Una demanda colectiva de franquiciados pone contra las cuerdas al propietario de Cien Montaditos

El grupo Restalia, que engloba a marcas como 100 Montaditos, The Good Burguer, La Sureña, las cafeterías Panther y las taquerías Pepe Taco, se encuentra inmerso en un escándalo que puede terminar poniendo en un serio aprieto a su presidente, José María Fernández Capitán y contra 29 sociedades vinculadas al grupo.

Un grupo de franquiciados de la firma ha interpuesto una demanda en los tribunales contra la empresa en la que la acusan de delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos. Por todos estos delitos los demandados pueden enfrentarse a penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.

En esta demanda se manifiesta que el grupo “habría ocultado, de manera deliberada, la existencia de acuerdos con proveedores que suponía, en definitiva, que la franquicia resultase inviable”. El juzgado de instrucción número 52 de Madrid, encargado del caso, ya ha abierto diligencias previas.

En un principio, la demanda fue respaldada por 31 franquiciados, pero este número ya se ha visto duplicado y podría llegar al centenar. Ahora solo se encuentran entre los demandantes presuntos afectados en España, pero no se descarta que posibles perjudicados en otros países puedan terminar uniéndose a la causa.

Restalia se ha convertido en un caso de éxito y su fundador y presidente, José María Fernández Capitán, en un ejemplo de emprendedor. Empezó a franquiciar 100 Montaditos en 2003. En 2007 ya tenía 112 locales y en 2013, llegó a los 400. Después abrió otros negocios, como La Sureña (raciones y cubos de cinco botellines a cuatro euros), la hamburguesería The Good Burger y, más recientemente, las cafeterías Panther y las taquerías Pepe Taco. En la actualidad cuenta con 750 establecimientos en 13 países, según los datos de la propia empresa. La cuestión es, ¿qué ha pasado para que esta historia de éxito se esté viniendo abajo?

José María Capitán, dueño de Restalia. (Foto: Foodretail)

Los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados, a cargo de la representación de los franquiciados presuntamente afectados, convocaron este verano una rueda de prensa en la que dieron una explicación detallada de los problemas a los que parece que se enfrentan los franquiciados de la compañía.

En esa rueda de prensa, aseguraron que han aplicado «varios filtros» para confirmar que lo que dicen los franquiciados «es verdad», para lo cual han realizado «33 informes periciales que dan fe». Según el relato de los abogados, que fue respaldado por tres franquiciados que participaron en la comparecencia ante los medios, la empresa realiza “una captación indiscriminada de franquiciado con promesas de rentabilidad». El Grupo entregaba a los futuros franquiciados un plan de negocio con unos “números irreales” que llevaban a las personas interesadas a firmar los contratos donde, según varios franquiciados, se incluyen cláusulas leoninas.

Una de ellas es que se ven obligados a comprar los productos a proveedores impuestos por Restalia. La empresa argumenta que forma una mesa de compra para hacer todos los pedios de un producto a una sola empresa. De este modo, se pueden aplicar economías de escala y lograr precios más baratos. Sin embargo, muchos franquiciados aseguran que es posible encontrar los mismos productos a precios más bajos en otros puntos de venta.

Esto lleva al abogado Rafael Franco a afirmar que “o la mesa de compra no funciona o existen unos acuerdos que el franquiciado desconoce. Eso proyecta sobrecostes, porque el franquiciado está obligado a comprar a los proveedores al precio que obliga Restalia«. De este modo, según la tesis del abogado, de la ventaja competitiva de comprar tanto volumen se beneficia la franquicia, pero no el franquiciado.

«En el contrato no dicen que poseen acuerdos con proveedores oficiales donde obtienen comisiones enormes», continúa el abogado. «Te imponen no solo esa mercancía, sino su precio, por lo que Restalia compraría a cierto precio a sus proveedores y vendería más caro a sus franquiciados, quedándose con la diferencia.

Esta circunstancia se vería agravada por las promociones agresivas que impone Restalia a sus franquicias. Con estas promociones, además de obligar a algunos franquiciados a vender a pérdidas, según la denuncia, la clientela se concentra en uno o dos días.

Según los cálculos realizados por los demandantes, el grupo habría causado un perjuicio de casi 20 millones de euros solo a los primeros 32 franquiciados y el perjuicio promedio sería de entre 300.000 euros y 600.000 euros por franquiciado.

Establecimiento de La Sureña. (Foto: Plaza Mar)

Restalia se ha defendido de las acusaciones y emitió un comunicado a finales de julio en el que aseguraban que hasta el momento no tenían constancia ni habían recibido denuncia o citación alguna. A ello añadían que “en sus 22 años de historia, la compañía no se ha enfrentado a procedimientos penales y cumple, rigurosamente, la regulación vigente”. Por ello, se mostraban tranquilos al considerar que han actuado “de forma transparente y acorde a los acuerdos y contratos con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones” y que siempre se han posicionado al lado de sus franquiciados.

Grabación comprometedora

Los abogados de los franquiciados han presentado en el juzgado la ampliación de la denuncia en la que se incluye a los nuevos demandantes y, además, aportan la grabación de la conversación entre un franquiciado y un trabajador de Heineken, empresa que suministra la cerveza a los establecimientos del grupo. Según el contenido de esta grabación, a la que ha tenido acceso El periódico de España, revela que Heineken retornaba a Restalia el 50% de lo pagado por el franquiciado a la suministradora de cerveza. Esta circunstancia demostraría, a juicio de los demandantes, la existencia de pactos secretos entre Restalia y las empresas suministradoras que perjudican a los franquiciados.

En la ampliación de la denuncia, los abogados de los franquiciados afectados inciden en que «en ningún momento previo ni coetáneo a la firma del contrato de franquicia, se comunicó o refirió ni, menos aún, se consignó en documento alguno, ni la existencia de dichos acuerdos ni sus consecuencias para el negocio franquiciado».

Tras conocerse la existencia de esta conversación, los demandantes han pedido al juzgado que incluya a Heineken en el procedimiento que se sigue contra Restalia. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press que los denunciantes solicitaron a finales de julio la ampliación del caso para que se incluya a la cervecera neerlandesa por «acuerdos ocultos» con Restalia.

Por su parte, Heineken España ha señalado que sí mantiene un contrato con Restalia para ser proveedor homologado, pero que es «totalmente ajena a la relación contractual entre Restalia y sus franquiciados», por lo que «no tiene acceso a ningún tipo de información relativa a las condiciones, derechos u obligaciones que puedan existir entre ambos, por lo que desconoce absolutamente las condiciones pactadas entre estos».