padece este servicio público: “la endémica falta de medios y personal en la Administración de Justicia pone en grave peligro los derecho de los justiciables; y, además, la demora en la solución de las crisis familiares puede generar situaciones de crispación que termine conociendo la jurisdicción penal”, concluye la nota informativa.

¿Crear un nuevo Juzgado de Familia?

Llamativamente, el Colegio de Abogados de A Coruña ya reclamaba a inicios del mes de marzo de 2022 la necesidad de crear “de manera urgente” e “imperiosa” un nuevo Juzgado de Familia.

Si antes los asuntos relacionados con las separaciones, los divorcios, las custodias o las medidas paternofiliales se demoraban alrededor de dos meses, en la actualidad se está retrasando su tramitación hasta seis meses. “Se están programando visitas para el mes de septiembre”, alertaban.

Galerías de la Marina, A Coruña. (Foto: iStock)

Según cifras del Consejo General del Poder Judicial del 2021, los Juzgados de Familia de A Coruña soportan desde hace cuatro años, de media, una sobrecarga de un 154,75 %, un 54,75 % superior a lo que se considera óptimo.

A Coruña cuenta con dos Juzgados de Familia y Vigo, con una población similar, dispone de tres Juzgados especializados en este ámbito

Por último, desde la institución dirigida por Pérez-Cepeda Vila exponían su intranquilidad en relación al aumento de volumen de asuntos que tendrían que soportar estos concretos órganos judiciales. “La entrada en vigor de la Ley 8/2021 de 2 de junio, que está en vigor desde el pasado 3 de septiembre impone a los juzgados de familia revisar periódicamente medidas de apoyo adoptadas judicialmente en relación con las personas con discapacidad y, en un plazo máximo de tres años, todos los procedimientos de incapacitación existentes hasta la entrada en vigor de dicha ley”. Así pues, en base a este escenario, “a la carga habitual de trabajo en estos Juzgados se añaden las revisiones de las medidas ya acordadas con motivo de dicha reforma», avisaban desde el Colegio de Abogados.