El acuerdo entre jueces y fiscales y el Gobierno: las cuentas pendientes y el cuento de la lechera

El acuerdo firmado entre las asociaciones de jueces y fiscales (salvo una) en el marco de la Mesa de Retribuciones prevista en la Ley 15/2003 ha puesto un punto y seguido a un proceso negociador que empezó hace más de un año y, de hecho, ha significado un punto de inflexión en una dinámica de incumplimiento de la ley que duraba ya dos décadas.

La Mesa de Retribuciones, prevista en la Ley 15/2003 como instrumento de participación directa de jueces y fiscales en la definición de su marco retributivo -y ello con la finalidad declarada de garantizar la independencia económica del Poder Judicial, imprescindible para la salvaguarda de nuestro Estado de Derecho-, no había tenido ningún papel activo en este ámbito desde su creación. En mayo de 2023 se ha roto esa dinámica nefasta: la Mesa ha sido convocada, desde su primera reunión el Gobierno ha propuesto una mejora retributiva real para jueces y fiscales y las reuniones han concluido con la firma de un acuerdo.

La cuantía en que finalmente se materializa la subida salarial es inferior a la esperada por las asociaciones profesionales, pero sigue siendo una mejora inédita en más de una década. La subida representa, además, alrededor de un 9% de aumento para los jueces y fiscales que menos cobran -los peor tratados en sus condiciones profesionales-. Y compensa para ambas Carreras la parte del recorte de retribuciones que sufrimos en 2010 y que aún no habíamos recuperado.

Con todo, lo más importante es que el acuerdo alcanzado establece el marco para que las futuras relaciones entre jueces y fiscales y el Gobierno en materia retributiva se articulen en torno a la Mesa de Retribuciones. Así, el acuerdo prevé que la Mesa se reunirá en mayo de 2024 y anualmente hasta 2028. Y se pacta que se constituyan grupos de trabajo, con presencia del Ministerio de Hacienda, para preparar las propuestas que después serán debatidas en la Mesa.

No hay un listado cerrado de materias que puedan ser abordadas en esos grupos de trabajo, ni en las convocatorias anuales de la Mesa. Tras la firma del acuerdo quedan algunas cuentas pendientes que tratar.

En primer lugar, la subida salarial pactada no cubre en su totalidad la pérdida de poder adquisitivo de jueces y fiscales de las dos últimas décadas.

En segundo lugar, algunos aspectos de nuestras retribuciones requieren de urgente atención, como sucede, por ejemplo, con las guardias, miserablemente retribuidas (menos de 0,50 euros por hora, en algunos casos).

En tercer lugar, el cálculo de los trienios sobre el sueldo de entrada en la Carrera Judicial y no sobre el sueldo del momento del devengo perjudica notablemente a los magistrados más veteranos.

En cuarto lugar, es perentorio el desarrollo del complemento de carrera profesional, previsto en la LOPJ desde 2018, habitual en toda la Administración Pública y que jueces y fiscales aún no percibimos, sin que se sepa muy bien por qué.

En quinto lugar, los grupos de población (determinantes del complemento de destino) están desfasados y, en particular, los grupos IV y V deben desaparecer.

Estas y otras cuestiones (por ejemplo, en materia de jubilación) habrán de ser abordadas en estos próximos años en las sucesivas reuniones de la Mesa.

Hay quien ha criticado duramente el acuerdo, centrando su atención exclusivamente en la insuficiencia del incremento retributivo concedido. Estas críticas responden a una visión miope del contexto en que la Mesa fue convocada y del alcance de lo acordado.

No podemos olvidar que durante el año 2022 el Ministerio de Justicia se mostró reacio a cualquier incremento salarial de carácter general para jueces y fiscales. Durante las conversaciones mantenidas en aquel año, en su primera aproximación seria a una posible mejora retributiva, el Ministerio contemplaba reformas parciales de ciertos conceptos retributivos por un montante aproximado de 18 millones de euros. Y en octubre de 2022 la Mesa de Retribuciones fue desconvocada a los pocos días de haber sido convocada porque, para el Ministerio de Hacienda, una vez pactada una revisión salarial con los sindicatos de la función pública, nada más había que tratar con jueces y fiscales.

La demanda conjunta interpuesta por las asociaciones profesionales a finales de 2022 para obligar al Ministerio de Justicia a convocar la Mesa seguramente influyó para que dicha convocatoria, finalmente, se produjera en mayo de este año. Pero el factor esencial que movió al Gobierno a alterar sus planteamientos del año anterior, poniendo sobre la mesa una cantidad de 46,7 millones de euros para un incremento general para todos los jueces y fiscales, fue, sin duda, el acuerdo firmado con los LAJ para poner fin a la huelga de dos meses que aquellos mantuvieron a comienzos de 2023.

En este contexto, plantear la Mesa de Retribuciones como el escenario plausible de una negociación destinada a recuperar un 10-15% de la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2004 no era una opción realista. Quienes hicieron ese análisis incurrieron en el error descrito en el conocido “cuento de la lechera”. Y sus agrias críticas al acuerdo alcanzado son el producto de su frustración.

También es un error pensar que, puesto que la Mesa no ha sido convocada en más de una década, tampoco lo será a partir de ahora, a pesar de los términos del acuerdo alcanzado. Precisamente porque el incremento retributivo ofrecido es insuficiente, el Gobierno ha ofrecido regularizar el funcionamiento de la Mesa y normalizar el diálogo con jueces y fiscales a través de ella. Se trata de una opción inteligente y, al mismo tiempo, valiente, con un enorme potencial para revertir una situación viciada de incumplimiento sistemático de la Ley 15/2003.

De ahí que el acuerdo, valorado en conjunto, con sus luces y sus sombras, sea lo suficientemente bueno como para representar la única alternativa razonable frente a la opción de iniciar una huelga que habría sido desastrosa para la ciudadanía y para los propios jueces y fiscales.

Quedan muchas cuestiones abiertas, muchas cuentas pendientes que tendrán que ir saldándose en los próximos años si de verdad queremos garantizar la independencia económica del Poder Judicial en España. Pero, aun consciente de las dificultades que inevitablemente surgirán, estoy seguro de que dentro de unos años el mes de mayo de 2023 se percibirá como el momento a partir del cual empezaron a cambiar las cosas. Hará falta inteligencia, capacidad de diálogo y mucho trabajo para que ello sea así. Estamos preparados.