¿Dónde quedó la Administración de Justicia en el cara a cara de Atresmedia?

La Administración de Justicia desempeña un papel crucial en la sociedad al garantizar el acceso a los órganos jurisdiccionales y la resolución de conflictos de manera imparcial y equitativa. Es un componente esencial de un Estado de Derecho sólido, ya que asegura que todas las personas sean tratadas por igual ante la ley y que sus derechos sean protegidos.

En el debate político entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, que fue organizado y televisado por Atresmedia, fue alarmante observar la falta de discusión sobre la Administración de Justicia en España. Aunque se abordaron diferentes temas políticos —los que permitió una contienda de egos que dificultó la confrontación de ideas y programas—, los líderes políticos pasaron por alto la importancia de este pilar fundamental de la democracia, al igual que los moderadores, pues aquellos temas que no se trataron por los oponentes salieron a colación a preguntas de Ana Pastor y Vicente Vallés. Este hecho refleja una preocupante falta de conciencia sobre la relevancia y el impacto que la Administración de Justicia tiene en la sociedad.

Durante el debate, las referencias a la Administración de Justicia se limitaron a cuestiones políticas y disputas partidistas. Se mencionaron brevemente los conflictos relacionados con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y las acciones del presidente del Gobierno para colocar a Juan Carlos Campo, antiguo ministro de Justicia, en el Tribunal Constitucional. Estas menciones, aunque relevantes en sí mismas, no abordaron los problemas estructurales y los desafíos que enfrenta la Administración de Justicia en España.

Durante el año 2023, ha pasado un vendaval como el de Filomena o, mejor dicho, tres. A finales de enero, los letrados de la Administración de Justicia protagonizaron una huelga para reclamar la adecuación de sus salarios, una demanda pendiente desde los tiempos de los recortes durante la crisis económica, protesta que duró dos meses y generó un gran impacto en la estructura judicial, ya que reveló la importancia de estos funcionarios en el funcionamiento diario de los juzgados y tribunales. Su huelga paralizó por completo el sistema judicial, demostrando así su influencia.

Posteriormente, el 17 de abril se inició una huelga indefinida por parte de los cuerpos generales de la Administración de Justicia. La misma ha sido suspendida recientemente sin que se haya logrado una propuesta seria de acuerdo durante todo este tiempo, según lo señalado por los sindicatos, aunque SPJ-USO, un sindicato con otro comité de huelga, continúa el paro.

Finalmente, hubo un amargo de huelga por parte de jueces y fiscales. Sin embargo, estos consiguieron mejoras retributivas y de asignación de medios sin un solo día de huelga.

La falta de atención a la Administración de Justicia en los debates políticos puede deberse a varios factores. En primer lugar, es posible que el tema no sea considerado lo suficientemente relevante o atractivo para los electores, en comparación con otros temas más mediáticos y populares. La justicia no es un tema que suela movilizar masivamente a la opinión pública, lo que puede llevar a que los políticos no le otorguen la importancia que merece.

Además, es importante reconocer que los debates políticos suelen estar centrados en cuestiones más inmediatas y tangibles, como la economía, el empleo o la educación. Estos temas son más fácilmente comprensibles para la mayoría de las personas y, por lo tanto, más propensos a generar interés y participación. En contraste, la Administración de Justicia puede ser percibida como un ámbito más complejo y alejado de la realidad cotidiana de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, relegar la Administración de Justicia en los debates políticos es un error grave. La justicia es un componente esencial de la democracia y un garante de los derechos y libertades fundamentales. Ignorar o minimizar su importancia puede socavar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y poner en riesgo el Estado de Derecho.

Parece difícil asumir que los ciudadanos no reconocen la importancia de la labor de los órganos jurisdiccionales en su conjunto, más allá de las disputas políticas y las cuestiones relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial, pero es lo que sucede cada día. La Administración de Justicia tiene un impacto directo en diversos aspectos de la sociedad, como la seguridad jurídica, las relaciones jurídicas privadas, el control de la actividad de las Administraciones Públicas, la eficacia de la protección social de los trabajadores y la aplicación efectiva de las normas penales. El buen funcionamiento de la Administración de Justicia es esencial para salvaguardar los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Es necesario promover un mayor debate y conciencia pública sobre los desafíos y las necesidades de la Administración de Justicia en España. Algunas de las cuestiones que deben abordarse incluyen la falta de recursos, la lentitud en los procesos judiciales, la necesidad de una mayor especialización de los jueces y la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales del ámbito judicial. Estas son áreas clave que requieren atención y acción para fortalecer y mejorar el sistema de justicia en el país.

