Debe y haber en la Justicia española

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, hecha por presidente del Gobierno Pedro Sánchez, interrumpe el proceso de sesudos análisis sociopolíticos -que se nos venían encima- sobre los resultados electorales del 28 de mayo. Es una primera razón para estarle agradecido. En mi lista de agradecimientos también está anotado el adelanto de la posibilidad de elegir quién nos gobernará en los próximos años. No es poco…pero en materia de Justicia, que es el ámbito de la realidad social que mejor conozco, esa lista deja de tener sumandos, queda binaria.

No puedo decir lo mismo para la de fracasos/agravios. Intentaré sistematizarlos y eludir la subjetividad más completa. Pero lo haré después de relatar una experiencia muy personal. Es probable que no fuese única, al menos dentro del colectivo de los que trabajamos en los juzgados y tribunales.

El domingo antes de comer, cuando fui al colegio electoral y cerré las cortinillas para coger la papeleta que echaría en la urna como expresión de mi voto, miré la pequeña estantería repleta de siglas. Muchas desconocidas, como siempre. Las dos o tres entre las que mi conciencia social me permite elegir, estaban donde siempre. Había una con su anagrama tan conocido -y querido para mí- que se me hacía imposible, tan siquiera, considerar. ¿Cómo escogerla si el Gobierno que sostiene ese partido tiene entre sus miembros, si digo bien, entre sus miembros -un secretario de Estado es parte del Gobierno…ese puesto lo han ocupado gente de la talla de Luis M. López Guerra, por poner un ejemplo de otro Gobierno socialista en otros tiempos-, a un personaje como el que aparece en este enlace? Cuando lo pulsen podrán contemplarlo en plena faena de difamación contra un colectivo al que tiene obligación de defender -claro que según llega a citar como fuente de autoridad, minuto 1:05, conoce el asunto porque su mujer es funcionaria de justicia y, además, se juega su matrimonio.

Si lo han visto y escuchado comprenderán que no fue posible. Yo voto con las tripas como casi todas las personas… pero también con la razón, como todo ciudadano. Unas y otra, en esta ocasión, marcaban el mismo camino. Una senda tan alejada de esa opción y de un gobierno de tales mimbres, como dos rayas paralelas. Trazadas con firmeza inquebrantable por estar en mundos muy diferentes -y a distancias siderales- el secretario de Estado y lo que representa y el que esto escribe. Cierro con esto la experiencia personal y voy con las razones más objetivas, si eso es posible.

La XIII legislatura empezó el 3 de diciembre del 2019. De ella surgió el actual Gobierno en enero del 2020, con Juan Carlos Campo como ministro de Justicia. Tenía la intención de refundar la Justicia y el servicio público que constituye. Tras reformar la estructura del Ministerio -quito aquí y pongo allí- puso en marcha su gran proyecto, el Plan Justicia 2030 con tres objetivos fundamentales: consolidar las garantías y derechos de los ciudadanos; promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia y la transformación digital de la Justicia, incrementando la cohesión y coordinación territorial. Ahí es nada. Duró año y medio. Tuvo tiempo para reformar el Código Penal -cómo no-, formar una Comisión para realizar un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, más Comisiones para realizar los anteproyectos de las Leyes de eficiencia…y firmar unos indultos a los condenados por el Tribunal Supremo en el desgraciado caso del procés. Con tal hoja de servicios solo podía ser recompensando -¿alguien lo dudaba?- con la más alta magistratura. En la actualidad es magistrado del Tribunal Constitucional por nueve años, como mínimo.

