La revolución que viene en la abogacía: del legal project manager al outsourcing jurídico

“La tecnología quitará puestos de trabajo a los abogados”, “los abogados cobraremos menos en los próximos años” o “la profesión está peor que nunca” son algunas de las frases que más se repiten en los últimos años cada vez que muchos compañeros miran al futuro.

Muy al contrario, vivimos un momento dulce para nuestra profesión en el que la revolución tecnológica va a reinventar la forma en la que se han prestado los servicios jurídicos durante los últimos miles de años. ¿No abre esta propuesta un horizonte apasionante? Por supuesto lleno de grandes incertidumbres, como toda situación de cambio, en la que se exigirá a los profesionales jurídicos una extraordinaria capacidad de adaptación y flexibilidad para aprovechar las oportunidades abiertas.

La llegada de nuevas formas de gestionar los procesos de los servicios jurídicos o de nuevas formas ofrecer servicios jurídicos a los clientes no es otra cosa que una oportunidad abierta para mejorar y encontrar mejores opciones de ser eficientes en la forma de gestionar nuestro despacho (y ganar dinero con él).

La digitalización de un servicio siempre exige, entre otras cosas, que se examinen y estudien todos los procesos que se incluyen en ese servicio. Cuando se realiza este estudio, en algunos casos podemos introducir mejoras y en otros simplemente replicamos el proceso pero de forma digital. Cuando trasladamos los procesos que conforman un servicio al ámbito digital es cuando “digitalizamos” un servicio, mientras que cuando modificamos ese flujo de procesos introduciendo mejoras o alternativas a su gestión es cuando “transformamos digitalmente” el servicio.

En el marco de la transformación digital nacen nuevas formas de prestar servicios jurídicos que hasta ahora, en la era analógica de la abogacía, no eran posibles (ni pensables).

«La digitalización de un servicio siempre exige, entre otras cosas, que se examinen y estudien todos los procesos que se incluyen en ese servicio» (Foto: E&J)

Legal Project Manager

El Legal Project Manager es un especialista en gestionar proyectos legales. La gestión de proyectos se basa en un conjunto de conocimientos, herramientas y técnicas que facilitan desarrollar un determinado negocio, los riesgos que son inherentes al mismo y las excepciones que pueden surgir en su desarrollo.

Aunque hasta el momento no se ha hablado de gestión de proyectos en el mundo jurídico y mucho menos en la formación que recibimos como abogados, si nos fijamos un poco, cualquier encargo que recibe un abogado en su carrera es el compromiso adquirido de entregar en un plazo determinado un determinado “producto” (dictamen, demanda, contrato, propuesta…) conforme a un objetivo perseguido (reclamar una cantidad, tener seguridad en una relación comercial, valorar riesgos de una operación…). Por lo tanto podemos considerar los encargos jurídicos como proyectos.

Si un bufete quiere estandarizar sus procesos y crear equipos de trabajo por tareas necesitará implantar esta figura en su estructura. A diferencia de lo que sucede con los Project Managers en la industria, que son especialistas en la metodología con independencia de la producción sobre la que se aplique, en el caso del entorno legal, es necesario tener conocimientos muy específicos y profundos de la actuación jurídica que subyace en el proceso que se está organizando. Es por ello que la figura de Legal Project Manager es una nueva forma de ejercer la abogacía, desde la organización de los procesos que se gestionan en una organización en lugar desde la tradicional dirección jurídica de un asunto.

«El Legal Project Manager es un especialista en gestionar proyectos legales» (Foto: E&J)

Legal Operations

La labor del departamento de Legal Operations es la de proveer a una organización (bufete o empresa con departamento jurídico) del soporte estratégico, tecnológico y de inversiones necesarios para ofrecer el servicio legal requerido en el menor tiempo posible y con la mayor calidad posible.

En muchas organizaciones no es sólo necesario dar una respuesta correcta a una determinada demanda; además debe ser eficiente. Para medir la eficiencia en el servicio jurídico que se solicita los abogados responsables de Legal Operations necesitan identificar las KPI (unidades de medida) que pueden valorar la idoneidad de la ejecución de un determinado proceso jurídico. A partir de esos valores podrán obtener métricas que permitan reorganizar el servicio para asegurar su eficiencia y aumentar la productividad.

Desde organizar adecuadamente la recogida de los datos necesarios para la valoración jurídica, hasta organizar las personas que deben resolver y supervisar el servicio, pasando por la automatización de las copias de emails o la definición de cómo debe presentarse el servicio para su entrega. Todo lo medible es susceptible de mejora para ofrecer una reducción de costes o aumento de productividad a través de propuestas de mejora.

Legal Operations es un cambio de paradigma el el concepto de trabajo de un abogado. Hasta el momento, el servicio jurídico era valorado como tal, como jurídico.

Así un buen dictamen es el bien fundamentado en sentencias o con cita de legislación o con examen de diferentes puntos de vista doctrinales. Desde el punto de vista de Legal Operations un buen dictamen es aquel que ofrece una respuesta clara a la pregunta formulada por el interesado en el periodo de tiempo más breve posible, o aquel que es capaz de medir con mayor precisión la probabilidad de éxito de una reivindicación, o el que ofrece más alternativas… todo dependiendo de cual era la hipótesis planteada inicialmente. Pero siempre atendiendo al interés de la organización. Por ello la valoración del servicio es por su aportación a la organización y no por la ejecución jurídica individualmente considerada.

«Un buen dictamen es el bien fundamentado en sentencias o con cita de legislación o con examen de diferentes puntos de vista doctrinales» (Foto: E&J)

Legal Engineer

El ingeniero legal es el abogado desarrollador de software o herramientas que aseguran un cumplimiento normativo. Conseguir garantizar que las herramientas de software sean necesariamente cumplidoras de la ley es uno de los grandes retos de la informática del siglo XXI. El software ya no es una herramienta neutra cuyo uso es determinado por el usuario. Hoy existe una exigencia cierta de que el cumplimiento se produzca desde el diseño, es decir, que no pueda utilizarse de forma contraria a Derecho.

Este diseño cumplidor requiere una valoración estrictamente jurídica de cada paso en los procesos de uso en el momento de la programación. No se trata de una valoración técnica, si no de una auténtica evaluación jurídica de la ejecución técnica realizada en el momento del desarrollo.

Aunque en estos momentos cuando hablamos de cumplimiento by design pensamos en la normativa derivada del RGPD en materia de protección de datos personales, lo cierto es que estos requerimientos técnico-jurídicos se van ampliando cada vez más a facetas como el fintech o las operaciones bancarias.

El ingeniero legal es el abogado desarrollador de software o herramientas que aseguran un cumplimiento normativo (Foto: E&J)

Legal Design

El Legal Design es el paradigma que procura rediseñar el derecho para hacerlo comprensible y aplicable de forma amigable para el usuario y sin tener puntos oscuros o interpretables. Se basa en la aplicación de la metodología desing thinking para encontrar productos jurídicos completos y complejos pero fáciles de entender y contratar por el usuario.

Legal Design no es diseño legal (aunque puede utilizarse el diseño para facilitar el Legal Design). Se trata de aplicar un nuevo paradigma en el que es necesario facilitar y acercar los servicios y productos legales para facilitar la contratación de los mismos.

Legal Design está implícito en la reformulación de procesos en los entornos empresariales como veíamos en puestos como Legal Operations o Legal Engineer y es la base del desarrollo de tecnologías como la Inteligencia Artificial en el sector legal.

«Procura rediseñar el derecho para hacerlo comprensible y aplicable de forma amigable para el usuario» (Foto: E&J)

Outsourcing Jurídico

Probablemente uno de los mayores retos de todos los abogados sea conseguir aumentar la rentabilidad de las horas trabajadas. Para ganar más dinero en la mayoría de los casos se plantea como solución la necesidad de trabajar más horas, pero como en cualquier servicio profesional, los abogados tenemos una limitación fundamental de tiempo para dedicar a nuestra actividad. Por lo tanto, si trabajar más horas no es la solución, debemos intentar trabajar mejor.

La clave para poder incrementar la rentabilidad de las horas trabajadas en los despachos de abogados pasa por la gestión delegada de algunos procesos sin incurrir por ello en costes fijos. Esta opción es la que encontramos en los modelos de outsourcing jurídicos en los que se obtiene un servicio profesional a una necesidad puntual a cambio de un pago por uso, sin necesidad de tener una gran infraestructura ni los costes a ella aparejados.

La externalización de algunos procesos de nuestros servicios jurídicos permiten a los abogados actuar en localidades alejadas de su despacho sin tener que incrementar los precios a los clientes por dietas, simplemente contando con un abogado sustituto. También facilitan definir el foco del profesional dedicando el tiempo a tareas más productivas y por ello que más beneficio reportan.

El outsourcing jurídico permite a los abogados aceptar encargos que excedan de sus posibilidades de carga de trabajo, incrementando su respuesta a los clientes puntualmente y necesidad por necesidad.

Siempre que produce un cambio tecnológico hay profesionales que temen el cambio… y otros que lo aprovechan. ¿Tú qué tipo de abogado quieres ser?

«El outsourcing jurídico permite a los abogados aceptar encargos que excedan de sus posibilidades de carga de trabajo» (Foto: E&J)