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Marketing & Technology

El valor añadido del abogado digital en la lucha contra la morosidad

"El abogado se encuentra ante un nuevo reto: ofrecer alternativas viables para el cobro de deuda impagada que pueda ofrecer resultados al corto y medio plazo"

(Foto: E&J)

Andrés Sanchís Godoy

Letrado en RSM Spain




Tiempo de lectura: 3 min

Publicado




Marketing & Technology

El valor añadido del abogado digital en la lucha contra la morosidad

"El abogado se encuentra ante un nuevo reto: ofrecer alternativas viables para el cobro de deuda impagada que pueda ofrecer resultados al corto y medio plazo"

(Foto: E&J)



“Las pymes españolas atraviesan un momento complicado”, es la conclusión que alcanza la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) en su informe “indicador CEPYME sobre la Situación de la Pyme” de mayo de 2022.

La inflación desbocada, el incremento de costes y el aumento de tipos de intereses son las principales dificultades que actualmente soportan la pequeña y mediana empresa. Esta delicada situación está provocando un aumento de la morosidad de las PYMES hasta un nivel de deudas comerciales de 279.808 millones de euros a cierre de 2021. Es decir, un 17,3 % más en términos interanuales. Y, ello sin contar con el primer semestre del año 2022 que precipita, más si cabe, la frágil situación de solvencia que atraviesan algunas empresas españolas.



Ante este escenario, y el colapso en el que se halla la Justicia española, el abogado se encuentra ante un nuevo reto: ofrecer alternativas viables para el cobro de deuda impagada que pueda ofrecer resultados al corto y medio plazo ya que, como bien expresaba Seneca, “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.



Dejando de lado las soluciones tradicionales, actualmente existen alternativas que, unidas a la digitalización, pueden facilitar la gestión de la morosidad y el cobro de deuda en el sector legal.

Según el Consejo General de la Abogacía Española, el 80 % de la deuda comercial no está recogida en ficheros de morosidad, y su inclusión resulta trascendental como medida de apremio para el cobro de la deuda ya que afecta al renting y scoring del deudor al ser accesible por todo el sistema financiero y el tejido empresarial del país.



«Según el Consejo General de la Abogacía Española, el 80 % de la deuda comercial no está recogida en ficheros de morosidad» (Foto: E&J)

Sin embargo, la inclusión en un fichero de morosidad requiere del cumplimiento de ciertos requisitos legales, como que la deuda sea cierta, vencida, exigible y no litigiosa, y la observancia de una serie de formalismos en cuanto a la notificación de la inclusión en el fichero de solvencia, ya que la inclusión indebida puede llegar a suponer la intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de un tercero.

Igualmente, la resolución extrajudicial de conflictos es una opción que permite alcanzar soluciones rápidas que no lastren los resultados económicos del acreedor, dificulten su acceso a financiación o afecten a sus ratios de solvencia.

En la actualidad, existen herramientas Legaltech que ayudan a implementar cualquiera de las alternativas comentadas. En este sentido, el sector legal cuenta con plataformas digitales que facilitan la debida inclusión en ficheros de morosidad acelerando y haciendo eficiente un proceso que si no podría resultar tedioso e improductivo.

La implementación y uso de sistemas informáticos para la celebración de acuerdos extrajudiciales online también está facilitando la reducción de la morosidad a través de un sistema ágil y flexible. Para ello, es preciso contar con una plataforma que cuente con un prestador de servicios de confianza y emita una certificación con un resumen del acuerdo acreditando la fecha y hora de la firma del contrato (sello de tiempo cualificado). Esta tecnología permite a las partes saber que el documento no puede ser alterado desde el instante de su firma, gozando así el acuerdo de una absoluta integridad y seguridad jurídica contractual.

Por ello, la digitalización puede suponer un avance y ventaja estratégica para la lucha contra la morosidad, y de ser así, suponer un valor añadido para PYMES y profesionales del sector legal.

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