Juan Caerlos Campo, exministro de Justicia. (Foto;: Wikipedia)

A continuación vino la actual ministra, Pilar Llop. Se hizo cargo del Ministerio de Justicia y de los proyectos en marcha. Se puede decir que con ella -y su equipo ministerial…¿elegido por ella?- llegó el escándalo, pero a eso me referiré luego. Vamos con los proyectos más relevantes, que ahora, con la disolución de las Cortes Generales, vuelven al salón de las leyes que nunca fueron. Está a mano derecha, según se sube por la escalera, en el último piso del edificio de la calle San Bernardo número 21 de Madrid. Un lugar donde formarán parte de la colección de carísimos juguetes con los que se recrean los fantasmas que, por las noches, allí habitan.

1. Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva. El Anteproyecto de Juan Carlos Campos fue entregado por la ministra Llop a una nueva mesa de trabajo interinstitucional en octubre del 2021. Hoy está sepultado en un cajón, después de casi cuatro años de esfuerzos y dineros varios invertidos en su formulación. Mientras los Juzgados penales españoles se la juegan a diario con una Ley de tres siglos de vigencia, con tantas contradicciones, parches y recovecos que constituye un desafío formidable para cualquier jurista saber que tipo de recurso se debe utilizar en cada ocasión, que plazos son los que se deben aplicar a una actuación cualquiera o quién debe hacer qué cosa y cuándo.

2. Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia. Con ella se pretendía poner en marcha, entre otras cosas, los Tribunales de Instancia en nuestro país. Un proyecto largamente acariciado por muchos operadores jurídicos entre los que me encuentro claro está que de forma muy distinta a la formulada. No verá la luz por fortuna, pues era un claro ejemplo de cómo malograr una buena idea.

Los Tribunales de Instancia son el mejor instrumento para llevar a cabo la transformación que los juzgados españoles necesitan de manera urgente, en conjunción inseparable con la Nueva Oficina Judicial (NOJ). La actual planta judicial no responde a las necesidades territoriales y judiciales de nuestro país, creo es una afirmación por todos compartida. Solo apuntar que la redacción del Proyecto que se tramitaba en las Cortes disueltas expulsa a los letrados de la Administración de Justicia, literalmente, de los Juzgados y da una nueva redacción al artículo 117.3 de la CE. Es un asunto que para nuestro colectivo deviene en trascendental. Identifican los Tribunales de Instancia con el Órgano Judicial, que a su vez lo identifican con jueces o tribunales. No es eso lo que establece el mencionado texto constitucional.

Por otro lado, el Proyecto que no nacerá, más allá de realizar una redefinición y reestructuración de la NOJ, pretendía articular una reconversión/desguace completo de la misma, derogando el principio básico que la inspira -que los jueces y magistrados juzguen y ejecuten lo juzgado y los letrados de la Administración de Justicia tramiten para que puedan hacerlo sin que tengan que dedicar su tiempo a actividades no estrictamente jurisdiccionales- dando lugar a una organización diferente y desnaturalizada de la diseñada en el 2003 y 2009.

3. Ley de Medidas Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Los objetivos de esta ley son varios. Primero agilizar los distintos procesos de las cuatro jurisdicciones. La penal la que menos, pues se estaba a la espera de la aprobación de una nueva LECRIM. Todo un sarcasmo. Segundo implantar/potenciar los llamados MASC -medios adecuados de solución de controversias-. Y en tercer lugar, dar soporte legal a la digitalización de la Justicia, dando entrada a las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los procesos judiciales. Ninguno verá la luz.

4. Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Sus objetivos son en primer lugar dar soporte legal al establecimiento de un sistema total de celebración telemática de todas las actuaciones judiciales presenciales, incluidas juicios y vistas. Dar soporte legal al Expediente Judicial Electrónico que queda orientado al dato para maximizar la eficiencia del sistema judicial. Dar soporte legal al conjunto de derechos digitales de los usuarios del servicio público de justicia. Ninguno verá la luz.

