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Noticias Jurídicas

Un proyecto de cuatro estudiantes de ICADE sobre la regulación de la hipoteca inversa, ganador del Desafío Pro Bono España

La ejecución del proyecto es obra de la Fundación Pro Bono España, en colaboración con despachos miembros

Foto de familia de los participantes con miembros de los despachos que han colaborado en este Desafío Pro Bono España. (Imagen: ICADE)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 6 min

Publicado




Noticias Jurídicas

Un proyecto de cuatro estudiantes de ICADE sobre la regulación de la hipoteca inversa, ganador del Desafío Pro Bono España

La ejecución del proyecto es obra de la Fundación Pro Bono España, en colaboración con despachos miembros

Foto de familia de los participantes con miembros de los despachos que han colaborado en este Desafío Pro Bono España. (Imagen: ICADE)



La contratación de hipotecas inversas se ha incrementado en los últimos años para dotar de liquidez a las personas mayores con el objetivo de aumentar y diversificar sus fuentes de ingresos.

Un equipo formado por cuatro estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas ha sido el ganador de la I Edición del Desafío Pro Bono España, una iniciativa pionera impulsada por la Fundación Pro Bono España que busca implicar a estudiantes de Derecho y abogados en la creación de soluciones jurídicas innovadoras y de impacto social.



En esta primera edición, cuyo tema central era los derechos de las personas mayores, el proyecto ganador elegido ha sido Dignidad en la jubilación: hacia un marco regulatorio de la hipoteca inversa centrado en las personas mayores, que ha culminado —gracias al acompañamiento de A&O Shearman, CMS Albiñana & Suárez de Lezo y Cuatrecasas, despachos miembros de la Fundación Pro Bono España— en un informe que se presentará ante el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, así como a los diferentes operadores del mercado.

“Nuestra intención es que este informe no permanezca en el ámbito académico”, asegura Jaime Iglesias, estudiante del Grado de Derecho y uno de los integrantes del equipo ganador de la Universidad Jesuita de Madrid junto a Mónica Encinas, Máximo Puebla y Maite Tormo, alumnos del Grado en Derecho y Doble en Derecho y Filosofía, Política y Economía (E1 y E5-FIPE).

Según explican a Economist & Jurist, Los estudiantes del equipo ganador de la Universidad Pontificia Comillas y el grupo de abogados de la Fundación Pro Bono España proponen, entre otras cosas, la regulación de la figura del asesor independiente; la protección de las garantías para los herederos; y el fomento del diálogo entre todos los operadores del mercado.



Grupo de los jóvenes abogados que han ganado este Desafío Pro Bono. (Imagen: ICADE)

Una iniciativa Pro Bono

La Fundación Pro Bono España es una red de 61 miembros compuesta por despachos, abogados a título individual y departamentos jurídicos de empresas, que tiene como objetivo fortalecer al tercer sector a través del Derecho mediante la resolución de consultas legales y el impulso de proyectos de alto impacto y de alfabetización jurídica.

Fiel a su apuesta por la generación y difusión de cultura, Pro Bono crea espacios de conocimiento y reflexión sobre esta práctica abiertos a todos los ámbitos de la profesión jurídica, el tercer sector y el mundo académico.

Sobre la importancia de que una propuesta con potencial impacto social llegue a manos de las instituciones y poderes públicos, Ignacio Grangel, socio de Derecho Público y Sectores Regulados en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, explica que “proyectos como el que se ha presentado hoy aquí pueden permitir el fortalecimiento del vínculo entre la sociedad civil y las instituciones públicas, a través de cambios regulatorios que persiguen el interés general”.

“El objetivo del trabajo es proponer aspectos concretos a reformar o regular en profundidad en el ordenamiento jurídico español en relación con la figura de la hipoteca inversa. Este es un producto cuya contratación se ha incrementado en los últimos años y que responde a la necesidad de encontrar soluciones para dotar de liquidez al colectivo de las personas mayores con el objetivo de aumentar y diversificar sus fuentes de ingresos y así mejorar su calidad de vida”, asegura Maite Tormo, una de las integrantes del equipo ganador.

“En el informe analizamos los costes de consumo de capital, así como la posibilidad de instrumentar hipotecas inversas sobre la segunda vivienda y la creación de un órgano de participación para fomentar el diálogo entre todos los operadores del mercado”, dicen los alumnos. Además, el informe final incluye tres propuestas relevantes.

Los alumnos con Ignacio Grangel (primero por la derecha), socio de público regulatorio de CMS Albiñana Súarez de Lezo. (Imagen: E&J)

Asesoramiento independiente

El informe sostiene la necesidad de regular la figura del asesor independiente como elemento garantista de la protección de los derechos de las personas mayores. Todo ello con el fin de acompañar y asesorar a este grupo en el proceso de contratación de hipotecas inversas de cara a cubrir sus necesidades en términos y condiciones de mercado.

