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Noticias Jurídicas

Un juzgado condena a los exdueños de Codere a pagar más de 650.000 euros por administración desleal

Los acusa de usar la tarjeta corporativa para gastos personales en viajes y artículos de lujo

Sede de Codere (Fuente: Google)

Tiempo de lectura: 4 min

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Un juzgado condena a los exdueños de Codere a pagar más de 650.000 euros por administración desleal

Los acusa de usar la tarjeta corporativa para gastos personales en viajes y artículos de lujo

Sede de Codere (Fuente: Google)



José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, exdueños de la compañía de apuestas y casinos Codere, se han enfrascado en una guerra contra los nuevos administradores de la compañía y ya han perdido la primera batalla. El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid los ha condenado por administración desleal a devolver más 650.000 euros a la compañía.

Codere presentó una demanda contra los hermanos Martínez Sampedro en septiembre de 2020 después de descubrir presuntas irregularidades durante los últimos años de gestión de la familia. La sentencia señala que los inversores instalaron una de sus sociedades personales, Francomar Investment, en la sede oficial de Codere, sin pagar ningún tipo de compensación a la compañía entre 2010 y 2013.



Posteriormente, entre 2014 y 2016, los Sampedro acordaron subarrendar 195 metros de las oficinas centrales del grupo a su empresa particular, a cambio de una contraprestación que no cubría los gastos reales. De este modo, los directivos de la compañía pagaban a la empresa que dirigían 6,51 euros el metro cuadrado por el espacio que se alquilaban a sí mismos, lo que suponía unos 1.270 euros al mes. Sin embargo, según el auto del juzgado, a Codere le costaba en el contrato de arrendamiento con Testa, la dueña de las oficinas, entre 15,5 y 17 euros por metro cuadrado.



José Antonio Sampedro, ex presidente de Codere. (Foto: Google)

Informe pericial

Los administradores de Codere pidieron un informe pericial sobre la labor de los anteriores administradores. De este informe se desprende que los Martínez Sampedro cargaron gastos personas les en una tarjeta de crédito de la empresa. En concreto, viajes personales a Palma de Mallorca, México, Miami, Bogotá, Caicos e islas turcas, según el auto del magistrado. Asimismo, habrían usado la tarjeta corporativa para pagar comidas privadas en restaurantes de lujo, así como para adquirir dos bolsos de la marca Loewe y hasta las facturas del wifi de la casa de los empresarios en Palma de Mallorca.



«De los hechos relatados resulta que los administradores demandados incumplieron el deber de lealtad exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 227 de la LSC al suscribir una relación de subarriendo con Francomar Investments SL en un primer momento de forma gratuita y después a un precio inferior al de mercado. Asimismo, antepusieron sus propios intereses, imputando gastos personales a las cuentas de la sociedad que administraban» relata el escrito del tribunal.

La sentencia del juzgado explica que “Luis Javier Martínez Sampedro y José Antonio Martínez Sampedro han incumplido sus deberes de lealtad como administradores”, por lo que les condena a devolver solidariamente 577.606 euros más los intereses legales por el uso personal de una parte de la sede corporativa del grupo sin abonar la contraprestación necesaria. El auto también les solicita el pago de otras dos sumas por importe de 11.419,27 y 65.089,53 euros por los gastos cargados a la tarjeta de la empresa. Contra esta decisión cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Recurso contra la sentencia

Tras conocer la decisión del tribunal, José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro emitieron un comunicado, del que se ha hecho eco la agencia Europa Press, en el que han anunciado que recurrirán la sentencia.

Local de apuestas de Codere. (Foto: Google)

La familia ha asegurado que presentará recurso contra la resolución al considerar que esta «adolece tanto de defectos de fondo como de forma». Según ha precisado, la sentencia estima una demanda que, a su juicio, es una «represalia» de «los fondos que tomaron el control de Codere de forma ilegal sin lanzar la OPA que establece la legislación española».

En el comunicado subrayan que en que la acción de responsabilidad social que se ha ejercido en su contra «carece del necesario trámite de aprobación previa por parte de la junta general de accionistas de Codere«, lo que les habría dado la oportunidad de «aportar las pruebas» que «dejan sin soporte todas y cada una de las acusaciones» que se les atribuye. «Entendemos que esta sentencia debe ser anulada en su apelación», han indicado.

Los Martínez Sampedro fundaron Codere junto con la familia Franco en 1980. En 2006 recompraron el 42% que tenían los actuales propietarios de Recreativos Franco por 350 millones de euros gracias a un crédito. Los hermanos llegaron a tener el 80% del capital de la compañía. En octubre de 2007, el grupo salió a bolsa a 21 euros por acción, con una capitalización de 1.155 millones. Tras la salida a Bolsa vendieron redujeron su participación al 60%.

Junta de accionistas de Codere. (Foto: Google)

Quiebra técnica

En 2013, después de los problemas que ocasionó al grupo su expansión por Latinoamérica llevaron a la compañía a una quiebra técnica en 2013. Gracias a que los tenedores de varias emisiones de bonos aceptaron canjear la deuda por acciones, Codere salvó el concurso de acreedores a mediados de 2014, pero sus fundadores perdieron buena parte de su patrimonio.

La deuda del grupo, que rondaba los 1.100 millones de euros, estaba en manos de unos fondos de inversión que obligaron a los Martínez Sampedro a entregar sus acciones, con lo que llegaron a controlar el 85% del capital, mientras que la participación de los fundadores de la empresa, después de una ampliación de capital llevada a cabo en 2016, se quedó diluida hasta el 2%.

En 2018, los fondos que controlan la empresa decidieron relevar a los dos directivos ante los malos resultados que cosechaba la compañía. Desde ese momento, los hermanos Martínez Sampedro mantienen una dura pugna en los tribunales contra los nuevos propietarios y administradores.

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