5. Ley Orgánica de del Derecho de Defensa. Un proyecto con el que la abogacía española pretendía que el secreto profesional y la confidencialidad de su actuación con sus clientes fuese llevado hasta sus últimas consecuencias. Sus objetivos eran cinco. Garantizar el libre acceso a los Juzgados y a los procesos sin dilaciones. Garantizar el derecho de defensa en la jurisdicción penal. Garantizar el principio de igualdad procesal. Establecer la obligatoriedad de la utilización de los medios electrónicos en la actividad de los abogados con los Juzgados y establecer los principios a aplicar cuando el derecho de defensa se ejercite frente a las Administraciones Públicas. También quedarán sin ver la luz.

Como comentario final a los proyectos nonatos, señalar que resulta pintoresco -como poco- que sea un gobierno socialista, apoyado en partidos que se dicen más a la izquierda, los que pretendan transformar la Justicia desde un parámetro único: la eficiencia que, como todos sabemos, responde a principios y ecosistemas propios de realidades económicas empresariales neocapitalistas; tan alejadas a las dinámicas y realidades que exigen los servicios públicos. Cosas veredes, amigo Sancho.

Pilar Llop, ministra de Justicia y Tontxu Rodríguez, secretario de Estado. (Foto: Ministerio de Justicia)

Con todo, lo más reprochable -entiendo- no es que, en estos casi cuatro años, ninguna de las grandes reformas proyectadas para la Justicia se haya materializado. Visto su contenido, puede que tal cosa haya que cambiarla de columna y pasarlo al haber. En mi opinión, el principal debe de los dos equipos ministeriales socialistas de esta legislatura es la situación en que dejan los juzgados y tribunales. Bastante peor que como los encontraron. Para no alargar mucho estas palabras justificaré esa afirmación en un par de datos. Según el CGPJ -Justicia dato a Dato año 2019- a finales del año 2018 había pendientes 2.835.149 asuntos; eso después de haber ingresado 6.279.302 asuntos y de haber resuelto 6.097.137. En el año 2021 había pendientes 3.144.583 asuntos, después de haber ingresado 6.273.090 asuntos y haber resuelto 6.323.819. -aunque se tenga la impresión que la litigiosidad está aumentando, no es así, en el año 2009 el número de asuntos ingresados fue superior a los nueve millones-.

En relación al tiempo de tramitación, según los datos de EU Justice Scoreboard del años 2022, España es el segundo país de la Unión Europea donde más tiempo se consume para obtener una sentencia firme. A diferencia de la pendencia, los datos medios de espera no pueden darse en conjunto, pero si consultan la Justicia Dato a Dato del CGPJ, podrán comprobar que, por ejemplo, la duración estimada de un asunto civil en un Juzgado de 1ª Instancia en el 2018 era de 7,1 meses, mientras que en el años 2021 era de 8,5; en un Juzgado de Instrucción era de 2,3 meses en el 2018 y de 3 meses en el 2021. Conforme suban de instancia, los tiempos también aumentan -es decir- empeoran.

Dejo para el final a los profesionales que sostenemos la Justicia. Todos los colectivos están/mos en pie de guerra. Enfrentados, en algunas ocasiones, entre sí y con huelgas hechas, anunciadas y en marcha. Los motivos del profundo descontento que atenaza a los letrados judiciales, a los jueces y fiscales y a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia no es el económico, por más que pueda parecerlo. La vorágine de cambios y retrocesos en la forma de tramitar los procesos, la multitud de aplicaciones informáticas a utilizar, su pésimo funcionamiento, el descontrol de competencias y administraciones que se enfrentan en cualquier juzgado, la falta de control y responsabilidad en relación al trabajo bien o mal hecho, el ser consciente del deficiente servicio que se presta a los apurados profesionales y cuidadnos que nos visitan…convierten en una aventura impredecible la jornada laboral. Entras en muchos juzgados y “el mal rollo” se palpa casi con solidez plúmbea… no hay colectivo que se fie del otro y mucho menos de lo pactado con el Gobierno…¿se cumplirá lo firmado? es una cuestión que resuena una y otra vez entre los distintos cuerpos de las oficinas judiciales.