Otra figura que se plantea es la presencia de los herederos. Se trata de una de las figuras que puede quedar más afectada por los efectos de la hipoteca inversa por lo que, ante el silencio legal, las diferentes entidades han establecido diversas garantías para asegurar su protección. En el informe se discute cómo proteger mejor a esta parte en el contexto del asesoramiento, a la vez que se garantizan los derechos de las personas mayores.

También se propone la actualización de la Guía de Acceso del Banco de España. Aunque dicha guía no es una norma jurídica de carácter vinculante, ha desempeñado una labor fundamental en la configuración de la hipoteca inversa como producto financiero. El informe propone que se introduzcan los cambios y recomendaciones más adecuados para su consideración por los proveedores y clientes.

El trabajo está centrado, sobre todo, en el bienestar de las personas mayores. Con este proyecto “se quiere proveer a la figura de la hipoteca inversa de un marco normativo completo que garantice la seguridad jurídica y contribuya a que el mercado de la hipoteca inversa florezca en España, catalizando los beneficios económicos y sociales propios del producto en favor de las personas mayores”, insta Pilar Navau, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho (Comillas ICADE) y tutora de este proyecto.

En relación con la seguridad jurídica requerida en el contexto de los sectores regulados, Miguel Sánchez, socio de Servicios Financieros en Cuatrecasas, añade que “tal seguridad resulta esencial, tanto para las entidades financieras, que podrán atenerse a un marco regulatorio más claro y preciso, como para las personas mayores que contraten este producto, ya que podrán beneficiarse de una mayor protección y transparencia”.

Despachos que han participado en la iniciativa, junto a Leire Larracoechea, segunda por la derecha, presidenta Fundación Pro Bono. (Imagen: ICADE)

Un producto emergente

Con respecto a la posible repuesta del sector bancario a esta propuesta, Jimena Urretavizcaya, socia de Banking & Finance en A&O Shearman, explica que “la hipoteca inversa es un producto que puede tener un gran desarrollo en España, como ya lo tiene en muchos otros países de nuestro entorno, y el sector ya venía demandando una mayor seguridad jurídica respecto a este producto”.

“Por ello, estoy segura de que las recomendaciones y sugerencias que han aportado los estudiantes con su trabajo, si son acogidas por el regulador, pueden contribuir a un incremento sustancial de estas operaciones, redundando en el beneficio de las personas mayores que es el objetivo principal del Desafío Pro Bono”, comenta.

Esta I Edición del Desafío Pro Bono España ha culminado este martes con un acto de clausura celebrado en la Universidad Pontificia Comillas ICADE que ha reunido a más de 130 personas representantes de la abogacía, el mundo universitario jurídico y el tercer sector, y que ha contado con la presencia de Adopta un Abuelo, Fundación Caser e Iberdrola como entidades colaboradoras de esta edición.

Este acto lo clausuró Antonio Pau Pedrón, consejero de Estado y presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación, que ha repasado las principales modificaciones en el régimen jurídico en materia de discapacidad introducidas por la Ley 8/2021, sirviendo de fuente de inspiración para la II Edición, cuyo foco serán las personas con discapacidad.

Por su parte, Leire Larracoechea, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono España, explica a Economist & Jurist que “creo sinceramente que el Desafío Pro Bono España es la iniciativa que mejor captura la esencia de la visión y el compromiso de la Fundación, que no es otra que ayudar a quienes más ayudan en nuestra sociedad a través del Derecho”.

“En ella confluyen nuestro deseo de impulsar la cultura pro bono en España; nuestro compromiso de identificar las demandas insatisfechas de acceso a la justicia y al Derecho y de darles atención, así como nuestra apuesta por los jóvenes como los principales agentes de cambio en nuestro país, si queremos lograr una cultura pro bono sana y sólida, que permita seguir avanzando en los derechos de los colectivos más vulnerables”, comenta.

Buenos resultados en esta edición

Desde su punto de vista “los resultados de esta I Edición han superado todas nuestras expectativas, con un proyecto ganador con un potencial de cambio importante en la regulación en materia de hipoteca inversa en nuestro país, con los derechos de las personas mayores como centro de todos nuestros esfuerzos”.

A su juicio, “los cuatro estudiantes responsables han llevado a cabo una labor maravillosa, con la implicación de tres despachos miembros de la Fundación que han demostrado una voluntad y un compromiso ejemplares, demostrándonos a todos que el futuro de la abogacía socialmente responsable en España es brillante”.

También resalta que “el acto de este martes lo hemos clausurado con la brillante intervención de Antonio Pau Pedrón, con quien hemos anunciado el foco de la II Edición: las personas con discapacidad”. La directora de la Fundación Pro Bono señala que “en marzo damos pistoletazo de salida a varias sesiones de sensibilización en la materia, y en septiembre abrimos el plazo para presentar candidaturas”.

“Nos encantaría que los estudiantes volvieran a responder a nuestro reto; esta vez, identificando soluciones jurídicas innovadoras para dar respuesta a los muchos problemas que sufren las personas con discapacidad en el día a día. Y lo haremos, cómo no, con la implicación de los principales actores sociales, jurídicos y académicos en nuestro país, a quienes agradecemos de verdad el hacer posible este gran sueño”, indica.