Carta de la AEAFA a la ministra de Infancia y Juventud

Este artículo bien podría ser una carta a los Reyes Magos, dada la proximidad de las fechas y los destinatarios finales de nuestras peticiones. Pero antes de formular nuestros deseos, desde la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) damos la bienvenida a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. 

Desde la AEAFA, confiamos en que la creación de este ministerio no devenga únicamente en un gesto, en una sucesión de anuncios para las redes sociales. Por desgracia, la política se ha acomodado en la esfera del marketing. Nuestros representantes públicos adoran las campañas, los planes, las agendas y los proyectos, en definitiva, las palabras grandilocuentes.  

Los pequeños avances y mejoras, esos que hacen la vida más amable a la ciudadanía, despiertan poco interés. Tal vez su trascendencia mediática sea menor, pero pueden recomponer la vida de muchas personas. Y de esto va nuestra carta de deseos a la ministra Sira Rego, de resolver problemas sustanciales para niños, niñas y adolescentes. De pelear y negociar con otros ministerios y administraciones públicas, puesto que muchas decisiones que afectan a los menores dependen de negociados ajenos a este nuevo ministerio.  

Por eso, le pedimos que no desfallezca. En la AEAFA encontrará una aliada, una entidad que representa a la Abogacía de Familia de este país, a más de 2.700 de profesionales que conocen de primera mano las crisis de las familias y su repercusión directa en los niños, niñas y adolescentes. 

Desde la Abogacía de Familia, estas son nuestras peticiones para el nuevo ministerio: 

1. Evitar el maltrato de los niños y adolescentes por la lentitud de la Justicia: cerca de 300.000 niños se ven involucrados en procesos de Familia cada año. Cuando se produce una ruptura sin acuerdo, los juzgados, sobre todo los que no son especializados, pueden tardar hasta un año en dictar las primeras medidas provisionales para regular el uso del domicilio familiar o las visitas a los menores. 

Cuando se retrasa una solución judicial se produce un maltrato a los menores afectados, quienes no reciben una respuesta adecuada a su nueva situación. Al tiempo, crece sobre ellos la presión por el conflicto de lealtades debido al aislamiento o la cronificación del conflicto. Y, por último, aumenta la posibilidad de que se produzcan situaciones de violencia de género y vicaria. 

2. Agilizar el proceso de ejecución de sentencias. Uno de los dramas de la Justicia es el retraso o el incumplimiento de las sentencias. En esta materia, el Derecho de Familia requiere una legislación apropiada y diferente a la aplicación de las normas de la ejecución común, regulada en el Título III del Libro III de la LEC (artículo 548 y siguientes). 

Por ejemplo, los incumplimientos relacionados con el régimen de visitas son tremendamente dolorosos porque la impotencia que se siente es abrumadora y el daño que se causa, enorme. Y no solo nos referimos al daño que se ejerce sobre el padre o la madre que se ve privado de la relación con sus hijos, sino al perjuicio provocado a los menores que no pueden relacionarse con uno de sus progenitores y, habitualmente, con los abuelos y el resto de la familia extensa. 

3. Salas adecuadas para la comparecencia de los menores. Según el Observatorio del Derecho de Familia de la AEAFA, más de la mitad de los niños y niñas (55%) que acude a un juzgado por una crisis de familia comparece en la sala de vistas el mismo día de la celebración del juicio donde sus padres litigan, con el componente de miedo, tensión y ansiedad que eso supone. Solo el 6% de los menores en España expone su opinión en una sala amigable y adecuada para tal efecto, mientras que un 35% restante lo hace en el despacho del juez. 

La audiencia del menor es una prueba habitual en los procedimientos judiciales de divorcio o ruptura de pareja, modificación de medidas y violencia de género. Los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados cuando los padres y las madres discrepan sobre asuntos que les atañen directamente como la guarda y custodia, el régimen de visitas, el lugar de residencia, un cambio de colegio, la celebración de un acto religioso, etc. 

Cuando el menor es explorado en el proceso de familia, lo adecuado es contar con una sala especial y amigable que se caracteriza por generar un clima de confianza. Un ejemplo lo constituye la cámara Gesell: un espacio acondicionado para que el menor realice la prueba. 

La audiencia del menor es una prueba habitual en los procedimientos judiciales de divorcio o ruptura de pareja (Foto: E&J)

4. Impedir la sustracción de menores. En torno a 500 niños salen de España cada año sin el consentimiento de uno de sus padres y a espaldas de la Justicia. Para frenar esta situación, conviene resolver una cuestión esencial: la Autoridad Central española está colapsada de trabajo, lo que supone un retraso en la tramitación de los casos que le llegan. En un procedimiento como este, la rapidez de la Administración es fundamental. Sin embargo, en muchas ocasiones pasan los meses sin que se actúe ni se tome ninguna medida. Esta situación perjudica gravemente el proceso, puesto que, si ha transcurrido un año desde la sustracción, el proceso resulta más complicado de resolver. 

5. Creación de centros de protección específicos para los menores con problemas de conducta. Desgraciadamente, cada día nos encontramos con mayor número de menores con conductas disruptivas que hacen necesario nuestro apoyo para que vuelvan a su vida normalizada.

6. Equipos psicosociales adecuados. Los equipos psicosociales de los juzgados funcionan de una manera deficiente o muy deficiente y pueden tardar en emitir sus informes más de un año, según se desprende del Observatorio del Derecho de Familia de la AEAFA y de los dictámenes de los defensores del Pueblo de diversas comunidades autónomas.

Esta circunstancia resulta extremadamente grave, puesto que los informes de estos profesionales -psicólogos y trabajadores sociales- suelen resultar decisivos a la hora de determinar las medidas personales a establecer en procedimientos contenciosos de Familia. 

Un año es muchísimo tiempo en la vida de un niño y en la de su familia. Es evidente que España requiere más medios personales y materiales, además de una regulación específica para estos profesionales. Sus protocolos deben incluir el número mínimo de personas que deben formar cada equipo psicosocial, delimitar cuál debe ser su formación teórica y su contribución al informe, así como los criterios y metodología de la evaluación psicosocial pericial y de la elaboración del informe final. 

Además, no debemos olvidar que muchos de los partidos judiciales carecen de juzgados de Familia, de equipos técnicos y de psicólogos que puedan evaluar con la rapidez necesaria la crisis familiar. Por tanto, tenemos niños y adolescentes de primera y de segunda en función del lugar en donde viven. 

La AEAFA estará a su lado en todos los avances que lleve a cabo el Ministerio de Infancia para resolver estas graves situaciones. Ponemos a disposición nuestra experiencia, nuestro saber hacer, nuestro conocimiento de la situación en las diferentes provincias y todo el impulso que suponen más de 2.700 profesionales trabajando día a día sobre el terreno. 

Y no puedo terminar esta misiva sin reivindicar la necesidad urgente de la creación de la Especialidad en la Jurisdicción en Familia para poder paliar o aliviar todos estos problemas mencionados y, sobre todo, para que la protección de los niños, niñas y adolescentes sea real y efectiva. Por ello, solicito su apoyo y ayuda para su pronta implementación. 

Nuestro compromiso con esta causa es absoluto y confiamos en que, desde el inicio de esta nueva etapa, sea también el suyo.