Asimismo, resulta indispensable que los dirigentes políticos y los líderes de opinión reconozcan la importancia de la justicia como un componente esencial de la democracia y el Estado de Derecho. Deben promover reformas y medidas que fortalezcan la independencia y la eficiencia de la Administración de Justicia, garantizando así la protección de los derechos de los ciudadanos y la confianza en el sistema judicial. Esto implica evitar la politización de los procesos judiciales, garantizar una selección y formación adecuada de los jueces, y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.

Economist & Jurist ha propuesto un debate entre los principales partidos políticos de España, incluyendo al Partido Socialista, el Partido Popular, Vox y Sumar, con el objetivo de compartir y comparar sus propuestas relacionadas con la Administración de Justicia de cara a las elecciones generales. El debate está programado para el 13 de julio a partir de las 10:00 de la mañana y abordará temas cruciales para el sistema judicial del país en una hora y cuarenta minutos.

Uno de los temas que se discutirán en el debate es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esta es una cuestión pendiente desde hace cinco años, y su demora ha generado preocupación en el ámbito judicial. La independencia y la imparcialidad de este órgano son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de justicia, por lo que los partidos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas al respecto.

Además, se abordará la situación de los órganos jurisdiccionales y la necesidad de mejorar su eficiencia. El retraso significativo en la respuesta de los juzgados y tribunales ha llevado al colapso judicial y ha generado perjuicios para los ciudadanos que buscan una pronta resolución de sus casos. En este sentido, los partidos podrán presentar medidas y soluciones concretas para agilizar los procesos judiciales y garantizar un acceso a la justicia más eficaz.

Las condiciones laborales de los abogados también serán un tema destacado en el debate. Los profesionales de la Abogacía han denunciado situaciones de precariedad insostenibles, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia en el Turno de Oficio. Será importante escuchar las propuestas de los partidos para mejorar las condiciones laborales de estos profesionales y asegurar que puedan ejercer su labor de manera digna y eficiente.

Otro aspecto relevante será la discusión sobre la legislación en temas relevantes. Los partidos tendrán la oportunidad de hablar de propuestas con finalidades legislativas que consideren prioritarios para la próxima legislatura. Esto puede incluir reformas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificaciones del Código Penal o las leyes de eficiencia procesal y organizativa, cuyos proyectos pueden resucitarse, entre otros aspectos.

Es importante prestar atención a este debate, ya que la Administración de Justicia juega un papel crucial en el Estado de Derecho. Los ciudadanos deben tener la confianza de que los partidos políticos que lleguen al poder después de las elecciones generales se comprometan a cumplir sus promesas en esta parcela. Sin embargo, también es necesario reconocer que el Partido Socialista ha tenido tiempo más que suficiente para cumplir acuerdos y pactos que no ha llevado a cabo, generando dudas sobre su compromiso real con la mejora del sistema judicial. Los votantes deberán analizar las propuestas y acciones concretas de los partidos para tomar decisiones informadas en las elecciones.

El debate organizado por Economist & Jurist brinda una oportunidad para evaluar las posturas de los partidos en relación con la Administración de Justicia. Los representantes de cada partido tendrán la responsabilidad de presentar sus análisis de la situación actual y proponer medidas concretas para su mejora.

Debe tenerse presente que el debate se llevará a cabo en el Colegio de la Abogacía de Madrid y se transmitirá en vivo a través de la web y las redes sociales de Economist & Jurist. Además, se ha abierto la posibilidad de inscribirse para asistir virtualmente al evento. Esta iniciativa demuestra el interés por fomentar la participación ciudadana y brindar acceso a la información relevante sobre la justicia y su progreso.

El bienestar de la sociedad requiere que los ciudadanos entiendan que la Administración de Justicia no solo se limita a los conflictos políticos y a las luchas de poder, sino que tiene un impacto directo en sus vidas y en la sociedad en su conjunto. La justicia es la base de un Estado de Derecho sólido y garantiza la igualdad de todos ante la ley. Los líderes políticos tienen la responsabilidad de promover una mayor conciencia y comprensión sobre la importancia de la justicia, y de trabajar para fortalecer y mejorar el sistema de justicia en beneficio de todos los ciudadanos.