Una magistrada abronca a un letrado: “¿Cómo se le ocurre transportarse en coche en Madrid?” 

El abogado Carlos Alonso estaba citado a una vista en los juzgados de Familia de Madrid un miércoles a las 13.30h para una vista de medidas provisionales en la que se acordaba una pensión de alimentos para una menor de edad. Después le convocaron a un juicio, ese mismo día, en el Juzgado de Menores de esa misma ciudad a las 11.30h. Ante el posible solapamiento de las vistas, Alonso comunicó a los dos juzgados la situación. El Juzgado de Menores respondió que la suya era una jurisdicción preferente y, además, tenían a cuatro menores acusados, de forma que seguían adelante. El Juzgado de Familia señaló que no había avisado con el margen de tres días reglamentario y le informó de que tampoco iban a suspender el señalamiento. Él no pudo avisar con más tiempo puesto que fue citado con menos margen en Menores. 

El día de la vista, Alonso se presentó en el primero de los juzgados a la hora de la citación. No obstante, el comienzo del acto se retrasó más de cuarenta minutos. “Afortunadamente, faltaban testigos y solo celebramos la mitad del juicio ese día”, señala el abogado. Salió del juzgado a las 13.15h y se dirigió, en coche, hasta la otra sede judicial, a donde llegó a las 13.45h, quince minutos después de la hora prevista. “Allí me encontré a la magistrada, gritándole a mi procurador. No me dejó ni disculparme. Cuando conseguí exponer la situación, me dijo que eso no era asunto suyo y que me habían denegado la suspensión solicitada. Para terminar, me espetó que cómo se me ocurría transportarme en coche por Madrid”, cuenta Alonso, de Alonso Mauricio Abogados. Si hubiese acudido en metro, probablemente, habría llegado mucho más tarde, teniendo en cuenta que hay mala conexión entre los dos juzgados.“A mi no se me ocurriría ponerme a gritarle a su señoría en ninguna de las múltiples ocasiones en que se retrasan. Me echarían de la sala”, concluye. Esta es la situación más flagrante que ha vivido, reconoce, pero es habitual “entrar una hora tarde y que el juez te recorte de malas maneras los tiempos de intervención, sin dejarte tiempo para interrogatorios o conclusiones. Vamos, sin dejarte apenas trabajar porque se quiere ir.”

No es el único abogado que ha tenido que sufrir faltas de respeto o desconsideraciones en el ejercicio de su trabajo por parte de jueces o funcionarios judiciales. Famosas son ya las formas del magistrado de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, que no solo se ha dirigido de una forma bastante ruda contra letrados. También ha interpelado de esta manera a fiscales o personal auxiliar de sala.   

El abogado vitoriano Javier García confiesa que está agotado, harto de aguantar el ninguneo y las malas formas que recibe en los juzgados por parte de los funcionarios, hasta el punto en que se está planteando abandonar la profesión. “Estoy cansado de ir a diligencias en las que esperan que seamos floreros, cansado de esperas absurdas en pasillos, cansado de reducciones arbitrarias de costas, cansado de la falta de reconocimiento de la labor que prestamos en el turno (de oficio).”, lamenta. García se queja de “esperas absurdas porque se señalan vistas con un irrisorio margen de separación, mañanas de señalamientos que comienzan tarde porque su señoría se retrasa, negativas a enseñar autos, diligencias de las que no son informados a tiempo, malas contestaciones”. Añade que “en 19 años de ejercicio jamás me había planteado cambiar de profesión. Ahora si. Porque además soy autónomo y somos los grandes olvidados y asfixiados”. García recuerda que la huelga de los letrados judiciales les ha perjudicado y les ha hecho perder mucho tiempo.»

Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. (Foto: Archivo)

«Nunca hay que aguantar que nadie nos falte al respeto cuando hacemos nuestro trabajo. Aplicable a compañeros, jueces, fiscales y resto. Somos abogados, no el saco de boxeo de nadie. Y, si, exijo y merezco respeto», reclama en Twitter la abogada Helena González.

A lo largo de mi carrera he denunciado el maltrato que sufrimos en el ejercicio profesional. A veces con resultados positivos, otras veces sin éxito, pero he de reconocer que últimamente comienzo a resignarme y aceptar”, publicaba hace unas semanas en redes sociales el abogado Juan Gonzalo Ospina. Relataba que, en la asistencia a un detenido, “Al llegar a los calabozos había aproximadamente unos 20 abogados. Todos esperando en ese pasillo infame, porque el funcionario de prisiones nos dice que hasta que no se lean los derechos de los detenidos podíamos entrevistarnos con nuestros clientes. Inédito. Preguntamos quién ha dado esa orden, y nos indica que esa es su orden y punto. Hasta las 12:30h muchos de nosotros no nos habíamos entrevistado con los detenidos.” Ese mismo día, este abogado penalista intentó hacer copias de un atestado y un funcionario se lo impidió sin que pudiera, en ese momento, recurrir al LAJ para quejarse. “A las 13:00h, llegan juez y fiscal y empiezan a pasar las vistas. Me dice el funcionario que pase y le digo que no, pues no he visto a mi cliente. Me responde que o paso o pierdo turno. Entro con la jueza y le pido entrevistarme con mi cliente”. La jueza le dio cinco minutos para hacerlo.  “Mucha LECrim, Directivas Europeas, pero el día a día es así y esto es lo que hay”, manifiesta Ospina. 

El diputado responsable de Defensa de la Abogacía del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Javier Mata afirma que las situaciones de tensión no son anecdóticas pero sí muy infrecuentes. “A veces las cosas se tensan porque la justicia digital no funciona como debería, tenemos que ir a pedir información sobre los expedientes al juzgado y allí los funcionarios están desbordados y a veces no responden de la mejor manera. Si el expediente digital funcionara correctamente, esto no pasaría”. Cuanto más se retrasan los procedimientos, y teniendo en cuenta la situación de la justicia se retrasan mucho, más se insiste en tener información sobre ellos y eso genera situaciones de tensión, cuenta. Cuando el letrado no ha sido bien tratado, puede presentar un escrito en el juzgado pidiendo un mejor trato y manifestarlo oralmente en la vista porque se queda grabado. Además, puede cursar una queja en el servicio de Defensa de la Abogacía del ICAM. En ese momento, se abre un expediente informativo, se contrasta si la queja del letrado es real y, en ese caso, lo comunica a los órganos judiciales correspondientes, que reciben también sus estadísticas trimestrales de quejas, para que adopten las medidas oportunas. “En los casos más graves, lo que puede pedir el letrado al servicio de Defensa de la Abogacía es un amparo colegial, una resolución expresa que determine que un letrado ha sido lesionado en su derecho de defensa y se comunica al CGPJ. Si es muy grave, el colegio puede actuar de oficio e interponer una acción judicial”, explica. “Un juez que no te permite hacer unas conclusiones o que te está interrumpiendo constantemente, lesiona gravemente tu derecho de defensa”, subraya Mata, que cifra en unas 120 las quejas que se han producido en Madrid a consecuencia de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia.