A la caza del Poder Judicial

La Constitución atribuye a los jueces, y sólo a ellos, la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para llevarlo a cabo, ampara y protege la independencia judicial. Así, también se establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros tratados internacionales que España ha firmado. La Asociación a la que represento tiene entre sus objetivos velar por la independencia judicial.

La independencia judicial consiste en que la autoridad judicial únicamente se somete al imperio de la ley. Por tanto, a pesar de tener, como cualquier otro ciudadano, su propia opinión personal, el juez sólo puede aplicar el ordenamiento jurídico vigente a la hora de resolver. A veces, eso implica tener que dictar resoluciones que, como individuos, no nos gustan, pero que, como juristas, sabemos que es la solución en Derecho y es la que ha de darse conforme a la ley.

Sin embargo, vivimos en tiempos muy oscuros. La carrera judicial viene implorando, desde hace años, el respeto hacia la independencia judicial, de tal forma que se nos permita hacer nuestro trabajo sin presiones por parte de los otros poderes del Estado. Ojo: eso no limita la libertad de expresión de la ciudadanía en un legítimo ejercicio de crítica a las resoluciones judiciales ni la propia autorreflexión del juez sobre sus casos, pero sí exige del respeto de las instituciones por cuanto entre todos los poderes garantizamos el Estado Democrático de Derecho.

Desde hace tiempo, el Poder Judicial se ha convertido en la diana de las frustraciones de otros poderes públicos, y ello, nos les quepa duda, por su independencia. No nos pueden comprar. No pueden llegar a acuerdos inconstitucionales: exclusivamente nos sometemos a la ley, ley que prevé un sistema de garantías jurisdiccionales de revisión que elude toda arbitrariedad. Ello implica que cada miembro de la carrera judicial hace su trabajo sin importar quién sea el sujeto. Como castigo, hasta ahora, nos han racaneado, hasta la asfixia, los medios para hacer nuestro trabajo, con el consiguiente retardo en las resoluciones.

Sin embargo, gracias a la independencia judicial, seguimos inasequibles al desaliento. Hete aquí, que el precio ahora de hacer nuestro trabajo, de aplicar la legalidad, es que, en el acuerdo conocido este jueves entre PSOE y JxCat, se nos amenaza con la creación de comisiones políticas e incluso, depurar responsabilidades con los miembros de la carrera judicial. ¿Qué relevancia tiene esto?

Imaginémonos que no fuera la ley lo que determinara las resoluciones judiciales. Podríamos dejar de perseguir delitos llevados a cabo por representantes de los otros poderes por miedo a las represalias. Podríamos mirar a otro lado en función de la persona que comete el delito. Ni habría justicia ni habría igualdad, valores superiores de nuestro ordenamiento.

Imaginémonos que fueran comisiones en el ámbito del Poder Ejecutivo o Legislativo quienes juzgaran. Estaríamos vulnerando el principio constitucional, propio de cualquier Estado de Derecho que se precie de serlo, en virtud del cual sólo a los jueces les corresponde la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Imaginémonos que, por esas hipotéticas comisiones, se concluyera que debe haber responsabilidad contra los jueces. Estaríamos acribillando la separación de poderes. Se construiría una sociedad basada en el miedo a tomar decisiones judiciales –por si hay un cambio en la política futura-. Ello generaría inseguridad jurídica: “¿Este presunto autor de un delito será amigo del político de turno?” Y ante el miedo a la respuesta, mejor se puede mirar a otro lado.

Imaginémonos que la carrera judicial cayera en ese miedo y dejáramos que esto afectara a nuestras resoluciones judiciales. La independencia judicial se quiebra, el justiciable pierde y la democracia muere.

Parece un futuro distópico, un episodio más de la saga de Los juegos del hambre, pero lo cierto es que está aquí y ahora frente a nosotros. El Ejecutivo y el Legislativo bien harían en mirarse la Constitución que les da legitimidad.

Mientras tanto, pasen y vean: hay quienes quieren comenzar la caza del juez independiente.