Carta abierta a la ministra Llop

El pasado jueves, abogados y abogadas de toda España nos manifestamos frente al Congreso de los Diputados en defensa de nuestra profesión y del Estado social: sin abogados no hay Justicia y sin Justicia no hay derechos ni libertades..

A pesar de este papel angular de la abogacía en la Democracia y en la Administración de Justicia, sufrimos unas condiciones insostenibles: sin derecho a la conciliación, sin recibir el justo pago por todas nuestras actuaciones y sujetos a un trato, con frecuencia, contrario a la dignidad.

Son problemas que comparte la abogacía en su conjunto, sin distinciones.

En el caso del Turno de Oficio la situación es crítica en particular: según el último Informe de Evaluación sobre los Sistemas Judiciales Europeos de 2022, realizado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), España es el país europeo con más asuntos de Justicia Gratuita por cada 100.000 habitantes -3.379 frente a 734 de media-, pero es uno de los que menos pagan cada caso: 178 euros, mientras que la media europea es de 462.

A esta situación se suman los conflictos en cadena en la Administración de Justicia. La abogacía ha sufrido la parálisis que ha supuesto la prolongación de la huelga de los LAJ. Después de dos meses de conflicto, con cerca del 35% de los señalamientos suspendidos, los abogados y abogadas han padecido una enorme pérdida económica, que se puede cuantificar en varios millones de euros.

Manifestación de funcionarios de Justicia (Foto DCLM)

Funcionarios, fiscales y jueces han anunciado también paros y los profesionales no podemos ser, igual que no puede serlo la ciudadanía, los paganos perpetuos de esta situación.

Ministra, el pasado jueves no se encontraba en Madrid y no pudo escuchar el Manifiesto que diversas plataformas de abogados leyeron frente al Congreso. Le traigo aquí unas líneas para su conocimiento: “Un país sin abogados es un país sin derechos y esta situación acabará por esquilmar una profesión milenaria en detrimento de los valores de nuestra democracia y de la ciudadanía”.

Como decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, en nombre de los más de 77.000 profesionales a quienes represento, le traslado nuestra gran preocupación por el grave deterioro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa que esta situación representa.

La Justicia es uno de los tres poderes del Estado y la situación requiere una acción decidida a abrir vías de interlocución de forma urgente.

Según los últimos datos disponibles, el 48% de la sociedad española considera que la Justicia funciona «mal» o «muy mal», frente a solo el 22,6% que cree que va «bien» o «muy bien». Y en su calificación global, del 1 al 10, no logra llegar al aprobado.

Le traslado nuestra gran preocupación por el grave deterioro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

Le pedimos altura de miras, al igual que al conjunto de los grupos políticos, para lograr un Pacto de Estado que asegure su funcionamiento y devuelva la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La abogacía madrileña siempre estará abierta al diálogo y con propuestas constructivas para avanzar.

Así, en materia de conciliación, con motivo del Día del Trabajo, hemos puesto en marcha una campaña de recogida de firmas que solo en las primeras 12 horas lograba 1.906 adhesiones al “Manifiesto ICAM por la conciliación” con medidas concretas sobre desconexión digital o suspensiones en casos de enfermedad u hospitalización.

El derecho a poder estar enfermos, a descansar y a cuidar de nuestros familiares, las condiciones económicas del Turno de Oficio, o asegurar un trato digno a los profesionales de la abogacía garantizando así el derecho de defensa no son nuestras únicas reivindicaciones.

Necesitamos, también, una solución legislativa urgente a la incertidumbre jurídica en la que ha quedado la cuestión de los baremos con precios orientativos de servicios profesionales para la tasación de costas en litigios legales.

Del mismo modo, nos preocupan los ataques a uno de los pilares básicos de la profesión como es el secreto profesional, especialmente sensible para la Abogacía dedicada al ‘compliance’ y al Derecho Fiscal y Tributario.

La Justicia digital, tan necesaria, no puede suponer una merma en nuestra capacidad de actuación, ni en el derecho de defensa.

Le animo a crear una Mesa de Trabajo con los operadores jurídicos para impulsar este Pacto por la Justicia

Como Decano de los abogados de Madrid le reitero en esta carta abierta, como ya he hecho de forma repetida por cauces privados, mi leal colaboración para avanzar en estos retos y apoyarle en sus esfuerzos, que le invito a poner en marcha, por lograr un Pacto de Estado por la Justicia.

Apelo a su espíritu negociador para que se resuelvan estos conflictos sin más quebranto para el ciudadano.

Le animo a crear una Mesa de Trabajo con los operadores jurídicos para impulsar este Pacto por la Justicia que no puede esperar más: contar con una Justicia de calidad es uno de los cimientos de la democracia.

La abogacía de Madrid, y su decano a la cabeza, siempre estará a su disposición para contribuir a resolver los importantes retos a los que nos enfrentamos.