Carta abierta al presidente del Consejo General de la Abogacía Española

Estimado presidente,

Como ya sabe, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, augura una ralentización más en la tramitación de asuntos judiciales.

Se trata de una ley que llega en un mal momento para los abogados y abogadas de despachos unipersonales que cada vez se ven más engullidos por un sistema devastador, previéndose retrasos en la tramitación de asuntos, de más de seis meses, ante la nueva exigencia de negociar los denominados MASC.

Lo que está ocurriendo en los juzgados deja en evidencia que a los profesionales de la abogacía, que se dejan la vida para sacar adelante el despacho con el que sostienen a su familia, no les pilló de sorpresa la que se venía encima con la Ley Orgánica 1/2025. Prueba de esto es que, en los juzgados de toda España fueron presentadas miles de demandas antes de que esta ley entrara en vigor para evitar, en la medida de lo posible, las complicaciones de todo tipo (económicas, de gestión y tramitación, etc.)  que la nueva regulación traería tanto para ellos, como para sus clientes.

El profesional de la abogacía ha estado estos meses, hasta la entrada en vigor de la ley sin levantar cabeza en el despacho, adelantándose a una situación que podría suponer un coste y un quebradero de cabeza. En definitiva, actuó como se esperaba que hiciera en beneficio e interés de su cliente. Ahora bien, ese mismo profesional se pregunta qué tendrá que hacer a partir de ahora.

(Imagen: E&J)

Cuando la Ley se publicó en el BOE surgieron críticas y advertencias a las que nadie ha dado respuesta. Ahora, con su entrada en vigor, se suceden en cadena reacciones de jueces y LAJs, apresurándose a publicar criterios unificadores de interpretación que aplicarán en sus respectivos juzgados con la finalidad de facilitar la gestión del juzgado/oficina/secretaría de que se trate. Ello supone que el profesional de la abogacía va a verse obligado no sólo a conocer la ley, sino también las interpretaciones y matices que haya hecho cada juzgado y cada secretaría.

En este escenario, está claro que el Poder Legislativo no tiene miramientos para los que deben intervenir en el proceso judicial y muy especialmente para los profesionales de la abogacía. Y por su parte, al Poder Judicial tan solo le preocupa lo que afecta a la organización y carga de trabajo de cada juzgado.

Nadie está pensando en la economía de miles de familias cuyo salario depende de la admisión de demandas y del fin de los procedimientos que ahora mismo vemos lejos.

En esta línea, entendemos que el papel que está desplegando el CGAE en la defensa de los derechos e intereses de la abogacía y, por ende, de los profesionales que sustentan esta corporación es prácticamente nulo, lo que no deja de causarnos una profunda preocupación.

Las publicaciones e información insertas en la web institucional del CGAE para facilitar la comprensión de la norma no dejan de ser unas de tantas, que quedan desdibujadas con la publicación por los operadores jurídicos, (jueces, lajs, magistrados, etc.) de acuerdos interpretativos.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Salvador González, presidente de la Abogacía Española. (Imagen: CGAE)

Por su parte, el ‘«Decálogo de medidas» que el CGAE presentó ante el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a las 12 comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y al Poder Judicial, ‘’para que la nueva ley de Eficiencia cumpla lo antes posible con los objetivos establecidos en la propia normativa’’, no deja de ser un curioso documento conteniendo propuestas que decepcionan.

Lo primero que sorprende es que el CGAE presente una batería de propuestas a futuro, cuando la norma ya estaba aprobada, se conocía el momento de entrada en vigor y se sabía que iba a generar problemas y disfuncionalidades.

En particular no preocupan determinadas propuestas por su inconcreción, como la de mantener “la confidencialidad en todo el proceso negociador”. Desde luego, si finalmente debemos acudir a un proceso judicial, entendemos que el contenido de la negociación debe quedar en la más estricta confidencialidad, sin contaminar al juez que conozca del asunto, pero, ¿qué propone en concreto el CGAE para lograrlo?

Otras propuestas como la de “que el aterrizaje de la nueva ley sea lo más tranquilo posible en los órganos judiciales” velan por el interés de operadores jurídicos ajenos a la abogacía, los cuales ya tienen representantes para defender su posición. «Olvida» el Sr. presidente, que mientras esos funcionarios tienen un salario garantizado, los miles y miles de abogados y procuradores a los que él representa ahora mismo se quiebran la cabeza para entender cómo pueden iniciar un procedimiento judicial.

Ya en lo que respecta a la cuestión económica de los profesionales, a que se hace referencia en el punto 5 del denominado ‘decálogo’, no es de recibo que pida formación para ellos (cuando, en su gran mayoría, ya traen un recorrido en formación costeado de su bolsillo) y que, simultáneamente, no le exija a la administración asumir el coste del servicio que pretende dar, limitándose a proponerlo con un  lacónico ‘’Refuerzo de la formación continua y especializada en MASC para los profesionales implicados’’ .

Fachada del Consejo General de la Abogacía Española. (Imagen: CGAE)

Finalmente, es inaceptable que, a estas alturas, el CGAE admita el término ‘’compensación’’ como pago a los profesionales que trabajen en los mecanismos alternativos de solución de conflicto dando servicio de asistencia en el Servicio Público del Turno de Oficio.

Nos preguntamos qué intervención ha tenido el CGAE en la tramitación de esta ley, qué informes ha presentado, y en definitiva, cómo ha defendido los intereses de los abogados. Desconocemos cuál es el papel que está desempeñando el CGAE en la defensa de los derechos e intereses de los profesionales de la abogacía, pero no dudamos de que el filósofo tenía razón: Aquel que está en todas partes no está en ninguna parte (Seneca).

Más allá de la fotografía que hemos podido ver hace muy poco del presidente del CGAE estrechando la mano a un ministro que no sabe ni quiere conocer los problemas que acechan a nuestro colectivo y que sin escucharnos, a pesar de tener convocada una huelga desde el pasado 21 de noviembre de 2023, ha procedido a hacer una subida de baremos miserable en el turno de oficio, confiábamos en que la posición institucional del presidente del CGAE (máximo representante institucional de la abogacía) garantizaría su prioridad, que no debe ser otra que la defensa de nuestros intereses.

No nos llamemos a engaño, ni admitamos medias tintas, pues esta Ley, en el fondo, no persigue otra cosa que cargar sobre los abogados el abaratamiento de los costes de la Justicia, y esa va a ser su principal consecuencia.

Atentamente.