Desafíos para la Justicia en 2024

Los retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia para el 2024 son múltiples. La columna vertebral de esos desafíos no es otra que poner a disposición de la ciudadanía todos los medios necesarios para que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no quede desconectado de la realidad digital. 

Como profesionales, celebramos que el Ministerio de Justicia haya logrado importantes avances con la implementación del nuevo modelo de justicia digital en España. Estos avances son el resultado de un trabajo orientado hacia la consecución de resultados tangibles y perceptibles, tanto para los usuarios como para los empleados del servicio público de justicia.

Se han dado pasos firmes para implementar el nuevo modelo de expediente digital. No obstante, crear un procedimiento digitalizado no significa digitalizar lo ya existente, sino diseñar herramientas que permitan una Administración de Justicia más eficiente. Hoy en día, a través de los dispositivos móviles llevamos con nosotros las herramientas que pertenecen al ecosistema Legaltech, pero es imprescindible que estemos preparados para optimizarlas adecuadamente.  

Las expectativas que habíamos depositado en la aprobación de las leyes de Eficiencia Procesal y Eficiencia Digital se vieron truncadas como consecuencia de la convocatoria de elecciones, quedando precipitadamente inconclusos los proyectos legislativos correspondientes. Sin embargo, con la aprobación del reciente Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución de un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, recuperamos la esperanza en la mejora de los nuevos sistemas y herramientas que afronten los desafíos inminentes.  Entre ellos, se encuentran el Expediente Judicial Electrónico que integra información entre diferentes sistemas, y el Escritorio virtual de Mediación Digital. 

Los colegios profesionales, con la aprobación del RDL 6/2023, estamos obligados a poner a disposición de las personas colegiadas los conocimientos digitales para optimizar el uso eficiente de la ofimática, o de las relaciones telemáticas con el sistema judicial. Con el deseo de reducir una brecha digital aún existente, en el ICAB hemos creado el proyecto Ciberdret y el Observatorio para la transición hacia la Ciberjusticia. En pocos meses hemos impartido más de 40 talleres a 974 inscritos. 

La digitalización conlleva un compromiso normativo con una sociedad avanzada, moderna, y en la que la eficacia, la eficiencia y la efectividad son términos trasladables a cualquier servicio público, incluido, desde luego, el prestado por la Administración de Justicia.

Este RDL 6/2023 da pasos para lograr el eterno objetivo de la Administración: acercar la justicia a la ciudadanía.  Se presenta como una herramienta que busca fomentar y facilitar la participación en línea de los ciudadanos en los procedimientos judiciales, simplificando la comunicación con la Administración de Justicia. Reconociendo la importancia de obtener resoluciones judiciales en tiempo adecuado, la norma impulsa el uso de la tecnología en el trámite del Expediente Judicial Electrónico, que será fundamental para comprender la evolución de la Justicia digital en los próximos años.

Avanzar adecuadamente en estas innovaciones tecnológicas es lo que convertirá a España en un modelo de transformación digital de la justicia, reconocido por la OCDE como ejemplo a seguir. En este sentido, y sin duda alguna, el año 2024 augura una serie de mejoras en la Administración de Justicia para sus profesionales, como la interoperabilidad.

Esperamos con anhelo un sistema que permita una automatización y una orientación al dato sin precedentes entre todos los sistemas nacionales y autonómicos, que nos permita ser más ágiles para resolver los problemas de la ciudadanía, como la implementación de nuevos servicios como la Carpeta Justicia y la simplificación de documentos legales.

Si tuviera que pedir un solo deseo para la justicia en 2024 sería consolidar la implementación del nuevo modelo de justicia digital en España, avanzar en la eficiencia y accesibilidad de la Administración de Justicia. En definitiva, alcanzar una justicia más eficiente, medible, confiable y cercana, con impactos positivos en la sociedad en general. Deseo de corazón que así sea.