Deslegitimar los tribunales

El mes de julio se inicia con un conjunto de declaraciones públicas que coinciden en la deslegitimación de los tribunales. Los calores propios de la estación quizá expliquen que diversos líderes políticos públicamente manifiestan que no creen en la imparcialidad del Tribunal Constitucional, tachan de “mafia judicial” a la judicatura o motejan de prevaricador al Tribunal Supremo. Resoluciones judiciales que se discuten públicamente, como las decisiones sobre los EREs o la interpretación de qué sea «beneficio personal de carácter patrimonial», han generado este tipo de reacciones, poco medidas, que contribuyen objetivamente a la deslegitimación del trabajo de los tribunales.

Las materias jurídicas que han dado lugar al debate son, desde luego, discutibles. Las decisiones del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo no son unánimes. La concurrencia de votos particulares pone de manifiesto que son jurídicamente controvertidas, que han planteado visiones contrapuestas en los tribunales que las dictan. Lógico es, por tanto, que en la sociedad, bien por razones jurídicas, bien por otras metajurídicas, se produzcan debates y críticas,  normalmente razonables y medidas.

Aunque no todo el mundo lo comparta, es sano que en democracia se produzcan estos debates. Las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de controversia pública. Las decisiones judiciales no son sagradas, están sometidas al escrutinio público. Cualquiera puede opinar sobre su contenido. Desde luego que habría que reclamar algún rigor, y sobre todo, evitar exabruptos. Pero en cualquier caso deben admitirse, y quienes trabajamos en los tribunales hemos de aceptar, opiniones sobre las decisiones que se toman, porque la sociedad tiene todo el derecho a examinar, opinar, comprender o denostar las resoluciones judiciales. El Poder Judicial, y las concretas decisiones que toman, son susceptible de crítica y desde esa premisa hay que partir.

¿Pero ese derecho a la crítica de las resoluciones judiciales alcanza también al tribunal que las dicta? ¿La controversia sobre una materia jurídica que solventa un tribunal puede extenderse a la vida persona de quienes los integran? Me parece que la respuesta es negativa. No hay justificación para extender la crítica de una resolución judicial a las personas que la adoptan, tratando de explicarla por sus prejuicios, o fundándola en una pretendida y normalmente no demostrada falta de imparcialidad. Menos aún es admisible que se hagan imputaciones directamente delictivas respecto a la actividad judicial.

El juego político desde luego que propicia excesos, pero al incurrir en ellos, se producen efectos negativos que resquebrajan la confianza ciudadana en instituciones fundamentales del sistema democrático. Un juego peligroso, en tiempos en que las democracias sufren los embates de un populismo cada vez más fuerte. Los ejemplos de ese riesgo son recientes, terribles y claramente perceptibles en la vida política nacional.

Antes de seguir precisaré que también es perfectamente legítimo cuestionar cómo se conforman los tribunales, cuando los criterios para su designación no están reglados. Ejemplos de lo que no se debe hacer a la hora de nombrar las personas que componen el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo tenemos unos cuantos.

Me parece que puede compartirse que, en estos momentos, en esos órganos no siempre se busca la excelencia,  la designación de personalidades de prestigio, con méritos objetivables y amplio reconocimiento en la comunidad jurídica, que no es incompatible con el pluralismo que debe caracterizar unas instituciones que han de reflejar la diversidad social. La falta de adecuación de quienes son designados para las más altas responsabilidades debe denunciarse en primer lugar por la comunidad jurídica, y particularmente, por la judicatura. Hay que poner de manifiesto a la opinión pública la decadencia a la que se conduce a instituciones esenciales del Estado si se designan perfiles inadecuados para formar parte de ellas.

Fachada Tribunal Supremo. (Imagen: CGPJ)

Precisado lo anterior, la institución debe estar por encima de las personas. El trabajo de los tribunales, y en particular el Constitucional y el Supremo, puede ser objeto de debate y discusión. Pero precisamente cuando son resoluciones polémicas es cuando carece de justificación cuestionar al tribunal y las personas que lo componen. Podemos criticar, en el momento en que se hacen las designaciones, lo inadecuado de las personas que se escogieron.

Pero una vez realizadas, la institución está por encima, y su esencial función, que garantiza el Estado de Derecho, merece ser respetada. Cuestionar la imparcialidad de los tribunales cuando además se ha contribuido activamente a que las personas que los integran no respondan a las más altas exigencias, erosiona el sistema constitucional.

Si es grave esa imputación, más aún es la de acusar de organización criminal o prevaricación la actividad jurisdiccional. El disenso legítimo con lo que se decide en cada ocasión no autoriza a realizar reproches infundados, que minan la legitimidad de los tribunales. El ejercicio de la jurisdicción es siempre problemático, pero disponemos de un organizado y complejo sistema de garantías que trata de evitar, casi siempre con éxito, errores judiciales y decisiones incomprensibles.

Finalmente, también debemos hacer alguna autocrítica, porque en ocasiones se incurre en extravagancias que contribuyen a una negativa imagen pública. Cierto es que lo que unas pocas personas hagan o digan, no puede trasladarse a todo un colectivo. Esas actuaciones irregulares, incomprensibles dentro de la judicatura, deberían corregirse de inmediato y públicamente. El CGPJ tiene que intervenir cuando los medios de comunicación evidencian actuaciones impropias. Para eso está el servicio de inspección, que podría garantizar que somos ejemplares en todo momento. La pasividad, en esos casos que todos reprochamos en privado, contribuye también a deslegitimar el trabajo judicial.

Esa también es nuestra tarea: evitar que los errores o la mala fe de algunos contribuyan a la deslegitimación social de todo un colectivo, el de las personas que conforman el Poder Judicial, que realiza dignamente su trabajo, con una dedicación que merece reconocimiento y con rigor y vocación encomiables. Pidamos a quienes hacen declaraciones públicas inadmisibles responsabilidad institucional y moderación. Exijamos nosotros, desde dentro, que las incorrectas actuaciones de algunos sean corregidas, en beneficio del prestigio de la judicatura.