Comienza la cuenta atrás

Siento defraudar a quienes con la simple lectura del título hayan pensado que iba a tratar de la inminente llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente.

No, me refiero a que, para quienes aún no se han incorporado a sus obligaciones profesiones, el período de vacaciones o, si se desea, el procesalmente inhábil, acabó este pasado 6 de enero, lo que significa que este martes, día 7, todo volverá a la habitualidad o, lo que viene a ser lo mismo, enfrentarse al tráfico, los retrasos e impuntualidades de los transportes públicos, la vuelta al colegio, el instituto y la Universidad. En fin, para que les voy a contar que ya no sepan ustedes.

Y este año se nos presenta con importantísimas novedades en el ámbito de la jurisdicción social, tanto legislativas como jurisprudenciales, incluyendo diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo (TS) y reformas normativas, de las que, como ya deben ser perfectamente conocedores, no las voy a recordar, aunque sí destacando la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que por de pronto instaura los nuevos Tribunales de Instancia, organizados por secciones, aunque estará por ver con qué resultados si la reforma no viene acompañada de la creación de nuevas secciones judiciales, dotadas adecuadamente, para dar respuesta a la creciente conflictividad existente.

En el curso de los próximos 361 días tendremos ocasión de ir comentando de qué modo y manera todas estas novedades resultan realmente efectivas y dan justa solución a los problemas que pretenden solucionar.

Precisamente, España es un país donde la inflación legislativa es un hecho característico. No siempre un mayor número de leyes significa eficacia y eficiencia. Puede ser fruto del fracaso de las que les antecedieron, de la interpretación dada por los tribunales para ajustarlas a la realidad social o, simplemente, complementando lo que el legislador o no advirtió o no quiso ver en su redacción inicial.

De ello hay dos derivas. La primera, la inseguridad jurídica que un excesivo número de normas pueda ocasionar no ya en el ciudadano de a pie, sino en los propios profesionales del Derecho. La segunda, la circunstancia de que los tribunales al interpretarlas estén creando derecho positivo, invadiendo las competencias propias del poder legislativo, desde luego por pura necesidad, ajustando y adaptando su alcance a principios tan básicos como el de igualdad y no discriminación, o de perspectiva de género.

Otra materia pendiente, bajo mi parecer, es la falta de las adecuadas compilaciones normativas que recojan en un solo texto las dispersas disposiciones de todo tipo y rango. Provenimos de la cultura de la compilación napoleónica, por lo tanto no existe excusa que valga para que no contemos con compilaciones en materias como Derecho del Trabajo, Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, e infracciones y sanciones administrativas, por poner algunos ejemplos significativos.

Habrá quien opine que, en definitiva, se trata de un reto, de otro de los que tan a menudo estamos habituados. Pero yo creo que no se trata de retar, sino de afrontar con decisión el modelo de Justicia que queremos para España. Un modelo que debiera ser consensuado, moderno, ágil en su tramitación, y adecuado en términos de un número suficiente de órganos judiciales y que, en definitiva, vele y tutele el bien común.

Ya Spinoza se refirió a la Justicia afirmando que es la permanente disposición de ánimo a atribuir a cada uno lo que le pertenece por derecho. Definición que necesariamente viene asociada a la equidad, que en términos aristotélicos consiste en corregir la ley en la medida en que su universalidad o generalidad, la deja incompleta.

Tiempo habrá para comprobarlo.