Una sociedad verdaderamente libre y de iguales

España se encuentra a la cabeza de los países de nuestro entorno en legislación sobre igualdad, pero también donde la brecha entre legalidad y realidad es más que evidente. Es constatable que la presencia de mujeres en el ámbito profesional se ha consolidado, pero no se está avanzando lo suficiente ni al ritmo que sería deseable para toda la sociedad. Este diagnóstico no es exclusivo para España, sino que –por desgracia- es compartido con toda la UE, hasta el punto que el propio Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) ha reconocido que Europa avanza a “paso de tortuga” en esta materia; y cito literalmente al propio EIGE.

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito.

La práctica totalidad de compañeras que tan acertadamente han participado en esta serie de reportajes para conocer la situación actual de la mujer dentro de la abogacía coincide en poner sobre la mesa este problema, que han abordado sin complejos proponiendo soluciones.

En la Administración de Justicia es incomprensible que las mujeres sean mayoría en la carrera judicial y sigan siendo minoría en todos los órganos colegiados, incluso tras el nombramiento de la magistrada María Luisa Segoviano como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la primera en su historia.

En la abogacía las mujeres son mayoría a la hora de incorporarse en los últimos años a la profesión, pero este incremento no tiene su reflejo en la composición de los cargos de responsabilidad ni en los órganos decisorios de los despachos e instituciones. A 31 de julio de 2020, las abogadas representaban el 43% de los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía y aunque es un importante incremento con respecto a años anteriores no es suficiente para ser un reflejo fiel de la presencia femenina en la profesión.

Un reflejo de la carrera de obstáculos que supone ser abogada en nuestro país. Y es que todavía hoy las abogadas se encuentran con barreras que les impiden su progresión profesional, que limitan sus remuneraciones o los medios para compaginar su vida laboral, personal y familiar. El tapón invisible –otros le llaman techo de cristal- que desequilibra la proporción de hombres y mujeres en los altos puestos profesionales es una realidad evidente. Por eso venimos reclamando reformas legales que faciliten la conciliación al conjunto de la profesión al igual que la desconexión digital. Pero no es suficiente.

Desde el Consejo General de la Abogacía llevamos trabajando, desde que fui elegida por primera vez, por la igualdad. Hemos creado una Comisión de Igualdad y puesto en marcha un Plan de Igualdad cuyo ámbito de aplicación es el propio Consejo, con el horizonte de servir de referencia para los 83 Colegios de la Abogacía y también para los despachos que quieran implantarlo. Pero no es suficiente.

Enfrentamos pues un serio déficit que existe en las sociedades democráticas y que debe corregirse cuanto antes porque la desigualdad es una forma inaceptable de injusticia y nos lleva a la ruina de la democracia. Cuanto más seamos y mejor conozcamos lo problemas que nos rodean, cuanto más firmes y cualificadas sean las respuestas a esta injusticia, antes conseguiremos una sociedad verdaderamente libre y de iguales a la que nunca debemos renunciar.

Mujeres y hombres debemos trabajar para que la igualdad deje de ser una utopía y se convierta en una realidad. Se trata de hacer, cada uno desde su ámbito, que – como dice Amelia Valcárcel- “esa igualdad por decreto, cutánea, penetre en la médula en la que los prejuicios se reproducen”.