¿Deben ser privatizadas las empresas públicas con pérdidas millonarias que lastran el sector público?

El pasado mes de abril se hacían públicos los resultados del primer trimestre del año de RENFE, en los que se constataba que había generado unas pérdidas de 70,45 millones de euros.

Este resultado, sin embargo, era incluso mejor que el del año pasado por las mismas fechas, cuando Renfe registraba unas pérdidas de 100 millones de euros.

Correos es otra entidad que lleva en números rojos también desde hace tiempo, como Navantia.

En una situación privilegiada frente a estas empresas adeudadas, se encuentran AENA, ENAIRE y Loterías y Apuestas del Estado. Aunque las dos primeras, ya vienen desde hace dos años también arrastrando un endeudamiento llamativo.

Las pérdidas de las empresas públicas se han venido justificando por el impacto energético y las graves consecuencias que a nivel mundial se han producido en todas las economías desarrolladas. Pero no es únicamente la subida de la luz, lo que ha conllevado en los últimos años que estas empresas pierdan cuantiosas cantidades económicas.

De hecho, el sector público español inició el año 2021 con casi 33.000 millones de pérdidas, lo que suponía casi el 3% del PIB. Se achacó entonces a la pandemia, que había provocado, se dijo, el endeudamiento de estas empresas.

El Estado cuenta con 237 entidades dentro del sector público, que dependen en su mayoría del Ministerio de Hacienda, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A ellas hay que sumar las que dependen de la Dirección General de Patrimonio del Estado, como es el caso de Paradores, y las dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en las que se engloban la mayoría de autoridades portuarias, Renfe y Adif y sus filiales.

Pero las pérdidas no son sólo cuestión de las empresas públicas de ámbito estatal. Las corporaciones públicas controladas por las comunidades autónomas y entidades locales, también vienen arrastrando cifras negativas.

Sede de la Sociedad Española de Participaciones Industriales. (Foto: SEPI)

Esta situación nos plantea el siguiente interrogante, como abogado especialista en derecho administrativo ¿son las privatizaciones de empresas públicas necesarias e ineludibles para paliar este endeudamiento?

Recordemos que, a partir de la década de los ochenta, las privatizaciones se convirtieron en una práctica común de la política económica de multitud de países. Una actuación que también se acometió en España, tras su entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, momento en el que las empresas públicas de nuestro país se vieron obligadas a iniciar su adaptación a la normativa comunitaria sobre desregulación y defensa de la competencia.

En ese contexto, a partir de 1985 y siguiendo la tendencia internacional, se iniciaron en España procesos de desinversión y venta de empresas públicas.

Desde que comenzaron los procesos de venta de estas compañías, se han privatizado en España más de 120 mercantiles que tenían participación pública estatal. En términos económicos, estas operaciones han proporcionado unos ingresos aproximados de 45.000 millones de euros, y la salida al mercado bursátil de grandes grupos empresariales españoles que surgieron y se consolidaron por la acción del Estado. Es el caso de Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera (Altadis) o Iberia.

Ciertamente en España no ha habido debate (al menos en el pasado), en lo que, a la privatización de servicios públicos como las telecomunicaciones y la energía, se trató en su momento.

Mayor controversia genera cuando se habla de privatización de los servicios públicos de salud, educación, jubilación, etc.

Los servicios públicos son aquellos en que el Estado tiene que proveer a sus ciudadanos en condiciones de acceso universal y no discriminación: salud, la educación, el agua, la electricidad, telecomunicaciones, etc.

«La liberalización de un servicio público no debe suponer la renuncia al concepto en sí mismo de lo público”. (Foto: E&J)

Conviene también aclarar que, privatizar no es liberalizar. Privatizar pasa porque un servicio público (o parte de él) sea prestado por una empresa privada. Liberalizar significa pasar de una situación de monopolio a otra de competencia, permitiendo la entrada en un sector de más empresas.

Desde mi punto de vista, la privatización o la liberalización de un servicio público no debe suponer la renuncia al concepto en sí mismo de lo “público”.

El servicio público no desaparece, aunque el Estado no lo provea directamente.

Es difícil, porque la experiencia es muy variada, extraer una conclusión sobre si la privatización puede llegar a suponer en todos los casos más beneficios que perjuicios de cara, no solo al servicio público, sino a la propia ciudadanía y al Estado. Por ejemplo, la introducción de competencia en el mercado de las telecomunicaciones ha tenido efectos positivos; la liberalización del transporte aéreo ha supuesto una notable bajada de precios y ha posibilitado aperturar el turismo a muchos ciudadanos.

Empresas como Renfe, Correos, Naventia, AENA y otras tantas en situación de crisis económica precisan de reformas urgentes que hagan mejorar su eficacia y eficiencia, sin que terminen lastrando al sector público que las aglutina.

Por ello, podemos concluir que, desde la óptica jurídica, en determinados sectores y empresas que vienen de tiempo atrás arrastrando cuantiosas pérdidas puede resultar favorable dejar entrar a la competencia privada para ser más eficientes. Pero también ciertamente, es impensable que el Estado o la administración competente desaparezca por completo y no ejerza control alguno en la transparencia, calidad del servicio y prestación del mismo, de forma que se asegure el correcto bienestar de sus ciudadanos.