El despropósito de la amnistía como petición de perdón del Estado

En el convulso escenario político que ha caracterizado a España en los últimos años, la cuestión de la independencia de Cataluña se ha erigido como un tema de debate central. Los acontecimientos de 2017, con el referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia por parte del Parlament catalán, desencadenaron una serie de medidas por parte del Estado español para preservar la unidad y la legalidad constitucional. Entre estas medidas, dos de las más controvertidas han sido los indultos a los líderes separatistas condenados y la propuesta de amnistía.

El desenlace de las pasadas elecciones generales en España dejó una sorprendente paradoja. Los partidos que perdieron frente a su rival directo o que obtuvieron menos votos que hace cuatro años fueron los que más celebraron los resultados.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones con 136 diputados, superando al segundo partido más votado, el PSOE del presidente Pedro Sánchez, que obtuvo 122 escaños. Paradójicamente, Sánchez celebró con entusiasmo el hecho de que el bloque de las derechas no alcanzara el número necesario de diputados para formar gobierno. Esto le abrió una puerta para seguir gobernando a pesar de quedar en segundo lugar en términos de votos.

Para reeditar el Gobierno ejecutivo de coalición, Pedro Sánchez depende de los partidos independentistas de Cataluña, cuya máxima aspiración es lograr la independencia de su región y formar un Estado independiente. La paradoja se encuentra en que, a pesar de perder las elecciones, Sánchez sigue teniendo opciones de mantenerse en el poder gracias a las alianzas con los partidos que buscan la independencia de Cataluña y que ahora quieren la amnistía por los hechos que dieron lugar a diversos reproches, como el que supuso la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 459/2019, de 14 de octubre.

La diferencia entre indultos y amnistía es sustancial. Con los indultos, el Estado perdona a los líderes separatistas condenados por su participación en los hechos de 2017, permitiendo su excarcelación y la eliminación de las penas impuestas, gesto que ha sido interpretado por algunos como un intento de reconciliación y búsqueda de una solución política al conflicto. Sin embargo, la amnistía plantea, según lo que se está pudiendo conocer, un enfoque diferente, ya que es el Estado el que pide perdón a los implicados, incluyendo a aquellos que huyeron de la Administración de Justicia de España.

La amnistía, en esencia, borra los delitos cometidos por los secesionistas y los blanquea, como si nunca hubieran ocurrido. Esta postura ha generado una gran controversia en la sociedad española, ya que plantea la cuestión de si es apropiado perdonar a quienes han violado la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Reglamento del Parlament, los derechos de la oposición y de sus conciudadanos. ¿Es legítimo borrar de un plumazo los actos de desobediencia, sedición e incumplimiento de las leyes que han llevado a cabo, incluyendo la malversación de caudales públicos?

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. (Foto: Congreso de los Diputados)

Los críticos de la amnistía argumentan que, al pedir perdón a los secesionistas, se está enviando un mensaje peligroso. Se sugiere que la amnistía podría interpretarse como un incentivo para futuras acciones ilegales con la esperanza de que, en última instancia, el Estado perdonará nuevamente. Esto podría socavar el imperio de la ley y socavar la confianza en las instituciones democráticas.

Por otro lado, los defensores de la amnistía argumentan que es un gesto necesario para la reconciliación y la resolución pacífica del conflicto catalán. Ven la amnistía como una forma de poner fin a la persecución judicial de los líderes independentistas y de permitir que vuelvan a la vida política. Argumentan que esto podría ayudar a calmar las tensiones y allanar el camino para un diálogo constructivo.

Sin embargo, la amnistía plantea cuestiones éticas y jurídicas fundamentales. ¿Es justo perdonar a quienes han quebrantado la ley y han llevado a cabo acciones que amenazan la integridad del Estado y destinan caudales públicos a fines diferentes de los legalmente previstos? ¿Qué mensaje envía esto a los ciudadanos que cumplen con las leyes y esperan que se apliquen las mismas normas para todos?

La situación también plantea interrogantes sobre la equidad. Los funcionarios, abogados, fiscales, jueces, policías y el Rey, que han defendido el orden constitucional, ¿han actuado de forma injusta al llevar a cabo sus responsabilidades de acuerdo con la legalidad vigente? La amnistía podría ser interpretada como una forma de cuestionar la legitimidad de las instituciones y personas que han cumplido su deber en defensa de la Constitución.

En definitiva, la cuestión de la amnistía como petición de perdón del Estado es un tema altamente polarizante y complejo. La reconciliación y la resolución del conflicto en Cataluña pueden ser objetivos dignos de búsqueda, pero el camino para lograrlos con la amnistía ha de ser motivo de un profundo desacuerdo. La sociedad española debe abordar esta cuestión con un enfoque reflexivo y considerando las implicaciones a largo plazo de cualquier decisión que se tome.

La amnistía, como gesto de perdón del Estado, plantea preguntas difíciles y desafiantes sobre justicia, equidad y la fortaleza de las instituciones democráticas en España, aunque debe afirmarse en todo caso que, si hay amnistía a los independentistas catalanes, ello supondrá una rendición del Estado ante el secesionismo catalán al implicar una declaración relativa a que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se equivocó con su Sentencia 459/2019, de 14 de octubre. Asimismo, también supondrá la búsqueda de un referéndum de independencia en Cataluña, sea pactado o no, al señalarse por las Cortes Generales mediante la amnistía, con el impulso dado por el Gobierno de la nación española, que los hechos vinculados con la votación ilegal del día 1 de octubre de 2017 carecen de relevancia penal.